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Aclaración de voto: debe declararse oficiosamente la nulidad absoluta de un contrato estatal cuando encuentra su fundamento
Regla de decisión
El juez debe declarar la nulidad absoluta del contrato estatal cuando este se fundamenta en un acto administrativo ilegal que transfiere funciones públicas sin habilitación legal.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
Toda declaratoria oficiosa de nulidad absoluta de un negocio jurídico estatal debe sustentarse en la ilegalidad del acto administrativo fundamento que autorizó la transferencia de funciones públicas a particulares sin habilitación legal expresa. En esta aclaración de voto, el magistrado comparte la decisión de la Subsección que invalidó la concesión n.° 518 de 2011 por vicios en la habilitación del representante de la Gobernación de Bolívar, precisando que la nulidad oficiosa del contrato debió fundamentarse adicionalmente en la ilegalidad del acto administrativo previo que pretendió transferir competencias públicas en contravención de la Constitución Política y de las Leyes 489 de 1998 y 1437 de 2011.
Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.
Problema jurídico
¿Debe declararse oficiosamente la nulidad absoluta de un contrato estatal cuando encuentra su fundamento en un acto administrativo ilegal que autorizó la transferencia de funciones propias del Estado a un particular mediante concesión sin habilitación legal?
Respuesta: Si
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
Lo que dijo la Sala
Con el acostumbrado respeto por las providencias de la Sala, presento las razones que me llevan a aclarar el voto. La Subsección afirmó que el negocio jurídico de concesión n.° 518 de 2011 era inválido, en tanto la persona que actuó en nombre de la Gobernación de Bolívar, esto es, el gerente liquidador del Fondo de Transporte y Tránsito de Bolívar -en liquidación, no podía recibir esa habilitación, por estar proscrita la transferencia de la competencia contractual de la entidad territorial a un servidor público vinculado a otra persona jurídica pública. Estimo que, además de aquella razón, la declaratoria oficiosa de la nulidad del contrato se debió soportar en que el acuerdo se celebró con fundamento en un acto administrativo ilegal.
Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACLARACIÓN DE VOTO / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DE LA DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO ILEGAL / EFECTOS DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARATORIA DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO NULO
Problema jurídico:
¿Debe declararse oficiosamente la nulidad absoluta de un contrato estatal cuando encuentra su fundamento en un acto administrativo ilegal que autorizó la transferencia de funciones propias del Estado a un particular mediante concesión sin habilitación legal?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con el acostumbrado respeto por las providencias de la Sala, presento las razones que me llevan a aclarar el voto. La Subsección afirmó que el negocio jurídico de concesión n.° 518 de 2011 era inválido, en tanto la persona que actuó en nombre de la Gobernación de Bolívar, esto es, el gerente liquidador del Fondo de Transporte y Tránsito de Bolívar -en liquidación, no podía recibir esa habilitación, por estar proscrita la transferencia de la competencia contractual de la entidad territorial a un servidor público vinculado a otra persona jurídica pública. Estimo que, además de aquella razón, la declaratoria oficiosa de la nulidad del contrato se debió soportar en que el acuerdo se celebró con fundamento en un acto administrativo ilegal. Para dilucidar este punto, es preciso recordar que la nulidad de los actos administrativos que fundamentan un contrato estatal celebrado comporta al mismo tiempo la invalidez de éste, siempre que encuentre en ellos su causa o soporte. Esto obedece a que tales actos constituyen el presupuesto jurídico que habilita, justifica o sustenta la celebración de la convención, de modo que su desaparición del ordenamiento jurídico priva a este último de la base sobre la cual fue estructurado. En el presente asunto, observo que el proceso contractual tuvo su génesis en la Ordenanza n.° 3 del 21 de febrero de 2011, de la Asamblea Departamental de Bolívar1, en la cual se autorizó al gobernador para celebrar contratos para “la asignación de la operación, prestación y desarrollo del servicio público de tránsito y transporte”, caso en el cual su alcance debe “corresponde[r] a las funciones y atribuciones que se encuentren asignadas por la ley al Fondo de Transporte y Tránsito de Bolívar en liquidación” (énfasis añadido). En desarrollo de esta autorización se emitió la Resolución n.° 409 de 2011, por la cual se ordenó apertura la licitación pública n.° SHUR-001-2011, con el objeto de contratar bajo la modalidad de concesión la prestación de los servicios de soporte operativo y tecnológico para la gestión de información del citado Fondo, que finalmente condujo a la celebración del contrato n.° 518 del 8 de junio de 2011. De esta forma sobresale que el proceso contractual se soportó en un acto administrativo cuya finalidad fue trasladar las funciones de una entidad pública en liquidación, incluidas las enteramente administrativas, a un particular, por medio de un contrato de concesión, sin contar con autorización legal. Así, cuando en la ordenanza departamental se autorizó acudir a la concesión, se hizo con la advertencia de que su objeto debía estar integrado por el conjunto de competencias atribuidas al FTTB –en liquidación, sin discriminación de ninguna clase, por lo que incluyó las funciones propias de la administración. En los términos en que fue adoptada, la decisión administrativa desconoció postulados esenciales del derecho público, especialmente, aquellos recogidos en los artículos 6º, 122 y 210 de la Constitución Política, así como en los artículos 9 y 14 de la Ley 489 de 1998, por trasladar a particulares funciones propias del Estado. La jurisprudencia de esta Corporación tiene decantado (…). Verificada la ilegalidad de la citada ordenanza, procedía aplicar el artículo 148 del CPACA, con el fin de reconocer oficiosamente su pérdida de efectos para el litigio en discusión, de lo cual emerge que el contrato celebrado al abrigo de esta autorización también devenía absolutamente nulo. En definitiva, considero que la decisión de la Sala, que comparto, debió sustentarse igualmente en los términos aquí expuestos.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la delegación de competencias públicas no autoriza su transferencia a particulares mediante contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 17 de julio de 2026, exp. (67880), C.P. Nicolás Yepes Corrales.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 122, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 210, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 148, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 14, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 9
Texto extraído del PDF oficial 6.182 caracteres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Radicación: 13001-23-33-000-2013-00491-01 (63778)
Demandante: Growing Network S.A.
Demandado: Departamento de Bolívar y otros
Referencia: Controversias contractuales
ACLARACIÓN DE VOTO
Con el acostumbrado respeto por las providencias de la Sala, presento las razones
que me llevan a aclarar el voto.
La Subsección afirmó que el negocio jurídico de concesión n.° 518 de 2011 era
inválido, en tanto la persona que actuó en nombre de la Gobernación de Bolívar ,
esto es, el gerente liquidador de l Fondo de Transporte y Tránsito de Bolívar -en
liquidación, no podía recibir esa habilitación , por estar proscrita la transferencia de
la competencia contractual de la entidad territorial a un servidor público vinculado a
otra persona jurídica pública.
Estimo que, además de aquella razón, la declaratoria oficiosa de la nulidad del
contrato se debió soportar en que el acuerdo se celebró con fundamento en un acto
administrativo ilegal.
Para dilucidar este punto , es preciso recordar que la nulidad de los actos
administrativos que fundamentan un contrato estatal celebrado comporta al mismo
tiempo la invalidez de éste, siempre que encuentre en ellos su causa o soporte. Esto
obedece a que tales actos constituyen el presupuesto jurídico que habilita, justifica
o sustenta la celebración de la convención, de modo que su desaparición del
ordenamiento jurídico priva a este último de la base sobre la cual fue estructurado.
En el presente asunto, observo que el proceso contractual tuvo su génesis en la
Ordenanza n.° 3 del 21 de febrero de 2011, de la Asamblea Departamental de
Bolívar1, en la cual se autorizó al gobernador para celebrar contratos para “ la
asignación de la operación, prestación y desarrollo del servicio público de tránsito y
transporte”, caso en el cual su alcance debe “corresponde[r] a las funciones y
atribuciones que se encuentren asignadas por la ley al Fondo de Transporte y
Tránsito de Bolívar en liquidación” (énfasis añadido).
En desarrollo de esta autorización se emitió la Resolución n.° 409 de 2011, por la
cual se ordenó apertu ra la licitación pública n.° SHUR -001-2011, con el objeto de
contratar bajo la modalidad de concesión la prestación de los servicios de soporte
1 Disponible en “ https://www.bolivar.gov.co/web/archivos/?p=Normatividad%2FOrdenanzas%2F2011”.
Susceptible de ser valorada en este litigio en aplicación del inciso final del artículo 177 de Código General del
Proceso, según el cual no será necesaria la presentación de las resoluciones, circulares y conceptos de las
autoridades administrativas, siempre que estén publicadas en la página web de la entidad pública
correspondiente.
Radicación: 13001-23-33-000-2013-00491-01 (63778)
Demandante: Growing Network S.A.
Demandado: Departamento de Bolívar y otros
Referencia: Controversias contractuales
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operativo y tecnológico para la gestión de información del citado Fondo , que
finalmente condujo a la celebración del contrato n.° 518 del 8 de junio de 2011.
De esta forma sobresale que el proceso contractual se soportó en un acto
administrativo cuya finalidad fue trasladar las funciones de una entidad pública en
liquidación, incluidas las enteramente administrativas, a un particular, por medio de
un contrato de concesión , sin contar con autorización legal . Así, cuando en la
ordenanza departamental se autorizó acudir a la concesión, se hizo con la
advertencia de que su objeto debía estar integrado por el conjunto de competencias
atribuidas al FTTB –en liquidación, sin discriminación de ninguna clase, por lo que
incluyó las funciones propias de la administración.
En los términos en que fue adoptada, la decisión administrativa desconoció
postulados esenciales del derecho público, especialmente, aquellos recogidos en
los artículos 6º , 122 y 210 de la Constitución Política, así como en los artículos 9 y
14 de la Ley 489 de 1998, por trasladar a particulares funciones propias del Estado.
La jurisprudencia de esta Corporación tiene decantado que “el legislador estableció
en el artículo 9 de la Ley 489 de 1998 que la delegación funciona únicamente frente
a las cabezas de las entidades públicas y solo frente a sus colaboradores o a otras
autoridades con funciones afines o complementarias, sin que de forma alguna se
hubiera previsto la posibilidad de transferir competencias públicas a un particular
mediante un contrato, en el arco de la aludida figura”2.
Verificada la ilegalidad de la citada ordenanza, procedía aplicar el artículo 148 del
CPACA3, con el fin de reconocer oficiosamente su pérdida de efectos para el litigio
en discusión, de lo cual emerge que el contrato celebrado al abrigo de esta
autorización también devenía absolutamente nulo.
En definitiva, considero que la decisión de la Sala, que comparto, debió sustentarse
igualmente en los términos aquí expuestos.
Fecha ut supra,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Nota: esta aclaración de voto fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 17
de julio de 2026, exp. 67880, C.P. Nicolás Yepes Corrales.
3 “Control por vía de excepción. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos
administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley. // La decisión consistente en inaplicar un acto
administrativo sólo producirá efectos en relación con el proceso dentro del cual se adopte”.
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