Titulación de la relatoría 36.768 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / CONTRATACIÓN ESTATAL / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado es competente para conocer de las controversias contractuales en las que hacen parte entidades estatales?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de primera instancia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA y el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, toda vez que se trata de un contrato celebrado por una entidad pública y, por ende, las controversias suscitadas en torno al mismo son competencia de esta jurisdicción especializada. Lo es así mismo en razón de la cuantía, (…) y que para la época de presentación de la demanda (…), eran susceptibles de acceder a la segunda instancia ante esta Corporación los procesos promovidos en ejercicio de la acción de controversias contractuales cuya cuantía excediera de 500 salarios mínimos legales mensuales. Las pretensiones principales de la demanda estuvieron orientadas a obtener la declaratoria de nulidad de la decisión contenida en el oficio (…), mediante el cual, según la parte actora, se terminó unilateralmente el Contrato (…) y que se condene a la demandada a indemnizar los perjuicios derivados de tal decisión ilegal; y en las pretensiones subsidiarias, se pidió que se declare que se celebró el contrato, que era de agencia comercial, que este fue subrogado en Colombia Telecomunicaciones en las mismas condiciones originales y que el mismo fue incumplido por la entidad demandada, con las pretensiones indemnizatorias consecuenciales. Por lo tanto, resulta evidente la procedencia de la acción de controversias contractuales que fue incoada en el sub-lite -artículo 87 del C.C.A.-, puesto que lo pedido se corresponde con lo que puede ser reclamado a través de este medio de impugnación.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, 129, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 75
CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REGULACIÓN NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES / PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / RÉGIMEN DE TELECOMUNICACIONES / TELECOM / RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / SERVICIO DE TELEFONÍA BÁSICA CONMUTADA / SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
Problema jurídico:
¿La caducidad de la acción de controversias contractuales en eventos en que el contrato no requiere liquidación, debe contarse a partir de la terminación del msimo?
Respuesta al problema jurídico: Si
En cuanto a la oportunidad del ejercicio de la acción de controversias contractuales, se observa que la misma tiene un término de caducidad de dos años, contados a partir de diferentes momentos, dependiendo de las pretensiones elevadas en la demanda. (…) En efecto, la aplicación del referido literal b) del numeral 10 del artículo 136 del C.C.A, conforme al cual el término de caducidad se contará a partir de la terminación del contrato cuando el mismo no sea susceptible de liquidación, obedece al hecho de que el contrato celebrado (…) es un contrato de prestación de servicios de telecomunicaciones a través de la modalidad Centro de Telecomunicaciones desde un S.A.I., (Servicio de atención indirecta S.A.I) que se rige por las normas de derecho privado, las cuales no imponen a las partes la obligación de liquidar los contratos y, en el negocio jurídico objeto de la presente controversia, las partes no la acordaron. El artículo 6 del Decreto 2123 de 1992, dispuso que todos los contratos que la empresa TELECOM celebrara para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, menos el de empréstito, se someterían a las regulaciones del derecho privado y el procedimiento para la formación, celebración, ejecución y terminación de los mismos, estaría sujeto a las disposiciones comerciales y civiles; no obstante, en los contratos de obra pública y suministro, la administración podía pactar cláusulas exorbitantes. A su turno, la Ley 142 de 1994, “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, estableció dentro del ámbito de aplicación de la ley el servicio de telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, DECRETO 2123 DE 1992 - ARTÍCULO 6, LEY 142 DE 1994
CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REGULACIÓN NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES / SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / TELECOM / CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Problema jurídico:
¿La demanda se presentó oportunamente?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta remisión al parágrafo 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 significó, en últimas, el sometimiento -salvo expresas excepciones- de los contratos de las entidades que prestan servicios públicos regidos por la Ley 142 de 1994, a las normas de derecho privado, en lo no regulado expresamente por esta última normatividad, como ha sido reconocido por la jurisprudencia , con la posibilidad de que en tales contratos se incorporen cláusulas exorbitantes, en aquellos casos en los que la correspondiente comisión de regulación ordene su inclusión o la autorice. En virtud de lo expuesto, no cabe duda de que la norma de caducidad de la acción que se debe aplicar en el presente caso, es precisamente el literal b) del numeral 10 del artículo 136 del CCA., es decir, que el término de dos años, debe contarse a partir de la terminación del contrato. (…) [E]n relación con el momento a partir del cual debe contabilizarse el término de caducidad, esto es, a partir de la terminación del contrato, en el presente caso, se observa que, (…) la terminación del contrato SAI (…) se produjo por vencimiento de su plazo, (…) ante la decisión de no prórroga manifestada por Colombia Telecomunicaciones S.A. (…) Como la demanda fue presentada (…), es evidente que la misma fue oportuna, razón por la cual resulta procedente la revocatoria de la sentencia de primera instancia y, en su lugar, el estudio de las pretensiones de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la caducidad de la acción de controversias contractuales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de julio de 2015, rad. 27385, C. P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia del 29 de noviembre de 2017, rad. 40816, C. P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 19 de noviembre de 2015, rad. 42809, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 14 de agosto de 2013, rad. 45191, C. P. Hernán Andrade Rincón, sentencia del 20 de febrero de 2020, rad. 43838, C. P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL B, LEY 142 DE 1994, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 PARÁGRAFO 1
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / SOCIEDAD COLOMBIA TELECOMUNICACIONES / LIQUIDACIÓN DE TELECOM / SUPRESIÓN DE TELECOM / SUBROGACIÓN DEL CONTRATO / SUBROGACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO / SOCIEDAD ANÓNIMA / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Problema jurídico:
¿La Sociedad Colombiana de Telecomunicaciones está legitimada en la causa por pasiva al operar la cesión de contratos una vez fue liquidada Telecom?
Respuesta al problema jurídico: Si
El contrato en torno al cual gira la controversia, fue celebrado (…) por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM, entidad que fue suprimida y liquidada y “(…)”. No obstante, es necesario tener en cuenta que, en el artículo 6º del Decreto 1615 de 2003 “Por el cual se suprime la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom y se ordena su liquidación”, se dispuso que el Gestor del Servicio asumiría los contratos en los que la extinta entidad era parte (…). Mediante Decreto 1616 del 12 de junio de 2003, el gobierno nacional, con el fin de, entre otras cosas, asegurar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones que prestaban la Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM en liquidación y las Teleasociadas en liquidación, creó una entidad para que consolidara e integrara los servicios dispersos a cargo de las entidades suprimidas, la que denominó Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, sociedad anónima prestadora de servicios públicos domiciliarios, vinculada al Ministerio de Comunicaciones que en adelante sería la gestora de los servicios de telecomunicaciones. Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. envió una comunicación a los agentes SAI mediante la cual dio cuenta de la supresión y liquidación de TELECOM, la creación de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de telecomunicaciones y la continuación de la gestión de los que se encontraban a cargo de TELECOM y, por lo tanto, les informó que se había “subrogado” en los contratos celebrados por ellos con aquella entidad, en los siguientes términos (…). De acuerdo con lo anterior, no cabe duda de que se presentó una sustitución de la parte contratante en los contratos SAI celebrados por la extinta TELECOM, a favor de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., en virtud de la cesión que de ellos se produjo (…). En consecuencia, no cabe duda de que la demandada Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., sí está legitimada materialmente por pasiva en el presente proceso.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la liquidación de Telecom y la cesión de contratos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de abril de 2013, rad. 22713, C. P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 15 de julio de 2019, rad. 44835, C. P. Alberto Montaña Plata; sentencia del 15 de julio de 2019, rad. 44835, C. P. Alberto Montaña Plata.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1615 DE 2003 - ARTÍCULO 6, DECRETO 1616 DE 2003
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / CARACTERÍSTICAS DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO / CONCEPTO DE ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO JURÍDICO UNILATERAL / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / INEPTITUD DE LA DEMANDA / INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / FALLO INHIBITORIO POR INEPTITUD DE LA DEMANDA / SENTENCIA INHIBITORIA
Problema jurídico:
¿Al no existir acto administrativo contractual frente al que se pretenda la nulidad mediante la acción de controversias contractuales, lo procedente es declarar la ineptitud sustantiva de la demanda
Respuesta al problema jurídico: Si
Al respecto se observa que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 del C.C.A., la acción de controversias contractuales también procede para la impugnación de los actos administrativos contractuales, caso en el cual se impone, así mismo, el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para la demanda de cualquier acto administrativo, como el contenido en el artículo 138 del C.C.A., conforme al cual cuando se demande uno de estos actos, el mismo se debe individualizar con toda precisión. Como es bien sabido, el acto administrativo es aquella manifestación unilateral de voluntad, expedida por una autoridad estatal o por un particular en ejercicio de la función administrativa, por medio de la cual se crea, modifica o extingue una situación jurídica general o particular y concreta, y que se halla investida de la presunción de legalidad, por lo que goza de ejecutividad y ejecutoriedad, es decir que es obligatoria por sí misma y puede hacerse cumplir directamente por la entidad, aún en contra de la voluntad del administrado. En el presente caso, la demandante adujo que, mediante el oficio demandado, Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., terminó unilateralmente el Contrato S.A.I. (…) No obstante, al revisar el contenido de dicha comunicación, se advierte que, en realidad, la entidad no dio por terminado el vínculo contractual, sino que se limitó a informar que no estaba dispuesta a prorrogarlo, una vez el negocio jurídico culminara por el vencimiento de su plazo. (…) Es claro entonces que, al no contener una decisión unilateral de la entidad demandada en el sentido de poner fin anticipadamente al contrato (…), en realidad el oficio cuya declaratoria de nulidad se pidió en la demanda, no tiene la naturaleza de un acto administrativo que pueda ser impugnado judicialmente ante esta jurisdicción, que tan sólo está llamada a pronunciarse sobre la validez de actos administrativos. Como consecuencia de lo anterior, en relación con la pretensión principal deberá declararse la ineptitud sustantiva de la demanda y, por ende, la Sala se inhibirá para resolverla de fondo en la parte resolutiva de esta providencia, en cuanto el oficio (…) no correspondió a un acto administrativo proferido por la entidad demandada cuya legalidad fuese susceptible de ser analizada por el juez del contrato. Por lo tanto, resulta procedente el estudio de las pretensiones subsidiarias, a lo cual procederá a continuación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la procedencia de la acción de controversias contractuales, cita. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de julio de 2019, rad. 44835, C. P. Alberto Montaña Plata.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, 138
CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL / CONCEPTO DE CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL / SUJETOS DEL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL / REMUNERACIÓN EN EL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL / CONTRATO BILATERAL / CONTRATO ONEROSO / AGENTE COMERCIAL / FUNCIONES DEL AGENTE COMERCIAL / AUTONOMÍA DEL AGENTE COMERCIAL / REMUNERACIÓN DEL AGENTE COMERCIAL / INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL / DERECHO DE RETENCIÓN / DERECHO DE RETENCIÓN EN CONTRATOS DE AGENCIA COMERCIAL / RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE RETENCIÓN / GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS
Problema jurídico:
¿Cuáles son las características del contrato de agencia comercial?
Respuesta al problema jurídico: Si
Este negocio jurídico es un contrato típico, bilateral y oneroso, cuya definición se encuentra en el artículo 1317 del Código de Comercio (…). El estatuto comercial indica que este contrato debe contener la especificación de los poderes o facultades del agente, el ramo sobre el que versen sus actividades, el tiempo de duración de las mismas y el territorio en el que se desarrollarán, y dicho contrato deberá ser inscrito en el registro mercantil, so pena de no ser oponible frente a terceros de buena fe exenta de culpa -art. 1318-. También dispone que el agente tendrá el deber de cumplir el encargo que se le ha confiado al tenor de las instrucciones recibidas, y deberá rendir al empresario las informaciones relativas a las condiciones del mercado en la zona asignada, y las demás que le sean útiles para valorar la conveniencia de cada negocio -art. 1321-. En cuanto a la remuneración del agente, el artículo 1322 dispone que tendrá derecho a la misma aunque el negocio no se lleve a efecto por causas imputables al empresario, o cuando éste lo efectúe directamente y deba ejecutarse en el territorio asignado al agente, o cuando dicho empresario se ponga de acuerdo con la otra parte para no concluir el negocio; y sobre los gastos de la agencia, dispone esta codificación que, salvo estipulación en contrario, el empresario no estará obligado a reembolsarlos al agente, pero serán deducibles como expensas generales del negocio, cuando la remuneración sea un tanto por ciento de las utilidades del mismo -art. 1323-. Igualmente, se contempla la posibilidad de la terminación del contrato por las mismas causas del mandato y aún por cualquiera de las partes, de manera unilateral y por justa causa -arts. 1324 y 1325- y se consagran las consecuencias patrimoniales e indemnizatorias de tal terminación, consagrándose también a favor del agente el derecho de retención y privilegio sobre los bienes o valores del empresario que se hallen en su poder o a su disposición, hasta que se cancele el valor de la indemnización y hasta el monto de la misma -art. 1326-. (…) Se resaltan como características esenciales de esta clase de negocio jurídico, i) su objeto: que corresponde, básicamente, a la promoción o explotación de negocios del agenciado, con miras a conquistar, conservar, ampliar o recuperar clientela para aquel; ii) la independencia del agente: Pues es autónomo y ajeno a la estructura organizacional del empresario y iii) el ánimo de estabilidad o permanencia: en la medida que se refiere a la promoción continua del negocio del agenciado y no a un asunto en particular.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el contrato de agencia comercial, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 10 de septiembre de 2013, rad. 11001-31-03-022-2005-00333-01, M. P. Fernando Giraldo Gutiérrez
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1317, 1318, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326
NATURALEZA DEL CONTRATO ESTATAL / CLASES DE CONTRATO / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES / EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES / AGENTE COMERCIAL
Problema jurídico:
¿El contrato objeto de controversias era de agencia comercial?
Respuesta al problema jurídico: No
En relación con el negocio jurídico objeto de la presente controversia, se observa que en el encabezado su objeto fue identificado como “de prestación de servicios de atención indirecta S.A.I. en Chinauta Cundinamarca” (…) en parte alguna del negocio jurídico celebrado por las partes, se hizo mención a que su naturaleza fuera de agencia comercial, toda vez que fue denominado como de prestación de servicios de atención indirecta, por corresponder a una modalidad implementada por TELECOM para la administración de los servicios de telecomunicaciones -telefonía y telegrafía y Administración de la Telefonía Local- prestados por esta entidad en algunas localidades del país (…). Al respecto, se observa que por Resolución (…) expedida por el presidente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM (…), se reglamentó la creación y supresión de Agencias Indirectas. En las consideraciones, se consignó que para la extensión de los servicios de telecomunicaciones la Empresa requería mantener la modalidad de Agencias Indirectas y que, para el mejor funcionamiento de las mismas, era conveniente la participación más activa de las comunidades servidas, por conducto de entidades locales.
NATURALEZA DEL CONTRATO ESTATAL / NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO / ADMINISTRACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES / MONOPOLIO ESTATAL / CLASES DE MONOPOLIO ESTATAL / UTILIZACIÓN DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO / EXPLOTACIÓN DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO / AGENTE COMERCIAL / ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿El contrato celebrado por las partes fue de prestación de servicios de telecomunicaciones?
Respuesta al problema jurídico: Si
En la presente ocasión, la Sala estima que la naturaleza jurídica del contrato celebrado entre TELECOM y Nassquin Ltda. para la prestación del Servicio de Atención Indirecta S.A.I. en el municipio de Chinauta-Cundinamarca, no corresponde al de una agencia comercial, en tanto, tal y como lo explicó la Subsección C en las providencias citadas, no reúne todos los elementos esenciales del referido negocio jurídico. En efecto, del texto mismo del Contrato (…), se desprende que TELECOM le encargó a la contratista la administración del establecimiento de comercio de aquel en el municipio de Chinauta, mediante la prestación de los servicios de telecomunicaciones que dicha entidad venía brindando en la referida localidad, en un inmueble de su propiedad, que se puso a disposición de la contratista, y con el suministro de los equipos y elementos necesarios para la debida prestación del servicio, a cambio de una remuneración fijada por la misma entidad. (…) En tal sentido, no se puede afirmar que la contratista fuera una comerciante totalmente independiente y autónoma, que se encargaba de conquistar, conservar, ampliar o recuperar la clientela para TELECOM, puesto que sus funciones se limitaban a prestar el servicio de telecomunicaciones que le fuera demandado por los usuarios, en un inmueble de propiedad de TELECOM, identificado como tal, y con los equipos entregados por la entidad para tal fin, bajo su dirección y orientación y con apego a la reglamentación estatal del servicio, que hacía parte del contrato celebrado. (…) [D]esde su creación en 1947 hasta 1998, TELECOM ejerció un monopolio que, en principio, fue creado mediante la Ley 198 de 1936, cuando se estableció la titularidad estatal sobre el espectro electromagnético, por lo que se requería que las personas naturales y jurídicas obtuvieran una concesión del Estado para la prestación de servicios de telecomunicaciones. (…) En las anteriores condiciones, considera la Sala que, tal y como lo reconoció la Subsección C en pasada ocasión, el contrato S.A.I. dio lugar al surgimiento de una agencia, es decir un establecimiento comercial administrado por la contratista, más no constituyó en sí mismo un contrato de agencia comercial, con todas las características establecidas por el Código de Comercio para esta clase de negocios jurídicos. Esto, por cuanto de los tres elementos esenciales distinguidos para esa clase de contratos , sólo se configura, con exactitud, el ánimo de permanencia del negocio jurídico. En consecuencia, las pretensiones subsidiarias de la demanda, referidas a que se declare que el contrato objeto de la controversia fue de agencia comercial y las consecuenciales, tendientes a que se reconozca y condene a la entidad demandada a pagar a la demandante las prestaciones propias de esta clase de contratos, no están llamadas a prosperar y, por lo tanto, serán denegadas.
NOTA DE RELATORÍA:
En relación con estos contratos del Sistema de Atención Indirecta S.A.I. de TELECOM, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de noviembre de 2015, rad. 52423, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia del 15 de julio de 2019, rad. 44835, C. P. Alberto Montaña Plata; sentencia del 2 de agosto de 2019, rad. 42648, C. P. Alberto Montaña Plata.
FUENTE FORMAL:
LEY 198 DE 1936
FACULTADES DEL GOBIERNO / EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES / PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA BÁSICA CONMUTADA / TELECOM / MONOPOLIO ESTATAL / FUNCIÓN PÚBLICA POR PARTICULARES / SERVICIO DE VALOR AGREGADO / RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
Problema jurídico:
¿Con la expedición de la Constitución Política de 1991 se inició el proceso de privatización de los servicios de telecomunicaciones?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Ley 6 de 1943, entre otras cosas, autorizó al Gobierno Nacional para adquirir las empresas de telecomunicaciones existentes en el país, a fin de nacionalizar estos servicios -art. 2º-, y para organizar una empresa que tuviera por objeto la unificación en la prestación de los servicios telefónicos y radiotelegráficos, empresa en la cual el Gobierno debería conservar el control de la dirección -art. 3º, siendo esta la norma que precedió a la creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM, que se produjo en 1947, a través del Decreto 1684 de ese año, que, finalmente, concretó el monopolio de las telecomunicaciones en cabeza del Estado, pues de un lado, TELECOM tenía la exclusividad de la prestación del servicio de larga distancia nacional e internacional y también ofrecía los servicios de telefonía rural y local en algunas ciudades, además de los servicios de telegrafía y telex, y de otro lado, estaban las empresas municipales, que también prestaban el servicio de telefonía local. Sólo hasta 1990, mediante la expedición del Decreto 1900, se estableció que el servicio de telecomunicaciones podía ser prestado por operadores privados, quienes podrían ingresar al mercado mediante la prestación de “servicios de valor agregado” (…). Fue así como se inició el proceso de privatización de los servicios de telecomunicaciones en el país, rompiéndose poco a poco el monopolio de TELECOM, lo que se vio reforzado con la expedición de la Constitución Política de 1991, en cuyo artículo 336 se dispuso que ningún monopolio podría establecerse sino como arbitrio rentístico (…). A su vez, el artículo 365 de la Carta dispuso que los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley y podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. Como consecuencia de lo anterior y para dar cumplimiento al mandato constitucional, se expidió la Ley 142 de 1994, que reguló el régimen de los servicios públicos domiciliarios, la cual estableció la posibilidad de que tales servicios fueran prestados por empresas de servicios públicos (ESP) estatales, empresas privadas o empresas mixtas. En el caso de las telecomunicaciones, la ley se refirió a la telefonía pública básica conmutada y telefonía local móvil en el área rural. Finalmente, mediante Decreto 2542 del 16 de octubre de 1997, el Gobierno Nacional reglamentó el proceso de concesión de licencias para el establecimiento de operadores del servicio de Telefonía Pública Básica conmutada de Larga Distancia.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 365, DECRETO 1684 DE 1947, DECRETO 1900 DE 1990, DECRETO 2542 DE 1997, LEY 142 DE 1994, LEY 6 DE 1943 - ARTÍCULO 2, 3
VALIDEZ DEL CONTRATO / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO / OBLIGACIONES DEL CONTRATO ESTATAL / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / DEBERES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / PARTES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / CASO FORTUITO / IMPREVISIBILIDAD DEL CASO FORTUITO / IRRESISTIBILIDAD DEL CASO FORTUITO / CARACTERÍSTICAS DEL CASO FORTUITO / FUERZA MAYOR / IMPREVISIBILIDAD DE LA FUERZA MAYOR / IRRESISTIBILIDAD DE LA FUERZA MAYOR / CARACTERÍSTICAS DE LA FUERZA MAYOR
Problema jurídico:
¿Las partes del contrato pueden eximirse de responsabilidad en caso de incumplimiento de sus obligaciones, alegando caso fortuito o fuerza mayor?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según lo dispuesto por el artículo 1602 del C.C., todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Esta norma consagra la fuerza obligatoria que se desprende del negocio jurídico para quienes lo celebran, pues por este hecho son impelidos a ejecutar las prestaciones a las que se comprometieron, en la forma plasmada en el acuerdo de voluntades, de buena fe y con observancia de todas las cosas que se desprenden de la naturaleza de la obligación o que por ley le pertenece -art. 1603, C.C.-. (…) [S]i bien en principio los contratos deben ejecutarse en los términos pactados so pena de responder por los perjuicios derivados de su incumplimiento, la ley contempla situaciones en las que, en vista de la imposibilidad de cumplir, se puede exonerar de responsabilidad al contratista, puesto que a lo imposible nadie está obligado. Así, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 del C.C., se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. Es claro entonces, que las dos características esenciales de este eximente de responsabilidad del contratista, que no cumplió la obligación a su cargo, son la imprevisibilidad e irresistibilidad del hecho, el cual debe ser, además, externo y ajeno a quien lo alega.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los eximentes de responsabilidad en la contratación estatal, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de junio de 2011, rad. 19548, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia del 16 de julio de 2021, rad. 48427, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 64, 1602, 1603
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / IMPUTACIÓN DEL PAGO EN EL CONTRATO ESTATAL / CUENTA DE COBRO / PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO POR CONTRATO ESTATAL / PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO / FACTURA DE SERVICIOS / DOCUMENTO / LIQUIDACIÓN DE TELECOM / CESIÓN DEL CONTRATO / SOCIEDAD COLOMBIA TELECOMUNICACIONES / ESTADO DE EMERGENCIA / INEXISTENCIA DE LA FUERZA MAYOR
Problema jurídico:
¿Se acreditó la alegada fuerza mayor esgrimida por la entidad demandada como justificación de los incumplimientos de sus obligaciones?
Respuesta al problema jurídico: Si
La entidad demandada no negó que hubiera incumplido con las obligaciones a las que aludió el demandante, de entregar oportunamente los documentos necesarios para que aquel pudiera presentar sus cuentas de cobro y luego, de pagar, también a tiempo, las cuentas presentadas. La defensa consistió en alegar la existencia de una fuerza mayor, por las razones expuestas en la contestación de la demanda y reiteradas a lo largo del proceso. Sobre los motivos aducidos por la demandada, observa la Sala que, en el plenario, está acreditado que el Ministro de Comunicaciones mediante Resolución No. 000879 del 13 de junio de 2003, declaró la “Situación de Gravedad Inminente en materia de Telecomunicaciones” (…). En el presente caso, no resulta admisible la alegada fuerza mayor esgrimida por la entidad demandada como justificación de los incumplimientos en los que incurrió respecto de sus obligaciones contractuales surgidas del Contrato SAI objeto de la presente controversia, toda vez que, si bien se dio la circunstancia de la liquidación de TELECOM y la transmisión de su posición contractual en favor de Colombia Telecomunicaciones, este solo hecho no justifica las abstenciones en las que esta última incurrió respecto de los deberes contractuales surgidos a su cargo del negocio jurídico en cuestión. Es cierto que se presentaron hechos que condujeron a tomar medidas encaminadas a garantizar la continua prestación del servicio público a cargo de TELECOM y, posteriormente, de Colombia Telecomunicaciones, como el cierre de oficinas y la suspensión de la atención al público; pero una vez superadas las circunstancias que justificaron tales medidas, se advierte que, (…) cuando esta última entidad resolvió levantar la suspensión de términos, fueron sus propias decisiones y omisiones, y no un hecho externo, imprevisible e insuperable, lo que impidió el pago oportuno de las contraprestaciones a favor de la demandante, pues las cuestiones administrativas que al interior de la entidad se presentaron, en relación con el manejo de la información para proceder al reconocimiento y pago de lo debido a su contratista, no le eran oponibles a ésta ni, por lo tanto, sirven de justificación para exonerar a la entidad contratante de sus obligaciones legalmente contraídas ni de la responsabilidad que le incumbe por su incumplimiento.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / IMPUTACIÓN DEL PAGO EN EL CONTRATO ESTATAL / PAGO TARDÍO / MORA EN EL PAGO / CAUSACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO
Problema jurídico:
¿Se configuró una mora en el pago de las cuentas de cobro?
Respuesta al problema jurídico: Si
Para la Sala no cabe duda de que los pagos efectuados a favor de Nassquin Ltda., no se produjeron dentro de los términos anunciados en el contrato y sus anexos, pues transcurrieron largos lapsos entre los periodos objeto de reconocimiento y pago y la fecha en la que éste se produjo, por lo que, en principio, habría lugar a reconocer la existencia de mora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la parte demandada y, por lo tanto, al reconocimiento de los perjuicios que la misma le ocasionó a la contratista, constituídos por los intereses moratorios correspondientes.
INDEMNIZACIÓN AL CONTRATISTA / PERJUICIO MATERIAL / PRUEBA DEL PERJUICIO MATERIAL / INTERÉS MORATORIO POR NO PAGO OPORTUNO / CÁLCULO DE LOS PERJUICIOS / DICTAMEN PERICIAL / REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / FORMA DE RENDIR EL DICTAMEN PERICIAL / FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / CARENCIA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL / IRREGULARIDAD EN EL DICTAMEN PERICIAL
Problema jurídico:
¿Cuáles son las características que debe tener el dictamen pericial para su valoración probatoria y pertinencia?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el plenario, se practicó un dictamen pericial por parte de un contador público cuyo objeto fue determinar el monto de los perjuicios sufridos por la parte actora (…). En relación con los intereses moratorios sobre el valor de las participaciones que por concepto de Administración de Telefonía Local fueron pagadas en forma tardía, el perito efectuó el cálculo (…). [N]o existe certeza sobre este aspecto, que resulta indispensable para la comprobación de la existencia y extensión de la mora en la que incurrió la entidad demandada respecto de los pagos a su cargo, ni se le puede otorgar valor probatorio sobre este aspecto al dictamen pericial practicado, puesto que partió de conjeturas y suposiciones, más no de hechos reales y comprobados. La ley procesal indica que el dictamen pericial debe ser claro, preciso y detallado y que en él se deben explicar los exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, así como los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones -numeral 6 del artículo 237 del C.P.C.-. De igual manera, es claro que el juez no está atado a lo que dictamine el auxiliar de la justicia, puesto que le corresponde, al apreciar la prueba pericial, verificar la firmeza, precisión y claridad de sus fundamentos, así como los demás elementos probatorios que obren en el plenario -artículo 241, C.P.C.-.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 237, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 241
INDEMNIZACIÓN AL CONTRATISTA / PAGO TARDÍO / INTERÉS MORATORIO POR NO PAGO OPORTUNO / FACTURA / INTERÉS MORATORIO / NORMA DE DERECHO PRIVADO
Problema jurídico:
¿El interés moratorio, cuando las partes no han pactado uno distinto, será equivalente a una y media veces del bancario corriente?
Respuesta al problema jurídico: Si
Para efectos de determinar la mora que se le imputó a la entidad demandada respecto de su obligación de pago de la contraprestación a favor de la demandante por concepto de la Administración de la Telefonía Local en el municipio de Chinauta, resulta necesario establecer, con fundamento en lo realmente probado, la fecha de presentación de las facturas, con el cumplimiento de todos los requisitos, así como la fecha del pago efectivo por parte de la entidad demandada. (…) [S]e observa que, a excepción de las Facturas de Venta (…), todas las demás fueron pagadas menos de 30 días después de su presentación, de conformidad con lo que se encontró efectivamente probado en el plenario, término que, a falta de estipulación expresa en el contrato sobre el plazo para el pago de las facturas presentadas en debida forma, la Sala considera prudencial. (…) [P]ara la Sala no cabe duda de la mora que se presentó en relación con el pago (…) de la factura de Venta No. 084, (…) sí resulta procedente la condena a la indemnización de perjuicios por este pago tardío, mediante el reconocimiento de los respectivos intereses moratorios (…). En cuanto al cálculo del interés moratorio, resulta necesario advertir que, tal y como ya se estableció en otro acápite de la presente providencia, el contrato objeto de la presente controversia se regía por las normas del derecho privado y, por lo tanto, le resulta aplicable el artículo 884 del C. de Co., conforme al cual el interés moratorio, cuando las partes no han pactado uno distinto, será equivalente a una y media veces del bancario corriente, razón por la cual será con base en esta disposición que se efectuará el referido cálculo en el presente caso, como se observa a continuación.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 884