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Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: el régimen de los servicios públicos domiciliarios no es una excepción al EGCAP

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Fecha
2026-07-06
Radicado
13001233300020150082801
Número interno
74117
Ponente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
MAF INGENIERÍA LTDA., WILLIAM JESUS CONTO RAMOS, CONSORCIO SIMITÍ 2011
Demandado
AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P

Síntesis de la providencia

Aclaración de voto: el régimen de los servicios públicos domiciliarios no es una excepción al EGCAP

Regla de decisión

La remisión al derecho civil y comercial en servicios públicos opera como componente de un sistema normativo especial y autónomo.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El magistrado aclara su voto para precisar que la remisión de la Ley 142 de 1994 al derecho civil y comercial no implica la exclusión de las particularidades del régimen especial de los servicios públicos domiciliarios. En distintos apartes de la providencia, el marco jurídico del contrato AB-OC003-2011 se describe como simplemente sujeto a los Códigos Civil y de Comercio o a la legislación civil y mercantil, y aunque esa afirmación no es equivocada en un plano descriptivo general, presentada de manera aislada no expresa la estructura completa del régimen aplicable ni permite advertir que el derecho privado opera como componente de un sistema normativo especial, y no como un sustituto puro y simple de él, conservando las potestades convencionales y los límites derivados de la buena fe y la especialidad de los servicios públicos.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La remisión de la Ley 142 de 1994 al derecho civil y comercial permite concluir, por sí sola, que el contrato AB-OC003-2011 está sometido exclusivamente al derecho privado y excluye la necesidad de analizar las potestades excepcionales y demás particularidades del régimen especial de los servicios públicos domiciliarios?

Respuesta: No

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Lo que dijo la Sala

En distintos apartes de la providencia, el marco jurídico del contrato AB-OC003-2011 se describe como simplemente sujeto a los Códigos Civil y de Comercio o, en términos generales, a la legislación civil y mercantil. Esa afirmación no es equivocada en un plano descriptivo general, pues la Ley 142 de 1994 remite como regla general al derecho común para los actos y contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, pero presentada de manera aislada, esa fórmula no alcanza a expresar la estructura completa del régimen aplicable, ni permite advertir con suficiencia que el derecho privado opera en este campo como componente de un sistema normativo especial, y no como un sustituto puro y simple de él.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

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Titulación de la relatoría 11.497 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACLARACIÓN DE VOTO / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / NORMATIVA DEL CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / REMISIÓN DE LA NORMA / RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Problema jurídico: ¿La remisión de la Ley 142 de 1994 al derecho civil y comercial permite concluir, por sí sola, que el contrato AB-OC003-2011 está sometido exclusivamente al derecho privado y excluye la necesidad de analizar las potestades excepcionales y demás particularidades del régimen especial de los servicios públicos domiciliarios? Respuesta al problema jurídico: No En distintos apartes de la providencia, el marco jurídico del contrato AB-OC003-2011 se describe como simplemente sujeto a los Códigos Civil y de Comercio o, en términos generales, a la legislación civil y mercantil. Esa afirmación no es equivocada en un plano descriptivo general, pues la Ley 142 de 1994 remite como regla general al derecho común para los actos y contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, pero presentada de manera aislada, esa fórmula no alcanza a expresar la estructura completa del régimen aplicable, ni permite advertir con suficiencia que el derecho privado opera en este campo como componente de un sistema normativo especial, y no como un sustituto puro y simple de él. El régimen de los servicios públicos domiciliarios no es una excepción al EGCAP, sino que corresponde a un régimen autónomo, definido por la Constitución y la ley en función de la prestación eficiente del servicio, la libertad de empresa, la libre competencia, la prohibición del abuso de posición dominante, la regulación, el control, la vigilancia y la intervención estatal. Su centro de gravedad no está en la naturaleza orgánica del prestador, sino en la actividad que desarrolla y en los fines constitucionales comprometidos con la prestación continua, eficiente y de calidad de los servicios públicos. De ahí que la remisión al derecho civil y comercial no pueda ser entendida como una simple privatización de la actividad contractual. El derecho común se integra a un régimen que conserva densidad constitucional y legal propia, y que se interpreta a partir de los principios previstos en la Ley 142 de 1994. Por ello, el fundamento por el cual las determinaciones unilaterales adoptadas por las empresas prestadoras no constituyen actos administrativos no reside únicamente en que el contrato esté sometido a los Códigos Civil y de Comercio, sino en que el legislador diseñó para los prestadores de servicios públicos domiciliarios una dogmática contractual especial, en la cual la regla es la actuación negocial y la excepción es el ejercicio de potestades públicas expresamente conferidas por la ley. (...) Bajo esa comprensión, estimo que el descarte de la aplicación plena del EGCAP debía acompañarse de un examen expreso, así fuera sumario, de las hipótesis excepcionales en las que la Ley 142 de 1994 sí admite la incorporación de cláusulas excepcionales o la expedición de actos administrativos. La providencia se ocupa de descartar la hipótesis relativa al gestor dentro de un Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento, lo cual resultaba pertinente para el caso concreto, pero ese análisis no agota el catálogo normativo que integra la especialidad del régimen. FUENTE FORMAL: LEY 142 DE 1994 ACLARACIÓN DE VOTO / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REMISIÓN DE LA NORMA / CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD Problema jurídico: ¿La remisión contractual al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública modifica la naturaleza jurídica de los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios y convierte las facultades unilaterales pactadas en potestades administrativas? Respuesta al problema jurídico: No En la misma línea, aclaro mi voto frente al alcance que puede darse a las remisiones contractuales a la Ley 80 de 1993, a la Ley 1150 de 2007 o a sus decretos reglamentarios. En los contratos celebrados por prestadores de servicios públicos domiciliarios, una remisión de esa naturaleza debe ser interpretada con cautela y de manera restrictiva. Tal remisión puede operar como incorporación convencional de reglas procedimentales, términos, fases o parámetros de conducta; sin embargo, cuando de ella se pretenda derivar el ejercicio de una facultad unilateral, la estipulación debe ser clara, expresa e inequívoca, y no puede convertirse en fuente autónoma de prerrogativas públicas ni en vía para importar, de manera general, potestades administrativas que sólo pueden provenir de habilitación legal. La autonomía de la voluntad permite que las partes pacten facultades unilaterales de derecho privado y establezcan el procedimiento para su ejercicio, como también permite que tomen como referente normas preexistentes para disciplinar etapas contractuales, audiencias, comunicaciones, recursos convencionales o mecanismos de contradicción. Sin embargo, esa incorporación conserva una naturaleza negocial, es decir, obliga porque fue pactada, no porque transforme al prestador en autoridad administrativa frente a su contratista. Por tanto, la referencia contractual al EGCAP no puede alterar la naturaleza jurídica del vínculo, ni convertir en actos administrativos las decisiones que se profieran en desarrollo de una relación gobernada por el régimen especial de los servicios públicos domiciliarios. De este matiz se desprende que mi discrepancia no recae sobre la consecuencia adoptada por la Sala. Comparto que las Resoluciones 087 de 2013 y 025 de 2014 debían quedar sin efectos, pues la empresa prestadora declaró el incumplimiento contractual con fundamento en un reproche —la no ampliación de las garantías con ocasión del adicional núm. 7— que no fue trasladado previamente al contratista en la citación correspondiente, de modo que este no contó con una oportunidad real y previa para ejercer contradicción frente a ese cargo específico. Lo que aclaro es que esa conclusión podía y debía fundarse, principalmente, en el ejercicio defectuoso de una facultad unilateral contractual, no en una asimilación del caso a la lógica del procedimiento administrativo sancionatorio ni en una incorporación amplia de reglas del estatuto contractual público. Si las partes pactaron una vía procedimental mínima para el ejercicio de la facultad unilateral de declarar el incumplimiento, la infracción de esa vía bastaba para privar de efectos la determinación adoptada. La garantía de contradicción operaba allí como límite negocial derivado del contrato, de la buena fe objetiva y de la proscripción del ejercicio sorpresivo o abusivo de una facultad unilateral, no como manifestación de una potestad administrativa. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007, LEY 80 DE 1993 ACLARACIÓN DE VOTO / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA PÚBLICA / ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / ACTO JURÍDICO / ACTO JURÍDICO UNILATERAL / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL Problema jurídico: ¿El análisis de las actas parciales, del acta final de obra y de la liquidación del contrato AB-OC-003-2011 debía fundarse principalmente en las estipulaciones contractuales pactadas por las partes? Respuesta al problema jurídico: Si Igual cautela reclamaba el análisis sobre la eficacia probatoria de las actas parciales, del acta final de obra y de los documentos invocados por la contratista para sustentar el reconocimiento de mayores cantidades de obra, obras adicionales y mayor permanencia. La conclusión de la sentencia es acertada, pues no se demostró que esos conceptos hubieran quedado aprobados conforme a las exigencias del contrato, ni que el interventor tuviera, por sí solo, la representación de la voluntad de la contratante para comprometerla patrimonialmente. Sin embargo, y sin perjuicio de que la providencia acudió a las estipulaciones del contrato, considero que ese anclaje contractual debía presentarse como el fundamento determinante de la conclusión, antes que como una razón concurrente apoyada en reglas generales elaboradas para contratos sometidos a una lógica normativa distinta. En los contratos regidos por el EGCAP la liquidación se inserta en una etapa legalmente prevista, con funciones, términos y efectos propios. En el régimen especial de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, en cambio, la liquidación no opera como etapa legal obligatoria derivada del estatuto público, sino como una cláusula accesoria derivada de la autonomía negocial, cuando las partes así la han previsto. Por ello, el valor de las actas y documentos de ejecución debe definirse, ante todo, a partir de las condiciones pactadas para su elaboración, aprobación y pago. En este caso, la cláusula sexta del contrato AB-OC-003-2011 establecía exigencias específicas para el trámite y reconocimiento de las actas, entre ellas la concurrencia de firmas del interventor, el supervisor y el ordenador del pago. Esa estipulación era el parámetro determinante para valorar si los documentos allegados por la parte actora constituían soporte suficiente de una obligación dineraria a cargo de la demandada. Así, la improcedencia de los reconocimientos reclamados no dependía de trasladar una regla general sobre actas de recibo final o liquidación propia de la contratación estatal, sino de constatar que, bajo el contrato celebrado, no se cumplieron las condiciones convencionales requeridas para hacer exigibles esos valores. (...) Por esa razón, era importante preservar con mayor nitidez la categoría de actos jurídicos contractuales. Las decisiones adoptadas por Aguas de Bolívar S.A. E.S.P. no eran simples manifestaciones materiales de voluntad, ni actos administrativos sometidos a un juicio de legalidad en sentido estricto, sino que eran actos jurídicos emitidos en el marco de un contrato, con fundamento en facultades convencionales y sometidos a los límites derivados del propio negocio, de la buena fe, de la contradicción mínima pactada y de la especialidad del régimen de servicios públicos domiciliarios. Esa categoría permite explicar, sin alterar el sentido del fallo, por qué procedía dejarlos sin efectos frente al contratista y, al mismo tiempo, por qué no resultaba necesario acudir a los atributos ni a las categorías dogmáticas del acto administrativo.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=130012333000201500828011100103