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Consejo de Estado Providencia

Ecopetrol: Sentencia

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Fecha
2026-10-05
Radicado
13001233300020120022102
Número interno
74694
Ponente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
Controversias contractuales
Actor
EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL-
Demandado
SOCIEDAD ALG INGENIEROS LTDA

Síntesis de la providencia

Ecopetrol: Sentencia

Lo que dijo la Sala

Dado que el objeto del referido negocio jurídico fue el «servicio de producción, transporte e inyección de gel en líneas de transporte de hidrocarburos de Ecopetrol SA», esto es, que se encuentra dentro de su objeto social, es palmario que (i) la formación, la ejecución, la terminación y la liquidación del contrato se rigen por el Código Civil, por el Código de Comercio y por lo pactado (el clausulado, sus anexos y el esquema de administración del manual de contratación) y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública; por manera que, los plazos de liquidación aplicables son los previstos en las cláusulas segunda y trigésima tercera del contrato no. 4024551; (ii) ese régimen no muta la naturaleza estatal del contrato ni sustrae la controversia de esta jurisdicción, pues, el artículo 104 del CPACA se la asigna con independencia del régimen sustancial del negocio jurídico objeto de la controversia…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El sometimiento de los contratos de una entidad de economía mixta a un régimen exceptuado de derecho privado no altera su naturaleza de contratos estatales ni exime a las partes del cumplimiento de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal. Cuando el objeto del contrato se encuentra dentro del objeto social de la entidad, su formación, ejecución, terminación y liquidación se rigen por el Código Civil, el Código de Comercio y lo pactado, incluido el manual de contratación, y no por el Estatuto General de Contratación. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 104 del CPACA asigna la controversia a esta jurisdicción con independencia del régimen sustancial del negocio, sin perjuicio del artículo 105; las instituciones que estructuran el litigio, como la interpretación del contrato, la transacción, la cláusula penal y los intereses, se resuelven con normas civiles y mercantiles; y la sujeción al derecho privado no sustrae a las partes de los principios previstos en los artículos 209 y 267 de la Constitución, aplicables por el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. En consecuencia, los plazos de liquidación se determinan por lo pactado en el contrato.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El sometimiento de los contratos de Ecopetrol S.A. al derecho privado altera su naturaleza de contratos estatales, y por ende, exime a las partes del cumplimiento de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 1118 de 2006, arts. 4 y 6
  • Ley 1150 de 2007, art. 13
  • Ley 1437 de 2011, arts. 104 núm. 2 y 105

También resuelve

  • ¿En un contrato que requiere liquidación y no fue liquidado bilateral ni unilateralmente, el término de caducidad de las controversias derivadas de su ejecución se cuenta conforme a la regla general…
  • ¿Procede la liquidación judicial de un contrato estatal sometido al derecho privado, que no está obligado legalmente a liquidarse…
  • ¿Produce efectos de liquidación bilateral, con autoridad de cosa juzgada transaccional, el acta de liquidación final de mutuo acuerdo de un contrato de Ecopetrol que…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

ECOPETROL REGÍMENES DE ECOPETROL RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN CONTRATO ESTATAL SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA OBJETO SOCIAL DE ECOPETROL JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN FISCAL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MANUAL DE CONTRATACIÓN CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ERROR MECANOGRÁFICO TÍTULO VALOR LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO ELEMENTO ACCIDENTAL DEL CONTRATO PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD CONTROVERSIAS CONTRACTUALES LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INEXISTENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO NULIDAD DEL NEGOCIO JURÍDICO TRANSACCIÓN COSA JUZGADA PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS CAUSACIÓN DE PERJUICIOS PAGO PARCIAL CARGA DE LA PRUEBA BALANCE INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL DEMANDA DE RECONVENCIÓN OTROSÍ AL CONTRATO DICTAMEN PERICIAL CONTABLE VALORACIÓN DE LA PRUEBA CONSTITUCIÓN EN MORA FACTURA RESPONSABILIDAD FISCAL AUTONOMÍA DE PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO INTERÉS MORATORIO INTERÉS REMUNERATORIO FRUTOS CIVILES DEL BIEN NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE ADMITE LA DEMANDA PAGO DE LO NO DEBIDO PRINCIPIO DE CONGRUENCIA TASA DE INTERÉS MORATORIO INTERÉS BANCARIO CORRIENTE TASA DTF PRETENSIONES DE LA DEMANDA FALLO ULTRA PETITA LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CONTRATO DE SEGURO PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO AMPAROS BÁSICOS DE LA PÓLIZA DE SEGURO SINIESTRO VALOR ASEGURADO RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADOR IMPUTACIÓN DEL PAGO ACTIO IN REM VERSO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA PROSPERIDAD PARCIAL DEL RECURSO DE APELACIÓN IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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Todas las pretensiones del contratista deben ser negadas.
Titulación de la relatoría 40.500 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ECOPETROL / REGÍMENES DE ECOPETROL / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / CONTRATO ESTATAL / SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA / OBJETO SOCIAL DE ECOPETROL / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / GESTIÓN FISCAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / MANUAL DE CONTRATACIÓN Problema jurídico: ¿El sometimiento de los contratos de Ecopetrol S.A. al derecho privado altera su naturaleza de contratos estatales, y por ende, exime a las partes del cumplimiento de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal? Respuesta al problema jurídico: No (…) [D]ado que el objeto del referido negocio jurídico fue el «servicio de producción, transporte e inyección de gel en líneas de transporte de hidrocarburos de Ecopetrol SA», esto es, que se encuentra dentro de su objeto social, es palmario que (i) la formación, la ejecución, la terminación y la liquidación del contrato se rigen por el Código Civil, por el Código de Comercio y por lo pactado (el clausulado, sus anexos y el esquema de administración del manual de contratación) y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública; por manera que, los plazos de liquidación aplicables son los previstos en las cláusulas segunda y trigésima tercera del contrato no. 4024551; (ii) ese régimen no muta la naturaleza estatal del contrato ni sustrae la controversia de esta jurisdicción, pues, el artículo 104 del CPACA se la asigna con independencia del régimen sustancial del negocio jurídico objeto de la controversia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105 ibidem; (iii) las instituciones que estructuran el litigio (la interpretación del contrato, la transacción, la cláusula penal y los intereses) se resuelven con las normas civiles y mercantiles correspondientes y, (iv) la sujeción al derecho privado no exime a la entidad demandante ni a quienes contratan con ella del cumplimiento estricto de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal previstos en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, aplicables a su actividad contractual conforme lo prevé el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 209, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 267, LEY 1118 DE 2006 - ARTÍCULO 4, LEY 1118 DE 2006 - ARTÍCULO 6, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 13, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104 NUMERAL 2, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 105 CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / ERROR MECANOGRÁFICO / TÍTULO VALOR Problema jurídico: ¿En un contrato que requiere liquidación y no fue liquidado bilateral ni unilateralmente, el término de caducidad de las controversias derivadas de su ejecución se cuenta conforme a la regla general (desde la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho, como el pago indebido o el incumplimiento) en lugar de hacerlo desde el vencimiento de los plazos para liquidar? Respuesta al problema jurídico: No (…) La cláusula segunda del contrato dispone, sin ambigüedad alguna, que «[e]l plazo de liquidación de mutuo acuerdo del Contrato es de cuatro (4) meses contados desde la fecha de finalización del plazo de ejecución; y el plazo de liquidación unilateral es de dos (2) meses contados desde el vencimiento del plazo previsto para la liquidación de mutuo acuerdo» (índice 2 SAMAI); a su turno, en la cláusula trigésima tercera de ese mismo negocio jurídico puntualmente se estipulo que «[l]as Partes realizarán la liquidación de mutuo acuerdo del Contrato dentro de los tres (4) meses siguientes a la fecha de suscripción del acta de terminación de la ejecución» (índice 2 SAMAI – negrillas adicionales). (…) En este contexto, es palmario que (i) la discordancia «tres (4)» (sic) de la cláusula trigésima tercera del contrato es un evidente yerro de digitación que se supera con la regla de interpretación sistemática del artículo 1622 del Código Civil, según el cual «[l]as cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad», en armonía con la cláusula segunda del contrato; (ii) no existe en materia contractual una regla de prevalencia de las letras sobre los números, pues, lo preceptuado en el artículo 623 del Código de Comercio está circunscrito a los títulos valores y no es aplicable a otros negocios jurídicos; (iii) la regla de interpretación contra el predisponente (o contra proferentem) prevista en el inciso final del artículo 1624 del Código Civil es subsidiaria y, en todo caso, opera solo ante una ambigüedad que las demás reglas no logren disipar, lo cual no ocurre en este caso concreto y, (iv) las referidas estipulaciones integran simultáneamente un mismo texto, de modo que ninguna es «posterior» a la otra. (…) Así las cosas, lo cierto es que, (i) el plazo de liquidación bilateral de cuatro (4) meses, contado desde el día siguiente al acta de finalización del 17 de junio de 2010, venció el 18 de octubre de 2010; (ii) la oportunidad de dos (2) meses para liquidar unilateralmente, contada desde el día siguiente, feneció el 19 de diciembre de 2010; (iii) el término de dos (2) años al que refiere el literal d) del numeral 10 del artículo 136 del CCA, aplicable por razón de que se trata de un contrato que requiere liquidación, corrió desde el día siguiente, esto es, desde el 20 de diciembre de 2010 y, en consecuencia, la demanda podía presentarse hasta el 20 de diciembre de 2012 y, (iv) como el líbelo introductorio fue incoado el día 14 de los mismos mes y año, debe tenerse como oportuno. (…) Tampoco son de recibo los argumentos tendientes a que en este caso concreto la contabilización del término de caducidad sea efectuada en los demás supuestos indicados en el recurso de alzada, pues, (i) el numeral 10 del artículo 136 del CCA —al igual que el literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA— no contiene una regla única de caducidad sino todo un sistema; (ii) en efecto, el inciso primero fija la regla general —dos años contados desde el día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que sirvan de fundamento—, mientras que el resto de la norma establece reglas especiales que anclan el cómputo de la caducidad a las pretensiones de nulidad o a los hitos de cierre de la relación contractual, esto es, al cumplimiento del objeto (en los contratos de ejecución instantánea), a la terminación (en los contratos que no requieren liquidación) y en los contratos que requieren liquidación a la firma del acta de liquidación bilateral, a la ejecutoria del acto que liquidó unilateralmente el contrato o al vencimiento de los plazos para liquidar; (iii) en este contexto, es evidente que, como la relación contractual es una sola, no es razonable imponer al interesado la contabilización de caducidad por cada divergencia surgida durante la ejecución; de modo que, el hito inicial para tal efecto fue unificado por el legislador en la terminación o en la liquidación, según el caso; (iv) de allí que esta corporación haya precisado que las reglas especiales gobiernan, de preferencia, las controversias nacidas en el marco de la relación contractual, en tanto que la regla general del inciso primero opera de manera residual, es decir, cuando el supuesto no encaja en ninguno de los ordinales o cuando el conflicto versa sobre obligaciones o situaciones posteriores a la ejecución, a la terminación y a la propia liquidación y, (v) en este proceso la controversia tiene origen en diferencias derivadas de la ejecución de un contrato que requiere liquidación, empero, no se logró de mutuo acuerdo ni se practicó unilateralmente, lo cual descarta la posibilidad de recurrir a la regla general prevista en el primer inciso del numeral 10 del artículo 136 del CCA como lo pretende la sociedad demandada. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la aplicación preferente de las reglas especiales de caducidad en las controversias nacidas de la relación contractual y el carácter residual de la regla general, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 21 de marzo de 2025, exp. 67743, C.P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 623, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL D, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 624, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1622, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1624 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / ELEMENTO ACCIDENTAL DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Procede la liquidación judicial de un contrato estatal sometido al derecho privado, que no está obligado legalmente a liquidarse, cuando las partes pactaron una cláusula de liquidación y el interesado formuló la pretensión de liquidación judicial? Respuesta al problema jurídico: Si La liquidación del contrato es el corte de cuentas con el que las partes o el juez, en su defecto, establecen el resultado final de las prestaciones ejecutadas y definen quién debe a quién, qué y cuánto. En los contratos estatales no sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública las reglas sobre la liquidación no integran el negocio jurídico por su naturaleza; por el contrario, a diferencia de lo que ocurre en el régimen de la Ley 80 de 1993, ni el Código Civil ni el Código de Comercio contienen normas imperativas que obliguen a las partes a liquidar los contratos de ejecución sucesiva o, en general, aquellos cuya ejecución se prolonga en el tiempo. Así las cosas, (i) ese corte de cuentas solo tiene lugar si ha sido expresamente acordado, caso en el cual constituye un elemento accidental del contrato en la forma y términos previstos en el artículo 1501 del Código Civil que, no obstante, es ley para las partes de conformidad con lo preceptuado en el artículo 1602 ibidem y, (ii) por virtud del principio de la autonomía de la voluntad son los contratantes quienes definen (a) si están obligados a liquidar el contrato; (b) cuál es el alcance del ejercicio liquidatorio; (c) cuáles son los plazos que deben observarse para el efecto y, (d) si una de ellas, por habilitación convencional, queda autorizada para efectuar la liquidación de manera unilateral. (…) En lo que atañe a la intervención del juez, la inexistencia de una norma imperativa que imponga, de forma general, la obligación de liquidar los contratos estatales sometidos al derecho privado no obsta para que aquel la lleve a cabo cuando concurren dos presupuestos, a saber, (i) que las partes hayan pactado una cláusula de liquidación y, (ii) que el interesado formule ante el juez la pretensión de liquidación judicial, tal como lo prevé el inciso segundo del artículo 141 del CPACA(…) Para este caso concreto se satisfacen ambos presupuestos, porque (i) en las cláusulas segunda y trigésima tercera ya transcritas se dispuso la liquidación de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la suscripción del acta de terminación de la ejecución, se facultó a Ecopetrol SA para liquidar unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento de aquel término y se fijó el contenido del documento que la contuviera y, (ii) en este proceso formuló una controversia concreta y actual sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones contractuales cuyo esclarecimiento incide directamente en el contenido de la liquidación, a saber: (a) la contratante pide que el corte de cuentas establezca el alcance de lo efectivamente ejecutado frente a lo pagado y que se le restituya el desbalance resultante, sobre la premisa de que las certificaciones que soportaron los pagos no correspondieron a la realidad de la ejecución; (b) la contratista opone el cumplimiento total del objeto y la existencia, validez y eficacia del acta de liquidación final de mutuo acuerdo del 15 de julio de 2010, y (c) la aseguradora llamada en garantía sostiene que lo consignado en el acuerdo del 11 de junio de 2010 y en aquella acta produjo los efectos de una transacción con autoridad de cosa juzgada. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia de la liquidación judicial de los contratos estatales sometidos al derecho privado cuando se pactó una cláusula de liquidación, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 19 de mayo de 2025, exp. 71103, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1501, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1602 LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO / NULIDAD DEL NEGOCIO JURÍDICO / MANUAL DE CONTRATACIÓN / ECOPETROL / TRANSACCIÓN / COSA JUZGADA / PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Produce efectos de liquidación bilateral, con autoridad de cosa juzgada transaccional, el acta de liquidación final de mutuo acuerdo de un contrato de Ecopetrol que, en contravía del manual de contratación integrado al contrato, solo fue suscrita por el gestor técnico y por la contratista, sin la aprobación del administrador del contrato ni la suscripción de la gestoría administrativa? Respuesta al problema jurídico: No (…) [A]dvierte la Sala que el contrato no. 4024551 no fue liquidado bilateralmente por las partes como se afirma en el recurso, porque, (i) de la lectura del acuerdo del 11 de junio de 2010 se desprende, por una parte, que este se concibió como un paso previo, cuya definitividad quedó diferida al acta de liquidación final y, por otra, dicho acuerdo no contiene una declaración de la contratante que finiquite el cumplimiento del contratista, máxime cuando lo que allí se abordó fue la reclamación económica de este por unos sobrecostos de las limitaciones operacionales, no la verificación de la ejecución del objeto contractual y, (ii) el manual para la administración y gestión de contratos de Ecopetrol vigente para el momento de celebración del contrato asignó al administrador del contrato la aprobación de la liquidación final y a la gestoría administrativa su elaboración y suscripción (índice 2 SAMAI), empero, aquellos no concurrieron a la suscripción del documento denominado «ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE MUTUO FUENTE FORMAL: LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 2483 CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS / CAUSACIÓN DE PERJUICIOS / PAGO PARCIAL / MANUAL DE CONTRATACIÓN / CARGA DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿Las actas de pago y de liquidación parcial suscritas conforme al esquema de administración del contrato acreditan, por sí solas, la ejecución de las prestaciones en un contrato a precios unitarios cuyo clausulado dispone que los pagos parciales no implican recibo ni aprobación definitiva de lo ejecutado? Respuesta al problema jurídico: No En relación con lo pactado en cuanto a la causación del precio y el esquema de administración con el cual se expidieron los documentos que soportaron los pagos, se advierte que (i) en la cláusula tercera del contrato se acordó un sistema de precios unitarios que «remuneran la totalidad de las actividades (trabajos, servicios) y/o suministros constitutivos de su objeto» y, además, se dispuso que «[e]l valor real del Contrato será la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas y/o entregadas por el CONTRATISTA a satisfacción de ECOPETROL, por los valores o precios unitarios pactados para el respectivo ítem»; (ii) en el parágrafo dos de la cláusula cuarta se pactó que «[l]os pagos parciales no implican el recibo o aprobación definitiva por parte de ECOPETROL de las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por consiguiente, no eximen al CONTRATISTA de su responsabilidad» (se resalta) y, (iii) en este escenario, la remuneración se causa por unidades efectivamente ejecutadas de cada ítem (preparación y dosificación) y ese es precisamente el rasero con el que debe construirse el balance del negocio jurídico objeto de la controversia, con la indicación de que los documentos que soportaron los pagos efectuados no acreditan, necesariamente, para este caso concreto, la ejecución del objeto contractual, como explica a continuación. La expedición de los documentos que soportaron los pagos se explica por el esquema de administración del contrato; por tratarse de un contrato estatal de régimen exceptuado, la vigilancia de la ejecución no se estructuró sobre la interventoría y la supervisión propias del Estatuto General de Contratación, sino, sobre un esquema convencional e interno compuesto por el administrador del contrato, el gestor técnico y la gestoría administrativa, esta última contratada con un tercero (COPCO SA). En relación con este específico aspecto el manual para la administración y gestión de contratos de Ecopetrol SA reparte las cargas entre los tres roles, así: (i) al gestor técnico le corresponde verificar las cantidades y la calidad de lo ejecutado y otorgar el visto bueno a las facturas (índice 2 SAMAI); (ii) a la gestión administrativa le compete elaborar y suscribir las actas del contrato y, en particular, «[s]uscribir las actas de liquidación parcial o de avance que sirven de base para la presentación de facturas o cuentas de cobro por el contratista» (índice 2 SAMAI) y, (iii) el administrador debe habilitar los pagos, aprobar la liquidación final y suscribir el documento que la contenga (índice 2 SAMAI); además, de conformidad con el referido documento, ningún gestor puede, por sí solo, modificar el contrato ni conceder reconocimientos económicos, pues, esas decisiones exigen un trámite calificado que comienza con la evaluación conjunta del gestor y el administrador y un informe reglado, prosigue con la recomendación de este último y culmina con la decisión del Funcionario Autorizado, previa presentación ante los comités asesores (índice 2 SAMAI). En este horizonte fáctico y de regulación advierte la Sala que, si bien las actas de pago fueron suscritas por el gestor técnico, junto con el representante de la contratista y el ordenador correspondiente, y las de liquidación parcial fueron elaboradas y suscritas por la gestoría administrativa, cada cual dentro del rol que el manual de contratación les asignaba, lo cierto es que, el contenido de dichos documentos no se compadece con la realidad de lo ejecutado, según lo reconoció bajo juramento el propio gestor técnico (…). Debe tenerse en cuenta, además, que el parágrafo segundo de la cláusula cuarta dispuso que los pagos parciales no implican recibo ni aprobación definitiva de las actividades ejecutadas ni eximen de responsabilidad al contratista; por lo tanto, las referidas actas, aunque regularmente suscritas, dan cuenta del trámite y de los valores pagados, mas no de la ejecución material de las prestaciones que dicen amparar. En consecuencia, lo legalmente procedente es establecer qué se ejecutó realmente. De conformidad con lo expresa y puntualmente dispuesto en el artículo 167 del CGP «[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; en consonancia con lo anterior, el artículo 1757 del Código Civil preceptúa que «[i]ncumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta». Para este caso concreto, (i) a la demandante, quien reclama la restitución, le correspondía acreditar los pagos y, lo hizo en cuantía de $532.988.271, según las facturas y la propia contabilidad de la contratista; (ii) a la contratista, que aspira a retenerlos, le incumbía acreditar la prestación que los justifica, pues, el cumplimiento es el supuesto de hecho de la norma que la favorece y el contrato mismo negó a los pagos parciales el valor de recibo definitivo y, (iii) en este asunto, y sin que ello suponga una regla de prueba, la ejecución quedó acreditada con los registros materiales de la operación (la bitácora de obra, los informes técnicos y las inyecciones, entre otros), comoquiera que las constancias del trámite de facturación quedaron desvirtuadas en su contenido, pues, el contrato negó a los pagos parciales el valor de recibo definitivo, de modo que aquellas no podían tenerse, por sí solas, como demostración de la ejecución, sin que con ello se excluya en abstracto el análisis de ningún medio de prueba. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1757 LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / BALANCE / INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / DEMANDA DE RECONVENCIÓN / OTROSÍ AL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS Problema jurídico: ¿La acreditación de que la ejecución contractual no se completó por causas ajenas al contratista lo releva, en la liquidación judicial, de restituir las sumas recibidas por prestaciones no ejecutadas, cuando no reclamó mediante demanda de reconvención o acción propia los reconocimientos derivados de esas causas? Respuesta al problema jurídico: No De otra parte, se acreditó debidamente en el expediente que la etapa de inyección no se completó por factores ajenos al contratista, (…). Con todo, lo expuesto no releva a la contratista de la obligación de restituir, pues, (i) la liquidación no es un juicio de reproche sino un corte de cuentas y, (ii) la sociedad demandada recibió unas sumas de dinero por prestaciones no ejecutadas sin que medie justificación alguna; además, si la contratista estimaba que las referidas causas ajenas le daban derecho a reconocimientos superiores a lo materialmente ejecutado, la vía era demandarlos —en reconvención o por acción propia—, lo cual no ocurrió. LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / BALANCE / CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS / DICTAMEN PERICIAL CONTABLE / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / CONSTITUCIÓN EN MORA / INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / FACTURA / RESPONSABILIDAD FISCAL / AUTONOMÍA DE PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL / NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Problema jurídico: ¿La anulación judicial de los fallos de responsabilidad fiscal proferidos por los mismos hechos, el dictamen contable sobre los costos del contratista, la ausencia de constitución en mora y la aprobación de las facturas impiden al juez del contrato establecer, en la liquidación, la inejecución de las prestaciones pagadas en un contrato a precios unitarios? Respuesta al problema jurídico: No La Sala precisa, además, que los demás argumentos de apelación relacionados con el balance final del contrato no. 4024551 no son atendibles, por los siguientes motivos: a) El dictamen contable rendido por el contador público [perito] a petición de Ecopetrol SA (…) acredita los costos y gastos de la contratista y el valor recibido por ella, mas ello no equivale a la ejecución del objeto contractual, pues, en un contrato por precios unitarios se remunera la prestación ejecutada y no la erogación efectuada; además, la cifra de $908.482 que la aseguradora invoca proviene de la aclaración que el perito contable rindió por escrito en audiencia —valor facturado menos costos directos menos costos indirectos—, pero esa ecuación mide el residuo entre lo recibido y el gasto registrado en la contabilidad de la contratista, no la ejecución de las prestaciones; de suerte que, tomarla como medida del cumplimiento es, otra vez, medir la ejecución por la erogación. b) La ausencia de apremios o de constitución en mora durante la ejecución del contrato no purga su inejecución en sede de liquidación, cuyo objeto es precisamente establecer el resultado real de las prestaciones. c) El trámite y aprobación de las facturas conforme a la cláusula cuarta y al procedimiento del clausulado general del contrato compromete la responsabilidad de quienes las avalaron, pero, no convierte en ejecutado lo que no lo fue. d) La sentencia de 5 de julio de 2017 proferida por el Juzgado 14 Administrativo de Bucaramanga (Santander) en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (…) que anuló los fallos de responsabilidad fiscal proferidos por estos mismos hechos, fue apelada por la Contraloría General de la República, sin que obre constancia de su firmeza y, en todo caso, la responsabilidad fiscal es autónoma de la contractual y su resultado no vincula inexorablemente al juez del contrato, por cuanto es autónomo para apreciar los hechos, valorar las pruebas y aplicar la normatividad que gobierna el caso sometido a su juzgamiento, más aun si se tiene en cuenta que su intervención responde al litigio que les es puesto a su consideración, con el fundamento y la causa que lo componen. INTERÉS MORATORIO / INTERÉS REMUNERATORIO / FRUTOS CIVILES DEL BIEN / CONSTITUCIÓN EN MORA / NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE ADMITE LA DEMANDA / PAGO DE LO NO DEBIDO / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO Problema jurídico: ¿Cuándo en la liquidación judicial de un contrato estatal regido por el derecho privado se condena al contratista a restituir sumas recibidas sin plazo estipulado para su devolución, los intereses pedidos de forma genérica corresponden a intereses moratorios causados desde el pago indebido? Respuesta al problema jurídico: No Como aspecto preliminar debe precisarse que (i) los artículos 192 y 195 del CPACA no son aplicables a este acápite de la controversia toda vez que esas normas regulan expresa y puntualmente el cumplimiento de las condenas impuestas en contra de las entidades públicas, empero, Ecopetrol SA (entidad pública) es la acreedora, mientras que las condenadas son particulares a quienes esas disposiciones no cobijan y, (ii) tampoco resultan aplicables las disposiciones sobre intereses contenidas en el artículo 4 (numeral 8) de la Ley 80 de 1993, pues, el contrato objeto del litigio está regido por el derecho privado de conformidad con lo expresa y puntualmente dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1118 de 2006; en consecuencia, el régimen aplicable para la determinación de los intereses moratorios es el previsto en las normas civiles y mercantiles que regulan el referido negocio jurídico. De igual forma se advierte que (i) en la pretensión quinta de la demanda se pidió el pago de «los Intereses correspondientes al DTF más 1.5% sobre los valores de las obligaciones que resulten a su cargo» (se destaca), con la indicación de que debían pagarse «desde cuando se causaron o fueron efectivamente entregados hasta su devolución» (negrillas adicionales), sin calificarlos de remuneratorios ni de moratorios; (ii) la sentencia, en cambio, condenó a la parte demandada «a pagar a favor de ECOPETROL SA, intereses de mora correspondiente (sic) a 1.5 veces el Interés Bancario Corriente de la suma adeudada, vigente al momento del pago; causados desde que se realizó el pago indebido» (se destaca), con apoyo en el artículo 884 del Código de Comercio y, (iii) en este contexto, si bien en la demanda no se solicitaron «intereses moratorios» así nominados, lo cierto es que, en la pretensión quinta se solicitaron «intereses» de forma genérica a una tasa precisa y por un periodo determinado, por lo que su calificación jurídica corresponde al juez de lo contencioso administrativo en el marco del petitum y de la causa petendi. Sobre este aspecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha entendido por «intereses» el fruto del dinero, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 717 del Código Civil según el cual «[s]e llaman frutos civiles los precios (…) y los intereses de capitales exigibles, o impuestos a fondo perdido»; dicho de otro modo, es la contraprestación por el uso o disfrute de una cosa de género, la retribución, ganancia o rendimiento del valor del bien cuya restitución o pago se debe a futuro y la indemnización o sanción impuesta por razón del incumplimiento de la prestación. Asimismo, según la jurisprudencia y la doctrina especializada en la materia, los intereses admiten varias clasificaciones, a saber, (i) de acuerdo con su función, «remuneratorios» y «moratorios»; (ii) según su origen, «convencionales», «corrientes» o «legales»; (iii) por razón de su cálculo, «nominales», «efectivos» o «reales»; (iv) según su capacidad de producir nuevos intereses, «simples» y «compuestos» y, (v) en función de la época de pago, «vencidos» o «anticipados»; para efectos de la decisión de este específico aspecto de la controversia basta con profundizar en la distinción entre los intereses «remuneratorios» y «moratorios». Los «intereses remuneratorios» —también conocidos como intereses de «plazo» o «compensatorios»— (i) corresponden a la retribución del capital por el tiempo durante el cual el acreedor no tiene a su disposición determinada suma de dinero; en otros términos, «se devengan durante el tiempo que media entre el surgimiento de la obligación y el día en que ha de cancelarse, y corresponden al beneficio o la ventaja que implica para el deudor tener a su disposición el dinero a él prestado o no tener que satisfacer aún el precio del bien o del servicio de que ya entró a disfrutar»; (ii) en su fórmula de cálculo se incluye, además del rendimiento, el riesgo de incumplimiento o insolvencia y la pérdida del poder adquisitivo de la moneda; (iii) específicamente en materia mercantil su reconocimiento no opera ipso iure, por regla general, pues, de conformidad lo dispuesto en el artículo 884 del Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, es necesario que la obligación de pagarlos dimane de un acuerdo entre las partes o de una disposición legal que así lo determine; de ahí que existan tres (3) hipótesis posibles, a saber: si las partes pactan réditos y fijan la tasa, rige la pactada, dentro del límite legal; si deben pagarse réditos —por pacto o por ley— pero se guarda silencio sobre la tasa, se aplica el interés bancario corriente vigente para el respectivo período de causación y, si no hay pacto ni norma que ordene su pago, no hay lugar al cobro y, (iv) sin perjuicio de lo expuesto, el Código de Comercio autoriza expresamente el cobro de intereses remuneratorios, por ejemplo, en el suministro y la venta al fiado (artículo 885), el mutuo (artículo 1163), la cuenta corriente mercantil (artículo 1251) y el sobregiro bancario por pago de cheques en descubierto (artículo 125, numeral 1, del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero). A su turno, los «intereses moratorios» (i) son las sumas que se deben a título de indemnización de perjuicios desde el momento en que el deudor se constituye en mora, es decir, desde el incumplimiento de la obligación principal; (ii) cumplen «la función de resarcimiento tarifado o indemnización de los perjuicios que se presume padece el acreedor por no tener consigo el dinero en la oportunidad debida», de conformidad con lo preceptuado en el numeral 2 del artículo 1617 del Código Civil según el cual «el acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses; basta el hecho del retardo», con la indicación de que el acreedor puede, en su lugar, pedir el resarcimiento ordinario de los perjuicios o, con apoyo en el principio de reparación integral, acumular ambos conceptos cuando el daño supere el monto de los intereses; en estos dos eventos debe probar y cuantificar el exceso; (iii) su cobro es improcedente cuando no media una hipótesis que coloque al deudor en mora de cumplir la obligación en la forma y términos previstos en el artículo 1608 del Código Civil y, (iv) a diferencia de los remuneratorios, en materia mercantil, operan por ministerio de la ley respecto de toda obligación dineraria en atención a lo preceptuado en el artículo 884 del Código de Comercio. Contrario a lo afirmado por la sociedad demandada en el recurso de alzada, no se advierte que la sentencia apelada sea incongruente por el hecho de que en la demanda no se pidieron expresamente intereses moratorios; por el contrario, debe entenderse que los intereses pedidos corresponden a esta categoría dado que (i) en el contrato no se estipuló tasa ni rédito alguno en favor de Ecopetrol SA por concepto de interés remuneratorio; (ii) no se configura ninguna de las hipótesis legales ya citadas en las que el Código de Comercio dispone el pago de intereses remuneratorios sin pacto expreso entre las partes; (iii) tampoco se da el supuesto de hecho previsto en el artículo 2318 del Código Civil según el cual «[e]l que ha recibido dinero o cosa fungible que no se le debía, es obligado a la restitución de otro tanto del mismo género y calidad» con la indicación de que «[s]i ha recibido de mala fe debe también los intereses corrientes» (negrillas adicionales); (iv) de conformidad con lo reglado en el artículo 884 del Código de Comercio los intereses moratorios operan ipso iure respecto de toda obligación dineraria cuando no exista pacto expreso y, (v) la sociedad demandada quedó constituida en mora con la notificación del auto admisorio de la demanda en la forma y términos previstos en los artículos 1608 (numeral 3) del Código Civil y 90 del CPC, pues, aquí no había plazo estipulado para restituir; distinto es que el a quo haya incurrido en exceso en cuanto a la tasa y al punto de partida de la causación de intereses, como se pasa a explicar. Finalmente, en relación con el punto de partida para la causación de los intereses moratorios, advierte la Sala que no le asiste razón a la sociedad demandada en el argumento del recurso de apelación según el cual no existía mora, pues, el requerimiento que el propio recurso echa de menos se produjo, por ministerio de la ley, con la notificación del auto admisorio de la demanda, como ya se explicó con antelación, y es precisamente desde ese momento que la demandada quedó en mora de restituir; así las cosas, no es jurídicamente viable condenar al pago de intereses moratorios desde la entrega de los valores, como se pidió en la demanda, ni «desde que se realizó el pago indebido», como lo dispuso la sentencia de primer grado. Por ende, se modificará la sentencia apelada para indicar que los intereses moratorios se causan para el sub judice no desde «que se realizó el pago indebido» sino desde la notificación del auto admisorio de la demanda a la parte demandada y hasta la fecha del pago efectivo. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la noción de intereses como fruto civil del dinero y sus clasificaciones, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 22 de septiembre de 2016, rad. 2002-01204-03, C.P. María Claudia Rojas Lasso; Sección Tercera, Subsección C, auto de 21 de octubre de 2025, exp. 65971, C.P. Adriana Polidura Castillo. Sobre los componentes de la tasa de los intereses remuneratorios, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 27 de agosto de 2008, exp. 1997-14171-01, M.P. William Namén Vargas; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto de 20 de mayo de 2024, exp. 62847, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre la exigencia de pacto o disposición legal para el cobro de intereses remuneratorios en materia mercantil, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencias de 28 de noviembre de 1989, exp. 2435, M.P. Rafael Romero Sierra, y de 23 de septiembre de 2019, exp. 2019-02830-00, M.P. Luis Alonso Rico Puerta; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 22 de agosto de 2023, exp. 66901, y auto de 20 de mayo de 2024, exp. 62847, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 90, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1163, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1251, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 884, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 885, DECRETO 663 DE 1993 - ARTÍCULO 125 NUMERAL 1, LEY 1118 DE 2006 - ARTÍCULO 6, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 192, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 195, LEY 510 DE 1999 - ARTÍCULO 111, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1608 NUMERAL 3, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1617 NUMERAL 2, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 2318, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 717, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 8 INTERÉS MORATORIO / TASA DE INTERÉS MORATORIO / INTERÉS BANCARIO CORRIENTE / TASA DTF / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FALLO ULTRA PETITA Problema jurídico: ¿Puede el juez condenar al pago de intereses moratorios a la tasa supletiva del artículo 884 del Código de Comercio cuando el demandante pidió en la demanda una tasa inferior? Respuesta al problema jurídico: No En cuanto a la tasa, si bien es cierto que (i) el artículo 884 del Código de Comercio consagra una tasa supletiva y máxima, esto es, que opera «si las partes no han estipulado el interés moratorio» y está fijada en «una y media veces del bancario corriente» y, (ii) las partes del contrato objeto del litigio no estipularon tasa de interés moratorio alguna, también lo es que de conformidad con el inciso segundo del artículo 281 del CGP «[n]o podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en este». Para este caso concreto, Ecopetrol SA circunscribió su pretensión al pago de intereses en una tasa inferior a la prevista en el artículo 884 del Código de Comercio de forma supletoria, a saber, la del DTF adicionado en 1,5%, aspecto que delimita el horizonte de acción al juez, a quien le está vedado conceder intereses más gravosos que los reclamados so pena de desconocer lo preceptuado en el artículo 281 del CGP; por manera que, (i) el a quo, al aplicar la tasa prevista en el artículo 884 del Código de Comercio concedió más allá de lo pretendido y, (ii) en consecuencia, debe modificarse la sentencia de primer grado en el sentido de precisar que sobre el balance final del contrato deben pagarse intereses moratorios a la tasa DTF adicionada en 1,5 %, o el indicador que legalmente la sustituya. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 884, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281 INCISO 2 LLAMAMIENTO EN GARANTÍA / CONTRATO DE SEGURO / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / AMPAROS BÁSICOS DE LA PÓLIZA DE SEGURO / SINIESTRO / VALOR ASEGURADO / RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADOR / IMPUTACIÓN DEL PAGO / ACTIO IN REM VERSO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Procede condenar a la aseguradora llamada en garantía, en virtud del amparo de cumplimiento, a pagar la obligación de restitución impuesta a la contratista incumplida, cuando el siniestro se consolidó dentro de la vigencia del amparo? Respuesta al problema jurídico: Si (…) [L]a aseguradora arguye que es imposible afectar el amparo de cumplimiento de la póliza no. 1584205 porque no existe incumplimiento del contratista ni prueba de su cuantía. (…) Este argumento de apelación no es atendible, pues, (i) verificado el incumplimiento del contrato, la condición del amparo se satisface y, (ii) el siniestro —la inejecución de las prestaciones certificadas y pagadas como ejecutadas— se consolidó a más tardar el 17 de julio de 2010, con el cierre del contrato, esto es, dentro de la vigencia del amparo de cumplimiento de la póliza no. 1584205 bajo cualquiera de sus extensiones documentadas. Sin perjuicio de lo anterior, se modificará la condena para precisar que HDI Seguros Colombia SA, en su condición de llamada en garantía y en virtud del amparo de cumplimiento de la póliza no. 1584205, será condenada a pagar a Ecopetrol SA la obligación impuesta a la contratista hasta el límite del valor asegurado de ese amparo ($53.809.703), con la indicación de que su pago se imputará a la condena principal y dejará a salvo las acciones de reembolso de la aseguradora contra el tomador. CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROSPERIDAD PARCIAL DEL RECURSO DE APELACIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: Procede abstenerse de condenar en costas de segunda instancia cuando los recursos de apelación prosperaron parcialmente? Respuesta al problema jurídico: Si En atención a lo expresa y puntualmente dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 5) del CGP, y dado que los recursos prosperaron parcialmente no se condenará en costas a ninguna de las partes en esta instancia. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 5
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REPÚBLICA DE COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B Bogotá DC, cinco (5) de octubre de dos mil veintiséis (2026). Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 13001-23-33-000-2012-00221-02 (74.694) Actor: ECOPETROL SA Demandado: ALG INGENIEROS LTDA Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – CPACA Asunto: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA – LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE UN CONTRATO ESTATAL SOMETIDO AL DERECHO PRIVADO Síntesis del caso: Ecopetrol SA solicitó, entre otros aspectos, (i) la liquidación judicial de un contrato celebrado para la prestación del «servicio de producción, transporte e inyección de gel en líneas de transporte de hidrocarburos de Ecopetrol SA» y, (ii) la devolución de los valores pagados en virtud de ese contrato sin correspondencia con lo ejecutado, porque, en su criterio, el contratista solo preparó e inyectó 390 de los 3000 barriles pactados y el acta de liquidación final de mutuo acuerdo no se perfeccionó. El a quo (i) declaró el incumplimiento de la sociedad ALG Ingenieros Ltda; (ii) liquidó judicialmente el contrato; (iii) la condenó a restituir $463.692.681 junto con la cláusula penal pecuniaria e intereses moratorios y, (iv) ordenó hacer efectiva la póliza de cumplimiento. Apelaron la demandada y la llamada en garantía. La Sala modificará la sentencia apelada toda vez que (i) el balance final del contrato debe recomponerse con el reconocimiento de 750 barriles de gel producid os y de 390 dosificados; (ii) la condena por concepto de la cláusula penal pecuniaria es improcedente dado que no fue pedida; (iii) los intereses deben ajustarse al marco de lo pedido y causarse desde la constitución en mora del deudor, esto es, desde la notificación del auto admisorio de la demanda y, (iv) la condena contra la aseguradora debe precisarse, pues, procede únicamente hasta el límite del valor asegurado; en lo demás se confirmará la providencia apelada por razón de que (i) la demanda se presentó en tiempo; (ii) la declaración de incumplimiento es congruente con la pretensión 2.1 y, asimismo, quedó acreditada por el hecho de que solo se dosificaron 390 de los 3000 barriles de gel pactados y, (iii) el acta del 15 de julio de 2010 no se perfeccionó, de modo que la liquidación judicial era procedente y las excepciones de «transacción» y «cosa juzgada» no estaban llamadas a prosperar. Decide la Sala los recursos de apelación presentados por la sociedad demandada ALG Ingenieros Ltda y la llamada en garantía HDI Seguros Colombia SA en contra de la sentencia de primera instancia proferida el 31 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Bolívar mediante la cual se decidió lo siguiente: «PRIMERO: DECLARAR no probada (sic) las excepciones de EXCEPCION DE “CONTRATO CUMPLIDO Y LIQUIDADO Y RATIFICADO”, “CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y AUSENCIA DE IMPUGNACION DE PAGO”, “BUENA FE CONTRACTUAL DURANTE LA EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATO - EL FINIQUITO DE CUENTAS”, “COBRO DE LO NO DE BIDO”, “ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA” alegadas por la parte accionada ALG 2 Expediente: 13001-23-33-000-2012-00221-02 (74.694) Actor: Ecopetrol SA Controversias contractuales – CPACA Sentencia de segunda instancia INGENIEROS LTDA., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR que ALG INGENIEROS LTDA incumplió el Contrato No. 4024551 de fecha 9 de noviembre de 2009 suscrito entre dicha sociedad y ECOPETROL S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DECLARAR la liquidación judicial del el (sic) Contrato No. 4024551 de fecha 9 de noviembre de 2009 celebrado entre ECOPETROL S.A., y ALG INGENIEROS LTDA; en consecuencia, se ORDENA: — CONDENAR a ALG INGENIEROS LTDA a pagar a favor de ECOPETROL S.A., la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($463.692.681); correspondiente al valor no ejecutado del contrato. — CONDENAR a ALG INGENIEROS LTDA a pagar a favor de ECOPETROL S.A., la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS ($53.304.300); por concepto de cláusula penal pecuniaria. — CONDENAR a ALG INGENIEROS LTDA a pagar a favor de ECOPETROL S.A., intereses de mora correspondiente (sic) a 1.5 veces el Interés Bancario Corriente de la suma adeudada, vigente al momento del pago; causados desde que se realizó el pago indebido, hasta que se reintegre el valor adeudado a la accionante; y en la forma prevista en el artículo 884 del Código de Comercio. — Hacer efectiva la póliza de cumplimiento No. 1584205 de LIBERTY SEGUROS S.A., constituida por ALG INGENIEROS LTDA por la suma de $53.809.703 a favor de ECOPETROL S.A. CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. QUINTO: NO CONDENAR en costas. SEXTO: Ejecutoriada la presente sentencia, ARCHIVAR el expediente, previa devolución del remanente, si existiere » (mayúsculas sostenidas y negrillas del texto original – índice 2 SAMAI) 1. I. ANTECEDENTES 1. La demanda y el llamamiento en garantía 1) En el escrito de la demanda (índice 2 SAMAI) 2 la parte actora elevó las siguientes súplicas: «PRIMERA: Se declare que entre ECOPETROL S.A. y ALG INGENIEROS LTDA, se celebró el Contrato No. 4024551 cuyo objeto era el "SERVICIO DE PRODUCCIÓN, TRANSPORTE E INYECCIÓN DE GEL EN LAS LÍNEAS DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS DE ECOPETROL S.A." 1 Archivo «24ED_CuadernoP_23SenContractEcopetr(.pdf)». 2 Archivo «5ED_CuadernoP_01ExpedienteCuaderno(.pdf)» - págs. 1 a 48. 3 Expediente: 13001-23-33-000-2012-00221-02 (74.694) Actor: Ecopetrol SA Controversias contractuales – CPACA Sentencia de segunda instancia SEGUNDA: Se ordene y efectúe la liquidación del Contrato No. 4024551, que tenia (sic) como objeto el "SERVICIO DE PRODUCCIÓN, TRANSPORTE E INYECCIÓN DE GEL EN LAS LÍNEAS DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS DE ECOPETROL S.A." Consecuencialmente, 2.1. En la liquidación se determine la ejecución final del contrato No. 4024551, el alcance de lo ejecutado por el contratista ALG INGENIEROS LTDA., los pagos efectuados por ECOPETROL S.A al CONTRATISTA y su no correspondencia con las cantidades real y efectiv amente ejecutadas por EL CONTRATISTA y recibidas por ECOPETROL S.A. ordenando la devolución a ECOPETROL S.A. de los valores indebidamente pagados, por un valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($463.692.61) (sic), o por la suma que se establezca en el proceso. 2.2. Se ordene a la sociedad A.L.G. INGENIEROS LTDA. el pago a ECOPETROL de la suma de TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS $13.409.602, o el valor que resulte probado en el proceso, correspondiente a los costos laborales del Contrato N o. 4024551, por cuanto los mismos ya habían sido reconocidos y pagados por ECOPETROL en desarrollo del Contrato 5203818, en el cual la sociedad CONTRATISTA utilizó el mismo personal. 2.3 Se ordene a la sociedad A.L.G. INGENIEROS LTDA. el pago a ECOPETROL de la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000), o el valor que resulte probado en el proceso, correspondiente al valor indebidamente cobrado en las TARIFAS DE PRECIOS UNITARIOS del Contrato 4024551, por el hipotético suministro de EQUIPOS Y HERRAMIENTAS por parte del CONTRATISTA, siendo que los utilizados en desarrollo del Contrato fueron realmente bienes de propiedad de ECOPETROL S.A. TERCERA: Alternativamente a la pretensión SEGUNDA, en el evento de que el despacho considere que todas o algunas de las pretensiones consecuenciales 2.1., 2.2 y 2.3 no prosperen en el marco de la Liquidación del Contrato, respetuosamente solicitamos se despachen favorablemente como pretensiones alternativas, autónomas e independientes las siguientes: 3.1. Se ordene a la sociedad ALG INGENIEROS LTDA. devolver a ECOPETROL S.A. la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($463.692.61) (sic), o la que se establezca en el proceso, por haber sido pagos que no correspondían a bienes o servicios real y efectivamente entregados a ECOPETROL S.A. 3.2 Se ordene a la sociedad A.L.G. INGENIEROS LTDA. el pago a ECOPETROL de la suma de TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS $13.409.602, o el valor que resulte probado en el proceso, correspondiente a los costos laborales del Contrato N o. 4024551, por cuanto los mismos ya habían sido reconocidos y pagados por ECOPETROL en desarrollo del Contrato 5203818, en el cual la sociedad CONTRATISTA utilizó el mismo personal. 3.3 Se ordene a la sociedad A.L.G. INGENIEROS LTDA. el pago a ECOPETROL de la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000), o el valor que resulte probado en el proceso, correspondiente al valor indebidamente cobrado en las TARIFAS DE PRECIOS UNITARIOS del Contrato 402455 (sic), por el suministro de EQUIPOS Y HERRAMIENTAS por parte del CONTRATISTA, 4 Expediente: 13001-23-33-000-2012-00221-02 (74.694) Actor: Ecopetrol SA Controversias contractuales – CPACA Sentencia de segunda instancia siendo que los utilizados en desarrollo del Contrato fueron bienes de propiedad de ECOPETROL S.A. CUARTA: Se ordene a la sociedad A.L.G. INGENIEROS LTDA. el pago a ECOPETROL de la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000), correspondiente al costo en que incurrió por concepto del traslado de los equipos de su propiedad utilizados para la ejecución del servicio desde Cartagena hasta las instalaciones de ECOPETROL en Piedecuesta, Santander. QUINTA: Se le ordene a la sociedad A.L.G. INGENIEROS LTDA, el reconocimiento y pago a ECOPETROL S.A. de los Intereses correspondientes al DTF más 1.5.% (sic) sobre los valores de las obligaciones que resulten a su cargo, desde cuando se causaron o fueron

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=130012333000201200221021100103