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Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: la sentencia negó la nulidad de los actos administrativos que impusieron una multa

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Fecha
2025-04-22
Radicado
25000232600020040042601
Número interno
58434
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA Y UNION TEMPORAL OBRAS VIALES
Demandado
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU.

Síntesis de la providencia

Salvamento de voto: la sentencia negó la nulidad de los actos administrativos que impusieron una multa

Regla de decisión

La negativa de nulidad de actos que imponen multas debe guardar coherencia con el análisis sobre la caducidad del contrato estatal.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El juez contencioso administrativo aplica de manera uniforme los fundamentos jurídicos sobre competencia temporal al resolver simultáneamente sobre la legalidad de los actos sancionatorios y de la caducidad contractual. En este salvamento de voto se discrepa abiertamente de la decisión plenaria de declarar la nulidad de las resoluciones de caducidad del contrato de obra pública, argumentando con firmeza que el mismo fundamento jurídico empleado para negar la nulidad de los actos que impusieron multas al contratista debió conducir lógicamente a desestimar la pretensión anulatoria sin aplicar de forma retroactiva cambios jurisprudenciales sobre competencias administrativas.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El mismo fundamento por el cual la Sala negó la nulidad de los actos administrativos que impusieron una multa al contratista, debió conducir en la sentencia a desestimar la pretensión de anular las resoluciones mediante las cuales se declaró la caducidad del contrato de obra pública, dado que ello implicó una diferencia de trato en cuanto a la aplicación retroactiva del cambio jurisprudencial adoptado por esta Corporación?

Respuesta: Si

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Lo que dijo la Sala

Manifiesto mi disenso frente a la decisión de declarar la nulidad de las Resoluciones 1308 del 16 de mayo de 2001 y 815 del 8 de marzo de 2002, mediante las cuales se declaró y confirmó, respectivamente, la caducidad del Contrato IDU-UEL-7-8-805-899 de 1999. Esta discrepancia me lleva, a su vez, a apartarme de las decisiones adoptadas en los numerales segundo a quinto de la parte resolutiva: (i) la nulidad de las Resoluciones 2433 del 19 de diciembre de 2002 y 6230 del 11 de agosto de 2003, por las cuales el contrato fue liquidado unilateralmente; (ii) la decisión de que el IDU no podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento; (iii) la orden de cancelar el reporte de la caducidad en el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes de los integrantes de la unión temporal; y (iv) la condena al IDU al pago de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, derivados de la declaratoria de caducidad.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Caducidad de la acción contractual Multas y cláusula penal Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal

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Titulación de la relatoría 5.895 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

SALVAMENTO DE VOTO / CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / DECLARATORIA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA TEMPORAL / FALTA DE COMPETENCIA TEMPORAL / COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL PARA ADOPTAR DECISIÓN CONTRACTUAL / COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / CAMBIO DE JURISPRUDENCIA / APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA JURISPRUDENCIA / RETROACTIVIDAD DE LA SENTENCIA / MULTA / COMPETENCIA PARA IMPONER MULTAS UNILATERALMENTE / IMPOSICIÓN DE LA MULTA Problema jurídico: ¿El mismo fundamento por el cual la Sala negó la nulidad de los actos administrativos que impusieron una multa al contratista, debió conducir en la sentencia a desestimar la pretensión de anular las resoluciones mediante las cuales se declaró la caducidad del contrato de obra pública, dado que ello implicó una diferencia de trato en cuanto a la aplicación retroactiva del cambio jurisprudencial adoptado por esta Corporación? Respuesta al problema jurídico: Si [M]anifiesto mi disenso frente a la decisión de declarar la nulidad de las Resoluciones 1308 del 16 de mayo de 2001 y 815 del 8 de marzo de 2002, mediante las cuales se declaró y confirmó, respectivamente, la caducidad del Contrato IDU-UEL-7-8-805-899 de 1999. Esta discrepancia me lleva, a su vez, a apartarme de las decisiones adoptadas en los numerales segundo a quinto de la parte resolutiva: (i) la nulidad de las Resoluciones 2433 del 19 de diciembre de 2002 y 6230 del 11 de agosto de 2003, por las cuales el contrato fue liquidado unilateralmente; (ii) la decisión de que el IDU no podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento; (iii) la orden de cancelar el reporte de la caducidad en el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes de los integrantes de la unión temporal; y (iv) la condena al IDU al pago de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, derivados de la declaratoria de caducidad. La razón de mi discrepancia radica en que el mismo fundamento por el cual la Sala negó la nulidad de los actos administrativos que impusieron una multa al contratista debió conducir a desestimar la pretensión de anular las resoluciones mediante las cuales esa misma entidad declaró la caducidad del contrato de obra pública. La sentencia negó la nulidad de los actos administrativos que impusieron una multa porque el cambio jurisprudencial introducido en el año 2005, según el cual las entidades sometidas al EGCAP —antes de la Ley 1150 de 2007— no estaban habilitadas para imponerlas unilateralmente mediante acto administrativo, ocurrió con posterioridad a la expedición de los actos acusados y no podía aplicarse retroactivamente. Por ello, desestimó el cargo de nulidad por incompetencia de la entidad estatal (...). Comparto y he sido promotor de esta postura, en cuanto limita la aplicación retroactiva de los cambios jurisprudenciales cuando estos implican una modificación en la delimitación de competencias administrativas y, en última instancia, comprometen una institución fundamental de la actividad de la Administración Pública, como lo es la presunción de legalidad de sus actos. Como bien lo señala la sentencia, esta posición ya había sido acogida por la Subsección en una decisión anterior —también relacionada con el IDU— (...). A mi juicio, con base en esta misma premisa jurídica, la consistencia lógica que debe presidir toda decisión judicial imponía que se desestimara la pretensión de nulidad del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato estatal. Esto se debe a que —al igual que en el caso de la imposición de la multa— la Resolución 1308 del 16 de mayo de 2001 fue expedida en un momento en que la jurisprudencia admitía que la declaratoria de caducidad podía adoptarse dentro de la “vigencia del contrato”; es decir, una vez vencido el plazo de ejecución, pero antes de su liquidación. Esta postura solo empezó a ser abandonada de forma progresiva a partir de algunos pronunciamientos del año 2008 y de manera definitiva en la sentencia de unificación proferida el 12 de julio de 2012. (...) Comparto y acato la tesis según la cual la caducidad del contrato estatal solo puede declararse durante el plazo de ejecución, mas no en la etapa posterior de liquidación. Esta interpretación es la que mejor se ajusta a la teleología de la institución, concebida —al igual que las demás facultades excepcionales al derecho común— para evitar la paralización de las obras o la afectación grave de los servicios públicos, asegurando así su prestación inmediata, continua y adecuada. Sin embargo, coincidir con esta interpretación —que también acogió la Sala— no era lo determinante para resolver la pretensión de nulidad. Lo realmente importante era decidir el litigio sin aplicar retroactivamente el cambio jurisprudencial, como sí se hizo frente a los actos que impusieron la multa, pero no frente al que declaró la caducidad, sin que se ofreciera una razón jurídicamente atendible que justificara esta diferencia de trato. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la aplicación retroactiva de los cambios jurisprudenciales cuando estos implican una modificación en la delimitación de competencias administrativas, consultar providencias de 5 de marzo de 2021, Exp. 25000-23-26-000-2001-00066-01(39249), C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Acerca de la facultad temporal para la declaratoria de caducidad del contrato estatal, consultar providencias de 20 de noviembre de 2008, Exp. 05001-23-26-000-1992-01369-01(17031), C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 12 de julio de 2012, Exp. 85001-23-31-000-1995-00174-01(15024), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000200400426011100103