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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la demandada fue creada como una sociedad por acciones de naturaleza pública

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Fecha
2026-09-07
Radicado
25000232600020100014401
Número interno
63086
Ponente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
LUIS GABRIEL NIETO GARCIA, ORLANDO FAJARDO CASTILLO, INARE LTDA, SOCIEDAD SUSERTE S.A
Demandado
EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE MANIZALES, EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la demandada fue creada como una sociedad por acciones de naturaleza pública

Regla de decisión

La contratación de infraestructura de transporte masivo por entidades estatales se sujeta al Estatuto General de Contratación por tratarse de actividades de interés general.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

Las entidades estatales descentralizadas sometidas al régimen de empresa industrial y comercial se sujetan a los principios y reglas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública cuando celebran contratos relacionados con actividades de interés general ajenas al mercado competitivo. El proceso de selección adelantado para contratar el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del sistema de transporte masivo persigue cometidos estatales esenciales. Por consiguiente, la actuación contractual debe regirse por la normativa pública de contratación para garantizar la libre competencia y el cumplimiento de los fines del Estado, apartándose del régimen privado cuando el objeto contractual compromete bienes y servicios de uso público.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El proceso de selección adelantado por TRANSMILENIO S.A. para contratar el mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura del sistema de transporte masivo debía someterse a los principios y reglas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, pese a que la entidad se encuentra sometida al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, por tratarse de una actividad ajena a escenarios de competencia o mercado regulado, vinculada al cumplimiento de cometidos estatales?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 1421 de 1993
  • Ley 1150 de 2007, art. 14
  • Ley 80 de 1993

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Lo que dijo la Sala

La Sala estima necesario precisar el régimen jurídico aplicable al proceso de selección adelantado por la demandada para la contratación del mantenimiento, conservación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura afecta al sistema de transporte masivo, en atención a la controversia suscitada acerca de si dicha actuación debía sujetarse al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública o, al derecho privado, en razón de la naturaleza jurídica de la entidad. En primer término, se observa que la demandada fue creada como una sociedad por acciones de naturaleza pública, integrada exclusivamente por entidades estatales del orden distrital.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS NORMATIVA DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NORMATIVA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOCIEDAD POR ACCIONES ENTIDAD DISTRITAL DESTINO DEL BIEN DE USO PÚBLICO INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTIVIDAD DE INTERÉS GENERAL GARANTÍA DEL PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD DEL ESTADO APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN VIGENCIA DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL OBJETIVO DE LA NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO NULIDAD DEL ACTO PRECONTRACTUAL NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACUMULACIÓN DE ACCIONES ASUNTOS CONCILIABLES SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL REVOCATORIA PARCIAL DE LA SENTENCIA INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN PLIEGO DE CONDICIONES REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES OBLIGACIÓN DEL CONTRATANTE FRENTE AL PLIEGO DE CONDICIONES REQUISITOS HABILITANTES DEL PROPONENTE EXPERIENCIA CONTRACTUAL DEL PROPONENTE EXPERIENCIA ESPECÍFICA CALIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE OBLIGACIONES DEL PROPONENTE CALIFICACIÓN DEL PROPONENTE PUNTAJE ASIGNADO PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CARGO DE NULIDAD CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO ACTIVIDAD PRECONTRACTUAL OBLIGACIONES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL INGENIERO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ETAPA CONTRACTUAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO CONTRATOS DE ECOPETROL TRABAJADOR DE ECOPETROL CONTRATACIÓN CON ENTIDAD PÚBLICA INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES EFICACIA PROBATORIA DEL DICTAMEN PERICIAL VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO VALIDEZ DEL DOCUMENTO CONTRATACIÓN ESTATAL VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES CELEBRACIÓN DE CONTRATO PAGO DEL APORTE PARAFISCAL REMISIÓN DE COPIA DE LA SENTENCIA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN CONSORCIO PROPUESTA MÁS CONVENIENTE OFERTA MÁS FAVORABLE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS EVALUACIÓN DE LA OFERTA DESCALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE INEFICACIA DE LA PRUEBA PERICIAL INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA PERICIAL MEJOR DERECHO DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS INDEMNIZACIÓN POR UTILIDAD ESPERADA UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA ELEMENTOS PARA ESTABLECER LA UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA IRREGULARIDAD EN EL DICTAMEN PERICIAL RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE CÁLCULO DEL LUCRO CESANTE INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE PRESUPUESTO DE GASTOS SISTEMA DE REGLAS DE LA EXPERIENCIA IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL

Guías del tema

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Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Requisitos habilitantes, experiencia y RUP Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 32.509 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS / NORMATIVA DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS / SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NORMATIVA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOCIEDAD POR ACCIONES / ENTIDAD DISTRITAL / DESTINO DEL BIEN DE USO PÚBLICO / INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE / ACTIVIDAD DE INTERÉS GENERAL / GARANTÍA DEL PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA / CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD DEL ESTADO / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / VIGENCIA DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN Problema jurídico: ¿El proceso de selección adelantado por TRANSMILENIO S.A. para contratar el mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura del sistema de transporte masivo debía someterse a los principios y reglas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, pese a que la entidad se encuentra sometida al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, por tratarse de una actividad ajena a escenarios de competencia o mercado regulado, vinculada al cumplimiento de cometidos estatales? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala estima necesario precisar el régimen jurídico aplicable al proceso de selección adelantado por la demandada para la contratación del mantenimiento, conservación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura afecta al sistema de transporte masivo, en atención a la controversia suscitada acerca de si dicha actuación debía sujetarse al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública o, al derecho privado, en razón de la naturaleza jurídica de la entidad. En primer término, se observa que la demandada fue creada como una sociedad por acciones de naturaleza pública, integrada exclusivamente por entidades estatales del orden distrital. El Decreto 1421 de 1993 se limitó a señalar que el Distrito y sus entidades descentralizadas aplicarán la Ley 80 en lo no regulado en dicha norma especial. En efecto, se advierte que el objeto del proceso de selección analizado no estuvo orientado al desarrollo de actividades comerciales o empresariales en condiciones de mercado, sino a garantizar la conservación y adecuada operación de bienes de uso público e infraestructura indispensable para la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros. (…) Ahora, no se desconoce que, para la época de la apertura del proceso (2009), se encontraba vigente el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, norma que dispuso que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las entidades sometidas a dicho régimen contractual desarrollarían su actividad negocial bajo reglas de derecho privado cuando actuaran en mercados monopolísticos o en marcados regulados o en competencia con particulares. A partir de esta disposición podría concluirse que el proceso de selección cuestionado debía someterse íntegramente a las reglas propias del derecho común. Tal entendimiento no puede compartirse. (…) [L]a aplicación del derecho privado quedó condicionada no sólo a la naturaleza de la entidad, sino también a que su actividad contractual se desarrollara en un entorno empresarial competitivo o de mercado regulado o monopolístico. (…) [E]sta actividad no constituye una manifestación de la libertad de empresa ni una operación mercantil en competencia con particulares, sino una actuación vinculada al cumplimiento de cometidos estatales. Esta conclusión resulta consistente, además, con la propia práctica institucional de TRANSMILENIO S.A., cuyo Manual de Contratación reconoce la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 en los procesos de selección que adelanta para la adquisición de bienes, servicios y obras requeridos para el cumplimiento de su objeto misional. (…) Por tanto, la Sala concluye que el proceso de selección adelantado para el mantenimiento de la infraestructura se encontraba sometido a los principios y reglas de la contratación estatal. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el régimen jurídico aplicable al proceso de selección adelantado para la contratación del mantenimiento, conservación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura afecta al sistema de transporte masivo, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de marzo de 2025, exp. 69162, C.P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: DECRETO 1421 DE 1993, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993 PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / OBJETIVO DE LA NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / NULIDAD DEL ACTO PRECONTRACTUAL / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACUMULACIÓN DE ACCIONES / ASUNTOS CONCILIABLES / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / REVOCATORIA PARCIAL DE LA SENTENCIA / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Problema jurídico: ¿La demanda presentada en ejercicio de la acción contractual, mediante la cual se solicitó la nulidad de los actos precontractuales, la nulidad absoluta del contrato y el restablecimiento del derecho, fue interpuesta oportunamente dentro del término de 30 días previsto en el artículo 87 del CCA, pese a que el contrato derivado del acto de adjudicación fue celebrado antes de su vencimiento, teniendo en cuenta que la solicitud de conciliación extrajudicial suspendió el término de caducidad? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 87 del CCA dispuso que los actos proferidos antes de la celebración del contrato serían pasibles de las acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento dentro de los 30 días siguientes a su comunicación, notificación o publicación; sin embargo, una vez celebrado el contrato, su ilegalidad solamente podría invocarse como fundamento de la nulidad absoluta del contrato. (…) [L]a jurisprudencia entendió que la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho estaba sometida de manera estricta al término de caducidad de treinta (30) días fijado por el legislador. Por ello, una vez expirado dicho plazo, la posibilidad de obtener el restablecimiento del derecho o la reparación de los perjuicios quedaba definitivamente extinguida. Lo anterior, por cuanto la acumulación legal de dichas pretensiones a la acción contractual no implicaba la reapertura del término para ejercerlas, dado que esta última no constituía un mecanismo autónomo para reclamar el restablecimiento derivado de la ilegalidad de los actos previos. En contraste, las pretensiones de nulidad no corrían la misma suerte, pues la celebración del contrato habilitaba su examen dentro del medio de control contractual, incluso después de vencido el término previsto para promover la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En el presente asunto, la adjudicación, que se dio en audiencia pública, se produjo el 27 de noviembre del mismo año, a través de la resolución n.° 486, mientras que el contrato se firmó el 24 de diciembre de 2009, es decir, antes del vencimiento de los 30 días de que trata el artículo 87 del CCA (esto ocurrió el 3 de febrero de 2010). De lo anterior se puede concluir que la acción procedente para el 16 de marzo de 2010, cuando se presentó la demanda, era la contractual, toda vez que el contrato ya estaba celebrado, tan es así que se formuló expresamente la pretensión de nulidad absoluta en contra del mismo. La oportunidad para presentarla, con el fin de obtener la anulación de los actos previos y del contrato, así como de las pretensiones de restablecimiento, era el término de 30 días siguientes a la comunicación, notificación o publicación de los actos previos. En tal sentido, se tiene que, conocido el acto de adjudicación en la audiencia pública del 27 de noviembre de 2009, a la cual asistió la actora, dicho término vencía el 3 de febrero de 2010, con independencia de que el contrato se hubiera firmado el 24 de diciembre de 2009, en tanto este hecho lo único que imponía era la acumulación de acciones, como en efecto se hizo. El 2 de febrero de 2010, la parte actora presentó solicitud de conciliación extrajudicial. El presente asunto al ser conciliable estaba sometido al requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial y, por consiguiente, a la suspensión de que trata el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, aplicable a los hechos materia de estudio. (…) [L]os asuntos de carácter particular, de contenido económico y conocidos por esta jurisdicción, entre otras, mediante la acción contractual, como ocurre en el presente asunto, estaban sujetos del trámite de conciliación extrajudicial. Precisado lo anterior, vale recordar que el término para demandar el acto previo aquí enjuiciado vencía el 3 de febrero de 2010. El día anterior, la parte actora presentó la solicitud de conciliación extrajudicial. Dicho trámite finalizó el 16 de marzo de 2010, es decir, dentro de los tres meses de que trataba el artículo 21 de la Ley 640 de 2001. A su vez, la demanda se presentó el último día en mención, es decir, dentro de la oportunidad de los 30 días para pedir la nulidad de los actos previos, la nulidad absoluta del contrato y la indemnización de perjuicios correspondiente. En consecuencia, se revocará la decisión de negar las pretensiones económicas, contenida en el numeral tercero, con el argumento de la caducidad. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la caducidad de la acción de controversias contractuales cuando se demandan actos precontractuales, contractuales y se solicita la nulidad absoluta del contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de julio de 2025, exp. 67344, C.P. María Adriana Marín; sentencia del 13 de noviembre de 2013, exp. 25646, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 70, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 71, LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 21, LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 37 PLIEGO DE CONDICIONES / REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / OBLIGACIÓN DEL CONTRATANTE FRENTE AL PLIEGO DE CONDICIONES / REQUISITOS HABILITANTES DEL PROPONENTE / EXPERIENCIA CONTRACTUAL DEL PROPONENTE / EXPERIENCIA ESPECÍFICA / CALIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE / OBLIGACIONES DEL PROPONENTE / CALIFICACIÓN DEL PROPONENTE / PUNTAJE ASIGNADO Problema jurídico: ¿El pliego de condiciones exigió una experiencia general y específica mínima del director del proyecto y de los ingenieros residentes como requisito habilitante y, simultáneamente, otorgó puntaje por la experiencia específica adicional de esos mismos profesionales como factor de evaluación de la calidad del equipo de trabajo del proponente? Respuesta al problema jurídico: Si En el capítulo tercero se establecieron los requisitos habilitantes y los documentos para acreditarlos. En este aparte, entre los de carácter técnico, se establecieron unos para el proponente (3.3.1. y 3.3.1.1) y otros para su equipo de trabajo (3.3.2). Estos son los cuestionados. (…) En el capítulo 5, el pliego también incorporó el equipo de trabajo como un factor de calificación, denominado como “calidad del equipo de trabajo del proponente”, con un puntaje máximo de 130 de 1.000 posibles. La experiencia específica adicional del director del proyecto otorgaba 8 puntos por año, con un máximo de 80; el puntaje restante, 50, se repartía por igual entre cada ingeniero residente, esto es, 25 puntos, en proporción de dos o tres puntos por año adicional dependiendo de si se trataban de “actividades de mantenimiento de infraestructura” o de “programación de actividades de mantenimiento o programación de actividades de ingeniería”, respectivamente, y “una misma actividad no genera[ba] puntaje simultáneo para los dos exigencias”. En suma, como requisito habilitante, el director del proyecto y el ingeniero residente debían acreditar una experiencia general y una específica mínima. De 12 y 3 años, respectivamente, para el primer profesional, y de 5 y 2, para el segundo. Dichos tiempos se contaban a partir de la expedición de la matrícula profesional, de no ser que la experiencia se acreditara con anterioridad a la vigencia de la Ley 842 de 2003. Estos mismos también fungían como factor de evaluación, es decir, asignaban puntos en la forma explicada en el párrafo precedente. FUENTE FORMAL: LEY 842 DE 2003 PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CARGO DE NULIDAD / EXPERIENCIA CONTRACTUAL DEL PROPONENTE / CALIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE / EXPERIENCIA ESPECÍFICA / CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA / AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO / ACTIVIDAD PRECONTRACTUAL / OBLIGACIONES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / REQUISITOS HABILITANTES DEL PROPONENTE / INGENIERO / PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA / ETAPA CONTRACTUAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONTRATOS DE ECOPETROL / TRABAJADOR DE ECOPETROL / CONTRATACIÓN CON ENTIDAD PÚBLICA / FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES / EFICACIA PROBATORIA DEL DICTAMEN PERICIAL Problema jurídico: ¿El tiempo durante el cual el director del proyecto participó en la etapa precontractual del contrato celebrado entre Konidol y Ecopetrol podía computarse como experiencia específica para efectos de acreditar el requisito previsto en el pliego de condiciones, pese a que las actividades especializadas objeto de dicha experiencia solo podían desarrollarse a partir del inicio de la ejecución contractual? Respuesta al problema jurídico: No La parte demandada sostuvo que la certificación n.° 2 del director del proyecto debía presumirse auténtica, toda vez que no fue tachada de falsa ni se aportaron pruebas que desdijeran lo en ella consignado. Además, se expidió por la contratante, que fue lo único que pidió el pliego, mas no probar la suscripción del contrato con Ecopetrol. En todo caso, el profesional estuvo vinculado desde las tratativas preliminares de dicho acuerdo, por lo que resultaba razonable que se incorporará dicho tiempo. (…) Las partes coincidieron en que la certificación cuestionada está relacionada con el contrato celebrado entre Konidol y Ecopetrol, identificado con el n.° 5202304. Aunque no hubo una tacha formal sobre dicho documento, sí existió una observación que impide, al menos de forma automática, contrario a lo pretendido por la apelante, valorarlo sin más. Justamente, en la determinación de su alcance gira el reproche. El artículo 244 del CGP dispone que la autenticidad se refiere a la certeza sobre la persona que elabora un documento o a quien se le atribuye, luego no concierne a la exactitud de su contenido. Este último aspecto toca a la veracidad, aspecto que debe establecerse con ocasión de la aplicación de los métodos de valoración. (…) En el pliego se exigió una experiencia general y otra específica. La primera no fue definida. No obstante, es posible extraer del numeral 3.3.2 que debía corresponder con el perfil profesional, puesto que se contabilizaba desde el grado o la matrícula profesional, según el caso. La experiencia específica sí tenía una concreción para el director del proyecto (…). [E]l tiempo de la etapa precontractual hacía parte de la experiencia general, en tanto, como lo explicó Konidol, consistió en la asesoría y apoyo profesional que brindó el señor (…) dentro del proyecto que terminaría con la suscripción del contrato con Ecopetrol; sin embargo, no ocurre lo mismo con la experiencia específica. Efectivamente, las actividades exigidas resultaban tan especializadas que difícilmente el apoyo previo a la celebración del contrato, sin desconocer su carácter profesional, podía entenderse como satisfactorio de la experiencia específica solicitada, tal como lo concluyó el perito, ingeniero civil, a quien se le encomendó la revisión de este punto de la evaluación (…). Las anteriores conclusiones resultan atendibles, no sólo porque no fueron objetadas, sino porque provienen de un profesional en la materia, con experiencia en asuntos similares y, además, sus conclusiones son racionales y razonables, en tanto es natural que la experiencia específica imponga una relación particularizada con el cargo y el proyecto de que se trate y, por consiguiente, la iniciación de este último marque la adquisición de la experiencia solicitada. (…) Como se observa, el pliego fue más preciso respecto de las certificaciones exigidas al proponente, hasta el punto de que diferenció la iniciación de la experiencia dependiendo de si se trataba de entidades públicas o no. Aunque no se desconoce que se enjuicia una exigencia del equipo, que tenía una regulación independiente, lo expuesto confirma que la conclusión aquí expuesta resulta ser consistente con este tipo de requisitos. Así, la Sala comparte el entendimiento del juez de primera instancia de que se computara el tiempo desde la iniciación del contrato, en consideración a la naturaleza pública de Ecopetrol. Entonces, como el acta de iniciación del contrato n.° 5202304 es del 6 de enero de 2007, esta fecha debió incorporarse como inicio de la experiencia específica y no el tiempo precontractual en el que estuvo vinculado el profesional en comento. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 244 PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CARGO DE NULIDAD / EXPERIENCIA CONTRACTUAL DEL PROPONENTE / INGENIERO / CALIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE / CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA / AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO / VALIDEZ DEL DOCUMENTO / CONTRATACIÓN ESTATAL / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES / VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / CONTRATACIÓN CON ENTIDAD PÚBLICA / CELEBRACIÓN DE CONTRATO / PAGO DEL APORTE PARAFISCAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / REMISIÓN DE COPIA DE LA SENTENCIA / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Problema jurídico: ¿La certificación aportada por el consorcio adjudicatario acreditaba válidamente la experiencia específica del ingeniero residente, pese a las inconsistencias relativas al contrato que sustentaba dicha experiencia, los períodos de vinculación y los lugares de ejecución, así como a la falta de respaldo de esa información en las demás pruebas obrantes en el proceso? Respuesta al problema jurídico: No [L]o único que pedía el pliego era una certificación de la contratante, que fue lo cumplido, hasta el punto de aportar las planillas de parafiscales, sin que el a quo se hubiera pronunciado sobre esta prueba. Para resolver, la Sala precisa que en el numeral 3.3.2 del pliego se exigió que las certificaciones debían ser expedidas por la entidad o empresa contratante, con la indicación de las labores realizadas. En tal dirección, el documento en estudio dejó en claro que el señor (…) laboró para la unión temporal Hombresolo y Arkopus y que las actividades exigidas, mantenimiento en infraestructura, las realizó en las instalaciones de Telecom Villavicencio. Es un contrasentido afirmar que el profesional en comento trabajó para la referida agrupación y, al mismo tiempo, que nunca ejecutó o trabajó en algún contrato con la aludida empresa de telecomunicaciones, si se tiene en cuenta que las actividades certificadas se desarrollaron en las instalaciones de esta última, en el marco de un contrato identificado como el n.° 71.1.0158.05. No se trata de una cuestión meramente semántica, pues la ejecución de esas actividades imponía que se desarrollaran, precisamente, en Telecom. (…) Lo primero que se advierte es que el contrato n.° 71.1.0158.05 es del 15 de junio de 2015, es decir, de una fecha posterior a las certificadas e, incluso, su ejecución fue en unos departamentos distintos a los de Meta y de Cundinamarca, este último agregado en la respuesta a la observación objeto de estudio. Respecto del último numeral del documento citado (iv), conviene precisar que, según el registro allegado, el señor Bautista Cárdenas mantuvo una vinculación contractual en los términos antes señalados y que, de manera simultánea, sostuvo también una relación laboral a término indefinido con la referida empresa de telecomunicaciones. Sin embargo, los períodos allí reportados no coinciden con los consignados en la certificación de experiencia cuestionada en este proceso. (…) De lo expuesto es claro que el documento cuestionado no tenía respaldo alguno. Además, en el formulario n.° 4, relativo a la capacidad residual de contratación como constructor, la sociedad Hombresolo S.A., integrante del consorcio adjudicatorio, tampoco relacionó el contrato n.° 71.1.0158.05, en conjunto con las inconsistencias ya expuestas, incrementan las dudas sobre la información consignada en la propuesta, hasta el punto que, en el mismo sentido del perito, bien puede concluirse que no era confiable. Finalmente, la certificación del pago de parafiscales del señor (…), aportada con la respuesta a la observación por parte del proponente elegido, se limita a los meses de septiembre y octubre de 2009, es decir, para un periodo diferente del de la certificación en estudio. Por lo tanto, en nada aportan para despejar los reparos encontrados. En conclusión, se impone desestimar el reparo en estudio y confirmar la decisión de nulidad del a quo habida cuenta de las irregularidades en las certificaciones del ingeniero residente (…). En línea con lo conceptuado por el Ministerio Público, se remitirá copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue lo ocurrido con la certificación estudio. RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN / EXPERIENCIA CONTRACTUAL DEL PROPONENTE / CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA / REQUISITOS HABILITANTES DEL PROPONENTE / INGENIERO / FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES / CONSORCIO / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Problema jurídico: ¿Las inconsistencias en las certificaciones de experiencia aportadas por el proponente, cuando recaen sobre requisitos puntuables y le generan un beneficio en la evaluación, configuran la causal de rechazo prevista en el pliego de condiciones, en lugar de producir únicamente la reducción del puntaje asignado, por vulnerar el deber de lealtad y confianza en el proceso de selección? Respuesta al problema jurídico: Si En la apelación de la parte actora se cuestionó que la consecuencia de los defectos en las certificaciones y que determinaron la nulidad de las resoluciones atacadas, tan sólo diera lugar a la reducción de puntos efectuado por el a quo, en tanto se estimó procedente el rechazo de la propuesta por incurrir en inconsistencias. Al respecto, se tiene que en el numeral 5.4.3 del pliego se consignó como causal de rechazo la presentación de “inconsistencias o inconformidades entre la información o documentación allegada por el proponente y lo verificado por la entidad”. Debe recordarse que los dos defectos en las certificaciones (…) se contrajeron a datos imprecisos e inexistencia de estas. La primera porque indicó una fecha que no correspondía al inicio de la experiencia, sino que incluyó la etapa precontractual. La segunda como quiera que no hay evidencias que respalden la certificación. En tal sentido, la Sala ha considerado que tales inconsistencias, tal como aquí lo dispuso el numeral 5.4.3 del pliego, en tanto recaen sobre requisitos puntuables, generan beneficio o provecho para quien incurre en ellas. Por lo tanto, se impone el rechazo de tales, en tanto defraudan la confianza de cara al proceso de selección. (…) Por lo tanto, se imponía el rechazo de la propuesta ganadora. En consecuencia, se confirmará la nulidad del acto previo demandado y del contrato; sin embargo, como las pruebas no dan cuenta del estado ni del balance de dicho acuerdo, la Sala se abstendrá de ordenar restituciones mutuas. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el incumplimiento de requisitos puntuables y el consecuente rechazo de la propuesta, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de junio de 2025, exp. 71525, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez. PROPUESTA MÁS CONVENIENTE / OFERTA MÁS FAVORABLE / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / EVALUACIÓN DE LA OFERTA / DESCALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / PUNTAJE ASIGNADO / INEFICACIA DE LA PRUEBA PERICIAL / INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA PERICIAL / MEJOR DERECHO / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿La configuración de una causal de rechazo respecto de la propuesta adjudicataria, que determinaba su exclusión del proceso de selección y permitía establecer que el consorcio demandante ostentaba el mejor derecho a la adjudicación, daba lugar a declarar la nulidad del acto de adjudicación y del contrato celebrado? Respuesta al problema jurídico: Si De lo expuesto se desprende que el orden de elegibilidad del proceso estuvo encabezado por el Consorcio Konidol-Hombresolo, que obtuvo una calificación final de 985,36 puntos, seguido de la sociedad 2MX Mantenimiento, con 978,21 puntos. En consecuencia, esta última ocupó el segundo lugar en la clasificación de las ofertas. La parte actora aportó el dictamen del ingeniero civil (…) con el fin de establecer si la experiencia acreditada por el director del proyecto y el ingeniero residente de la propuesta seleccionada fue correctamente calificada y, adicionalmente, determinar el orden de elegibilidad en tres escenarios: (i) con el rechazo de la propuesta adjudicataria; (ii) sin tener en cuenta el puntaje asignado al director del proyecto, pero sí el correspondiente al ingeniero residente; y (iii) a la inversa. Sin embargo, la Sala no encuentra mérito suficiente en dicho medio de prueba para sustentar tales conclusiones. En efecto, el primer ejercicio versa sobre una cuestión eminentemente jurídica que corresponde resolver al juez y que ya fue decidida en esta providencia. (…) La ausencia de fuerza demostrativa de ese dictamen no impide determinar las consecuencias derivadas de la ilegal permanencia del Consorcio KonidolHombresolo en el proceso de selección. En efecto, no existe una regla de tarifa legal que obligue al juez, en todos los casos, a rehacer íntegramente la evaluación de las propuestas para establecer si el demandante tenía un mejor derecho a la adjudicación. Tal determinación depende de las particularidades del litigio y de los cargos efectivamente planteados por las partes. En el presente asunto, el debate probatorio y jurídico se concentró en la legalidad de la permanencia en el proceso de selección de la oferta presentada por el Consorcio Konidol-Hombresolo. Por esta razón, la Sala valora el conjunto de los medios de prueba obrantes en el expediente, incluidos los documentos que soportaron la evaluación efectuada por la entidad, con el propósito de establecer las consecuencias jurídicas derivadas de la causal de rechazo cuya configuración ha sido declarada en esta providencia. Desde esa perspectiva, se encuentra acreditado que la propuesta presentada por 2MX Mantenimiento fue habilitada por la entidad y ocupó el segundo lugar en el orden de elegibilidad. Asimismo, durante este litigio no se formularon cuestionamientos concretos respecto de su habilitación, del cumplimiento de las condiciones exigidas en los pliegos o la calificación obtenida. En esas condiciones, una vez excluida la oferta del Consorcio KonidolHombresolo por la configuración de la causal de rechazo analizada, la propuesta de la demandante pasa a ocupar el primer lugar del orden de elegibilidad y, por ende, corresponde reconocer que ostenta el mejor derecho a la adjudicación del contrato. INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN POR UTILIDAD ESPERADA / UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA / ELEMENTOS PARA ESTABLECER LA UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA / INEFICACIA DE LA PRUEBA PERICIAL / INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA PERICIAL / IRREGULARIDAD EN EL DICTAMEN PERICIAL / RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE / CÁLCULO DEL LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / PRESUPUESTO DE GASTOS / SISTEMA DE REGLAS DE LA EXPERIENCIA Problema jurídico: ¿Procede reconocer, con fundamento en las reglas de la experiencia, la utilidad dejada de percibir por el proponente que acreditó el mejor derecho a la adjudicación, cuando el dictamen pericial no demuestra de manera suficiente la cuantía de la utilidad esperada, mediante la aplicación del porcentaje jurisprudencial del 5 % ajustado proporcionalmente al valor de la propuesta frente al presupuesto oficial? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala advierte que el dictamen pericial aportado por la parte actora no ofrece elementos técnicos suficientes para demostrar, con el grado de certeza requerido, la utilidad neta que habría obtenido el consorcio como consecuencia de la ejecución del contrato. Si bien el experto efectuó una reconstrucción económica del negocio y presentó una estimación de ingresos, costos, gastos administrativos, impuestos e imprevistos, las conclusiones alcanzadas no encuentran respaldo suficiente en soportes contables, financieros o empresariales que permitan verificar objetivamente la composición de cada uno de los rubros utilizados en la liquidación. (…) La Sala ha sostenido de manera reiterada que, aunque el perjuicio derivado de la privación ilegal de la adjudicación corresponde al lucro cesante representado en la utilidad dejada de percibir, la prueba de su cuantía debe ofrecer bases objetivas y verificables. Cuando no existe demostración suficiente de la utilidad específica esperada, el juzgador puede acudir a las reglas de la experiencia para determinar razonablemente el monto de la indemnización. En este caso, aun cuando se encuentra acreditado que la parte actora ostentaba el mejor derecho a la adjudicación del contrato, la Sala considera que el dictamen no logra demostrar de manera concluyente que la utilidad neta frustrada ascendiera a la suma de $2.001.000.000. (…) En tales condiciones, la Sala aplicará el criterio jurisprudencial, según el cual, cuando no existe prueba suficiente para determinar la utilidad neta efectivamente esperada, procede reconocerla con fundamento en las reglas de la experiencia una utilidad equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la propuesta en comparación con el presupuesto oficial. Dicho porcentaje ha sido considerado por la jurisprudencia como un parámetro equitativo y razonable para indemnizar el lucro cesante derivado de la privación ilegal de la adjudicación. En consecuencia, la indemnización por concepto de lucro cesante se liquidará tomando como base el cinco por ciento (5%) en la forma arriba explicada, suma que representa la utilidad razonablemente esperada de la ejecución contractual, de conformidad con las reglas jurisprudenciales aplicables al caso concreto. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, por la utilidad esperada por el proponente vencido, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de octubre de 2022, exp. 58363, C.P. María Adriana Marín; sentencia del 11 de mayo de 2022, exp. 65016, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 11 de mayo de 2022, exp. 65016, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL Problema jurídico: ¿Ante la ausencia de temeridad en las actuaciones de las partes, la Sala debe abstenerse de condenar en costas? Respuesta al problema jurídico: Si En atención a lo dispuesto en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, aplicable al presente asunto, dado que no se avizora temeridad en la actuación de las partes, la Sala se abstiene de condenar en costas. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000201000144011100103