Titulación de la relatoría 53.734 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA / CONTRATO DE CONCESIÓN / SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS / SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO / TRANSMILENIO / NATURALEZA DE TRANSMILENIO / SOCIEDAD ANÓNIMA
Problema jurídico:
¿Compete a la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer en única instancia del recurso de anulación interpuesto contra el laudo arbitral proferido el 31 de mayo de 2023, en el marco del contrato de concesión No. 001 de 2011 suscrito entre Transmilenio S.A. y Recaudo Bogotá S.A.S., considerando la naturaleza jurídica de Transmilenio como sociedad por acciones con participación pública y la intervención de una entidad pública en el contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
Le corresponde a la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por las entidades públicas o por quienes desempeñen funciones administrativas o en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, de conformidad con lo establecido en el numeral 7º del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el inciso 3º del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012. En este caso, se está en presencia del contrato de concesión No. 001 de 2011, suscrito por Transmilenio y Recaudo Bogotá, cuyo objeto consistió entregar en concesión el diseño, suministro, implementación, operación y mantenimiento del subsistema de recaudo, del subsistema de información y servicio al usuario y del subsistema de integración y consolidación de la información; así como el diseño, suministro, implementación, gestión y mantenimiento del subsistema de control de flota; el suministro de la conectividad; la integración entre el subsistema de recaudo, el subsistema de control de flota, el subsistema de información y servicio al usuario y el subsistema de integración y consolidación de la información, que conforman el SIRCI, para el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, D.C. A su turno, en punto a la naturaleza jurídica de las partes del proceso arbitral y particularmente en lo que corresponde a Transmilenio, se advierte que la parte convocante es una sociedad por acciones constituida entre entidades públicas del orden distrital, bajo la forma de sociedad anónima de carácter comercial con aportes públicos, autorizada mediante Acuerdo No. 4 de febrero de 1999 del Concejo Distrital de Bogotá, constituida a través de Escritura Pública 1528 del 13 de octubre de 1999, registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá-. de lo cual se desprende, sin lugar a duda, que esta Sección es competente en única instancia para conocer del recurso de anulación formulado en contra del laudo arbitral proferido el 31 de mayo de 2023.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149 NUMERAL 7, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 46 INCISO 3
ÁRBITRO / FACULTADES DEL ÁRBITRO / EJERCICIO DEL ÁRBITRO / COMPETENCIA DEL ÁRBITRO / ARBITRAJE / CONCEPTO DE ARBITRAJE / NORMATIVA DEL ARBITRAJE / OBJETO DEL ARBITRAJE / CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO ARBITRAL / CONCEPTO DE PROCESO ARBITRAL / FINALIDAD DEL PROCESO ARBITRAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿La justicia arbitral se caracteriza por ser un mecanismo alternativo de solución de conflictos; regirse por el principio de voluntariedad o libre habilitación; ser de carácter temporal y excepcional?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Constitución Política, los árbitros, con sujeción al principio de habilitación, se encuentran investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, en concordancia con el artículo 3º de la ley 1285 de 2009, por medio de la cual se reformó la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia (...). [L]a justicia arbitral se caracteriza por: (i) ser un mecanismo alternativo de solución de conflictos, en virtud del cual las partes confieren a los particulares la función de la administrar justicia; (ii) regirse por el principio de voluntariedad o libre habilitación, en tanto que la competencia de los árbitros para impartir justicia surge en virtud de un acuerdo de voluntades previo y libre entre las partes, en el sentido de sustraer la resolución de su controversia del sistema ordinario de administración de justicia; (iii) ser de carácter temporal, porque su existencia es transitoria, limitada en el tiempo y sujeta a la resolución del conflicto específico sometido a consideración de los árbitros; y (iv) ser excepcional, dado que se encuentra sujeta a claras limitaciones materiales, de suerte que solo se pueden someter a arbitraje asuntos de libre disposición y aquellos que la ley autorice.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la función jurisdiccional de los árbitros y la naturaleza del pacto arbitral, consultar providencias de 7 de marzo de 2012, Exp. 18013, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; y de la Corte Constitucional, de 9 de mayo de 2012, Exp. C-330, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. En relación con las características del arbitraje, consultar providencias 8 de marzo de 2017, Exp. 46745, C.P. Hernán Andrade Rincón; y de la Corte Constitucional, de 26 de enero de 2001, Exp. C-060, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / FINALIDAD DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / NATURALEZA JURÍDICA DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / FUNCIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / PROCEDENCIA DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CONTROL DEL LAUDO ARBITRAL POR ERROR IN PROCEDENDO / ERROR IN PROCEDENDO / FACULTADES DEL JUEZ EN EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿El recurso de anulación de laudo arbitral se caracteriza por ser de carácter excepcional, restrictivo y extraordinario; por estar orientado a la protección del derecho al debido proceso en cabeza de las partes y cuestionar en consecuencia la decisión arbitral por errores in procedendo; por estar limitado por el “principio dispositivo” que determina las facultades del juez del recurso de anulación; y por la carga de sustentación en cabeza del recurrente, el cual debe indicar las razones con apoyo en las cuales acusa el laudo de incurrir en la causal o causales que invoca?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sección Tercera del Consejo de Estado ha precisado la naturaleza y características del recurso de anulación, destacando de manera pacífica y uniforme, lo siguiente: i) El recurso de anulación es de carácter excepcional, restrictivo y extraordinario y, por lo tanto, no puede ser utilizado como una segunda instancia a través de la cual se pretenda reabrir el debate sobre el fondo del litigio. ii) La finalidad del recurso consiste en la protección del derecho al debido proceso en cabeza de las partes, razón por la cual el recurso debe orientarse a cuestionar la decisión arbitral por errores in procedendo y no por errores in iudicando, por lo cual el juez de la anulación está instituido para analizar vicios de carácter procesal, no sustancial. Así, la decisión del recurso de anulación no entraña el estudio de los razonamientos realizados por los árbitros en cuanto a la aplicación de la ley sustancial, como tampoco la apertura de la discusión por errores de hecho o derecho en materia de valoración probatoria, tal y como está previsto en el artículo 42 de la Ley 1563 de 2012 (…). iii) Las facultades del juez del recurso de anulación están limitadas por el llamado “principio dispositivo”, según el cual el recurrente, al formular y sustentar su recurso, dentro de las precisas y taxativas causales que la ley consagra, delimita el objeto que persigue con su interposición. En consecuencia, al juez de la anulación no le está permitido suponer lo manifestado por el impugnante para tratar de establecer la causal que invoca y, menos aún, pronunciarse sobre aspectos no contenidos en la formulación y sustentación del recurso, por lo que deberá rechazar de plano el recurso cuando las causales que se aduzcan no correspondan a las señaladas en la ley. Además, dado el carácter restrictivo que caracteriza este recurso, su sustentación no consiste en la sola indicación del texto legal que establece una determinada causal, así como tampoco en que, al amparo de la mención de alguna de las causales consagradas en la ley, se expongan argumentaciones que en realidad no configuran ninguna de las previstas por el legislador. (…) iv) De la carga de sustentación del recurso de anulación se desprende que el recurrente debe indicar las razones con apoyo en las cuales acusa el laudo de incurrir en la causal o causales que invoca, las cuales deben configurar la causal que aduce, de tal modo que la causal alegada será́ la que estructure la cadena argumentativa de la impugnación y no el nombre o denominación que se le dé.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a las generalidades y alcances del arbitramento y del recurso extraordinario de anulación de laudos, consultar providencias de 31 de agosto de 2015, Exp. 53585, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz; de 31 de octubre de 2016, Exp. 57422, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 19 de julio de 2017, Exp. 59067, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 9 de abril de 2018, Exp. 59270, C.P. Guillermo Sánchez Luque; de 23 de abril de 2018, Exp. 59731, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 18 de enero de 2019, Exp. 62476, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 28 de junio de 2019, Exp. 63494, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de del 18 de diciembre de 2020, Exp. 62573, C.P. Nicolás Yepes Corrales.
FUENTE FORMAL:
LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 42
JURISDICCIÓN / CONCEPTO DE JURISDICCIÓN / COMPETENCIA / CONCEPTO DE COMPETENCIA / CLASES DE COMPETENCIA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Mientras la jurisdicción corresponde a la facultad de administrar justicia, la competencia representa la facultad de administrar justicia en determinados asuntos, es decir que aquella es el género y ésta la especie?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a jurisdicción es la función pública que tiene como finalidad la administración de justicia, ejercida por el Estado mediante los órganos que la ley dispone para ello, incluidos los árbitros mientras desempeñan sus funciones, al paso que la competencia hace referencia a la distribución que se realiza para el ejercicio de la función pública de administrar justicia, fundamentalmente debido a la complejidad y extensión de los asuntos, distribución a partir de la cual se determina, según distintos factores como la cuantía, la calidad de las partes, el domicilio, entre otros, cuál funcionario que tiene jurisdicción ha de conocer en particular un determinado asunto. Es así como, de vieja data se reconoce que mientras la jurisdicción es la facultad de administrar justicia, la competencia es la facultad de administrar justicia en determinados asuntos, es decir que aquella es el género y ésta la especie, pudiendo ocurrir en la práctica, por tanto, que frente a determinadas materias un juez, aun gozando de jurisdicción, carezca de competencia para determinado negocio.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la diferencia entre jurisdicción y competencia, consultar providencia de 3 de agosto de 2006, Exp. 32499, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / FALTA DE COMPETENCIA / FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / FALTA DE JURISDICCIÓN / CLÁUSULA COMPROMISORIA / REQUISITOS DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / ALCANCE DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / REQUISITOS DEL PACTO ARBITRAL / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO DE ANULACIÓN / REQUISITOS DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿En virtud de la causal segunda de anulación del laudo arbitral, el tribunal carecerá de jurisdicción cuando quiera que el asunto o materia que se somete a la decisión de los árbitros no es de aquellos que autorizan la Constitución y la Ley para ser resueltos por esta vía, y no tendrá competencia cuando se pronuncie sobre algún asunto que por voluntad de las partes no se encontraba sometido a su decisión?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l arbitraje comporta el ejercicio de función jurisdiccional por los árbitros, quienes administran justicia de manera transitoria y para efectos de la disputa sometida a su conocimiento, en virtud de la habilitación que mediante el pacto arbitral han realizado las partes, pues en este caso no es la ley sino las partes las que confieren la competencia a los árbitros para el conocimiento y decisión de determinados asuntos. Así, al hablar de competencia en materia arbitral es necesario hacer referencia al principio de habilitación o voluntariedad, en virtud del cual son las partes quienes en ejercicio de la autonomía dispositiva otorgan la competencia a un juez arbitral para resolver las controversias existentes o que surjan entre ellos. Como lo ha señalado la Sala, es desde esta perspectiva, vale decir, con fundamento en la habilitación constitucional y legal y la contenida en el pacto arbitral, que debe abordarse la casual 2ª que se analiza, pues constituye el marco de acción que delimita la competencia de los árbitros. Ahora bien, habiéndose consagrado en la Ley 1563 de 2012 como causal específica de anulación la falta de jurisdicción y competencia del tribunal arbitral, a diferencia de lo que ocurría en vigencia del Decreto 1818 de 1998, esta Corporación ha precisado que la extralimitación de la competencia que la Constitución, la ley y el pacto arbitral otorgan a los árbitros por haberse pronunciado sobre asuntos que no se encontraban sujetos a su decisión, no puede alegarse bajo la causal 9ª de anulación relativa a la incongruencia del laudo, puesto que en el numeral 2º del artículo 41 de la Ley 153 de 2012 se prevé una causal de anulación específica para cuestionar estos aspectos. De igual modo, (...) cuando el compromiso o la cláusula compromisoria se hubieren celebrado sin las solemnidades sustanciales que la ley exige para su formación o falte alguno de sus elementos esenciales o en los eventos en que el pacto no fuere vinculante frente a quien fue parte en el proceso por no haberlo suscrito o no haberse adherido a él, la causal aplicable será la contemplada en el numeral 1º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, pues la misma establece de manera especial como causal de anulación la inexistencia e inoponibilidad del pacto arbitral, y no la falta de jurisdicción y competencia consagradas como supuesto de anulación en la causal 2ª del artículo 41 ibídem. A partir de lo anterior, en punto a la causal 2ª de anulación y, particularmente, a los supuestos que configuran la falta de jurisdicción y competencia, se concluye que el ribunal arbitral carecerá de jurisdicción cuando quiera que el asunto o materia que se somete a la decisión de los árbitros no es de aquellos que autorizan la Constitución y la Ley para ser resueltos por esta vía, y no tendrá competencia cuando se pronuncie sobre algún asunto que por voluntad de las partes no se encontraba sometido a su decisión.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la anulación del laudo arbitral por falta de jurisdicción y competencia, consultar providencias de 13 de abril de 2015, Exp. 52556, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 13 de abril de 2016, Exp. 54405, C.P. Guillermo Sánchez Luque; de 31 de octubre de 2016, Exp. 57422, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 24 de noviembre de 2016, Exp. 52992, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 18 de diciembre de 2020, Exp. 62573, C.P. Nicolás Yepes Corrales.
FUENTE FORMAL:
LEY 1563 DE 2011 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 2
RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN / FALLO EN CONCIENCIA / CARACTERÍSTICAS DEL FALLO EN CONCIENCIA / REQUISITOS DEL FALLO EN CONCIENCIA / MATERIALIZACIÓN DEL FALLO EN CONCIENCIA / ARBITRAJE EN CONCIENCIA / CLASES DE PROVIDENCIA JUDICIAL / FALLO EN DERECHO / CARACTERÍSTICAS DEL FALLO EN DERECHO / ARBITRAJE EN DERECHO / CONCEPTO DE ARBITRAJE EN DERECHO / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO DE ANULACIÓN / REQUISITOS DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿La causal séptima de anulación se configura cuando el laudo es en conciencia, esto es, cuando los árbitros se apoyan en su íntima convicción y no dan motivación alguna o excluyen toda consideración jurídica o probatoria; y cuando debiendo ser el laudo en derecho, se inaplican la ley al caso concreto?
Respuesta al problema jurídico: Si
En pronunciamientos anteriores, la Sala se ha referido al desarrollo jurisprudencial de esta causal [numeral 7º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012], precisando que el fallo en derecho debe observar el ordenamiento jurídico, de tal forma que el marco de referencia ha de estar solo en él. Por tanto, los árbitros se encuentran sujetos no solamente a las reglas adjetivas que regulan el proceso arbitral, sino, de igual modo, a la normatividad sustantiva aplicable a la controversia. A su turno, la jurisprudencia de esta Subsección ha precisado las diferencias entre el laudo en conciencia y el laudo en equidad. En cuanto al primero, ha indicado, en términos generales, que el fallo en conciencia es aquel en el que el juzgador se apoya en su íntima convicción, no da razones de su decisión o prescinde de toda consideración jurídica o probatoria, mientras que será en equidad cuando el juez o el árbitro inaplica la ley al caso concreto, al considerar que es injusta o que conduce a una iniquidad, o cuando el juez o árbitro busca por fuera del ámbito de la ley la solución a la controversia. (…) De acuerdo con lo anterior, en resumen, esta Corporación ha concluido que la causal séptima de anulación se configura cuando: i) El laudo es en conciencia, esto es, cuando los árbitros se apoyan en su íntima convicción y por lo tanto no dan motivación alguna o excluyen toda consideración jurídica o probatoria; y ii) debiendo ser el laudo en derecho, los árbitros inaplican la ley al caso concreto, porque consideran que ella es inicua o que conduce a una iniquidad o también cuando buscan por fuera del ámbito legal la solución al caso sub judice. Por otra parte, el Consejo de Estado también ha señalado que no basta la mención de normas de derecho positivo para que el laudo pueda calificarse como proferido “en derecho”, sino que es necesario que las normas invocadas como sustento de la decisión tengan relación directa con el objeto de la litis, de modo que no debe tratarse de una simple referencia descontextualizada, pues de esta manera el fallo tendría la apariencia de estar sustentado en el ordenamiento jurídico, pese a que las normas invocadas no tengan relación alguna con el caso planteado. (…) En este orden de ideas, si los árbitros resuelven la litis con base en el ordenamiento jurídico, fundado en el análisis y la valoración de las pruebas allegadas oportunamente al proceso, el pronunciamiento será en derecho.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el alcance del fallo en conciencia, consultar providencias de 7 de junio de 2007, Exp. 32896, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 21 de febrero de 2011, Exp. 38621, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 18 de enero de 2012, Exp. 40082, C.P. Enrique Gil Botero; de 2 de mayo del 2016, Exp. 55307, C.P. Danilo Rojas Betancourth; de 24 de mayo de 2017, Exp. 58675, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 19 de julio de 2017, Exp. 59067, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 18 de enero de 2019, Exp. 62476, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Acerca de la procedencia de la causal de anulación contenida en el numeral 7º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, consultar providencias de 5 de marzo de 2021, Exp. 65440, C.P. Nicolás Yepes Corrales.
FUENTE FORMAL:
LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 7
FALLO EN CONCIENCIA / REQUISITOS DEL FALLO EN CONCIENCIA / CARACTERÍSTICAS DEL FALLO EN CONCIENCIA / ARBITRAJE EN CONCIENCIA / ERROR IN IUDICANDO / CONTROL DEL LAUDO ARBITRAL POR ERROR IN IUDICANDO / INTERPRETACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL
Problema jurídico:
¿El desacuerdo de las partes respecto a las consideraciones, interpretaciones y valoraciones efectuadas por el Tribunal de Arbitramento al proferir el laudo arbitral, configura un fallo en conciencia y la causal 7ª de anulación?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]l desacuerdo de las partes respecto a las consideraciones, interpretaciones y valoraciones efectuadas por el Tribunal de Arbitramento al proferir el laudo arbitral, no configura un fallo en conciencia, ni configura la causal 7ª de anulación, puesto que el recurso extraordinario de anulación no puede utilizarse como una instancia adicional para replantear el debate sobre el fondo del proceso. Así, le está vedado al juez de la anulación entrar a cuestionar, plantear o revivir el debate probatorio; tampoco le corresponde establecer si hubo o no un yerro en la interpretación o valoración de las pruebas que hizo el juez arbitral, ni pronunciarse sobre el alcance que le imprimió el panel arbitral a las obligaciones contenidas en el negocio jurídico o cualquier otro asunto que se refiera al fondo de la litis.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la procedencia de la causal de anulación contenida en el numeral 7º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, consultar providencia de 28 de octubre de 2019, Exp. 64280, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 7
RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN / DECISIÓN EN LAUDO ARBITRAL / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / FUNDAMENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / LÍMITES DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / CONCEPTO DE PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / FINALIDAD DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / INCONGRUENCIA EN EL LAUDO ARBITRAL / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO DE ANULACIÓN / REQUISITOS DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Para verificar el respeto del principio de congruencia en el laudo arbitral en el ámbito del recurso de anulación, se debe efectuar una comparación entre lo decidido por el tribunal de arbitramento y lo planteado por las partes como litigio sometido a su decisión, considerando que existen eventos en los cuales los árbitros deben entrar a pronunciarse sobre determinadas materias, incluso cuando las partes no lo hayan solicitado en la demanda ni puesto de presente en los hechos o excepciones?
Respuesta al problema jurídico: Si
[La causal de anulación del laudo arbitral prevista en el numeral 9° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012,] (…) responde a un estudio objetivo de la acepción externa del principio de congruencia -artículo 281 del C.G.P.-, consistente en la consonancia o coherencia correlativa que debe existir entre la providencia judicial y las pretensiones y hechos que se aducen en la demanda, así como las excepciones propuestas, sin entrar a evaluar los motivos de la decisión. De este modo, si se resuelven aspectos no pretendidos en la demanda se estaría dictando un fallo extra petita; si se condena más allá de lo pedido se trataría de una providencia ultra petita; y si no se resuelven todas las pretensiones o las excepciones, la decisión sería infra o citra petita. La jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que el examen del principio de congruencia es relativo, puesto que existen eventos en los cuales los árbitros deben entrar a pronunciarse sobre determinadas materias, incluso cuando las partes no lo hayan solicitado en la demanda ni puesto de presente en los hechos o excepciones que se alegan, sin que ello implique la configuración de la causal de anulación prevista en el numeral 9° de la Ley 1563 de 2012, a saber: i) cuando se hallen probados los hechos que constituyen una excepción, caso en cual el árbitro deberá reconocerla oficiosamente, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, pues estas excepciones deben ser propuestas en el debate procesal por el interesado; ii) en lo atinente a los presupuestos procesales, por cuanto tocan con la validez formal del proceso; iii) en aquellos casos relacionados con cuestiones que atañen al orden público, como sucede con la nulidad absoluta del acto o contrato, siempre y cuando aparezca de modo manifiesto; y iv) en los pronunciamientos sobre restituciones mutuas en los eventos de nulidad del contrato. Finalmente, cabe señalar que con la entrada en vigencia de la Ley 1563 de 2012 y teniendo en cuenta que en el numeral 2º del artículo 41 de dicho estatuto la falta de jurisdicción y competencia se incorporó de modo específico como causal de anulación, ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que al amparo de lo establecido en el numeral 9º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 no pueden alegarse las circunstancias de falta de jurisdicción y competencia por haberse pronunciado los árbitros sobre asuntos que no se encontraban sujetos a su decisión por voluntad de las partes o que por mandato legal no eran susceptibles de ser resueltos por esta vía, puesto que en el numeral 2º del artículo 41 ibídem se prevé una causal de anulación específica para cuestionar estos aspectos.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza y alcance de la causal contenida en el numeral 9º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, consultar providencias de 6 de junio de 2002, Exp. 20634, C.P. Ricardo Hoyos Duque; de 13 de abril de 2015, Exp. 52556, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 31 de octubre de 2016, Exp. 59949, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; de 27 de noviembre de 2017, Exp. 59913, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 5 de marzo de 2020, Exp. 64627, C.P. María Adriana Marín. Acerca del principio de congruencia de la decisión, consultar providencia de 1° de marzo de 2006, Exp. 15898, C.P. María Elena Giraldo Gómez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 9, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281
RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO DE ANULACIÓN / REQUISITOS DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / FALTA DE JURISDICCIÓN / FALTA DE COMPETENCIA / FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / COMPETENCIA DEL ÁRBITRO / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / RECURSO DE REPOSICIÓN / INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN / PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN / FALTA DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN / DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / NEGACIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL
Problema jurídico:
¿Resulta procedente el estudio de la causal de anulación del laudo arbitral por falta de jurisdicción o de competencia, cuando el recurrente no interpone recurso de reposición contra el auto en el que el Tribunal Arbitral asumió competencia?
Respuesta al problema jurídico: No
[P]ara la procedencia del estudio de la causal 2ª de anulación, se requiere que la parte recurrente haya alegado la caducidad, la falta de jurisdicción o la falta de competencia, a través de la interposición del recurso de reposición contra la decisión en la que el Tribunal Arbitral se declara competente para conocer de la controversia. Ello significa, que quien decida cuestionar un laudo arbitral con fundamento en esta causal, debe haber planteado previamente ante el Tribunal Arbitral la discusión de los vicios o falencias que se traen en el recurso extraordinario de anulación, formulando en tal sentido el correspondiente recurso de reposición contra la decisión mediante la cual este se declara competente para conocer de la controversia. En tal sentido, no basta con interponer el recurso de reposición, sino que es menester que en el mismo se formulen los motivos que se pretenden hacer valer en sede de anulación como constitutivos de la causal. (...) [E]n lo que atañe al cargo aludido por Transmilenio, según el cual el Tribunal de Arbitramento no era competente para pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda de reconvención reformada, porque en dos laudos arbitrales proferidos con anterioridad ya se había resuelto la controversia, configurándose de esta forma la cosa juzgada, la Sala estima improcedente su estudio, toda vez que al interior del expediente no consta que la parte convocante, en el marco de la primera audiencia de trámite, hubiera alegado dicha circunstancia a través de la interposición del recurso de reposición contra el auto mediante el cual el Panel Arbitral se declaró competente para conocer de la controversia. A juicio de la Sala, no resultaba suficiente que Transmilenio, al contestar la demanda de reconvención reformada, hubiera alegado vía excepción la configuración de la cosa juzgada, sino que era menester, como lo impone el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, que invocara dicha circunstancia mediante la interposición del recurso de reposición contra el auto mediante el cual el Tribunal Arbitral se declaró competente para dirimir la controversia, lo que no ocurrió, pues aunque la parte convocante en efecto presentó recurso de reposición contra dicho auto, lo cierto es que no manifestó inconformidad alguna frente al hecho de que el Panel Arbitral se declarara competente para resolver la controversia, a pesar de que, a su juicio, se configuraba la cosa juzgada. En consecuencia, la Sala concluye que no es procedente entrar a examinar el cargo referido, comoquiera que Transmilenio no cumplió con el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, dado que no hizo valer en su oportunidad el cargo antes referido -cosa juzgada-, mediante la interposición del recurso de reposición contra el auto en el que el Tribunal de Arbitramento asumió la competencia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 2
RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / FALTA DE COMPETENCIA / FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / COMPETENCIA DEL ÁRBITRO / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / LÍMITES DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL / CONTROL JURISDICCIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL / DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / NEGACIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL
Problema jurídico:
¿El Tribunal de Arbitramento, al examinar la pretensión 6.6., se pronunció sobre cuestiones no arbitrales, es decir, sobre aspectos regulados en actos administrativos de carácter general respecto de los que hubiere efectuado algún juicio de valor, como si se tratara de un examen de legalidad?
Respuesta al problema jurídico: No
[C]on relación al argumento plasmado por la parte convocante, según el cual el Tribunal de Arbitramento no era competente para pronunciarse respecto de la terminación de la implementación de la Fase 2, el retraso del inicio de la Fase 3 y la no implementación total del SITP como riesgos imprevisibles no imputables a Recaudo Bogotá -solicitados en la pretensión 6.6. de la demanda de reconvención reformada-, por tratarse de aspectos de índole normativo, (...) toda vez que, a su juicio, dichos aspectos estaban regulados en normas de carácter general, para lo cual trajo al caso el Decreto 309 del 23 de julio de 2009, el Decreto 156 del 11 de abril de 2011 y el Decreto 535 del 29 de noviembre de 2011, (...) no se advierte, como lo pretende hacer valer la parte convocante, que el Tribunal Arbitral al examinar la pretensión 6.6. se hubiera pronunciado sobre cuestiones no arbitrales, es decir, sobre aspectos regulados en actos administrativos de carácter general y mucho menos que hubiera efectuado algún juicio de valor frente a los mismos -como si se tratara de un examen de legalidad-, lo cual, por supuesto, no está autorizado por la Constitución ni la Ley. El Panel Arbitral, se itera, simplemente trajo al caso los actos administrativos y aludió a su contenido, para establecer las fechas de terminación de la implementación de la Fase 2 y de iniciación de la implementación de la Fase 3 del SITP, tras lo cual concluyó que el referente normativo al momento de suscribir el contrato fue uno, pero que a lo largo de su ejecución se presentaron modificaciones (...). Ahora bien, del examen de los cargos invocados por Transmilenio en punto de la causal 2ª del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, se advierte que el recurrente pretende que el juez de la anulación estudie aspectos de fondo que el Tribunal de Arbitramento ya resolvió, frente a lo cual cabe reiterar que el análisis realizado por este último no puede ser objeto de examen por esta Sala, dado que le está vedado al juez de la anulación referirse al fondo de la controversia, así como calificar o modificar los razonamientos e interpretaciones realizadas por el Tribunal en el laudo proferido. Como ya se advirtió, la formulación del recurso extraordinario de anulación se encuentra sujeta a las causales taxativas que la ley ha previsto, con el fin de corregir los errores in procedendo en los cuales hubiese podido incurrir el respectivo Tribunal de Arbitramento y no constituye una segunda instancia. (...) En este orden de ideas, y contrario a lo aducido por la parte recurrente, para la Sala resulta claro que el Panel Arbitral era competente para pronunciarse respecto de la pretensión 6.6. de la demanda de reconvención reformada, aunado al hecho de que la decisión del Tribunal de Arbitramento no implicó un pronunciamiento sobre cuestiones no arbitrables, de ahí que no se configure la causal 2ª de anulación.
FUENTE FORMAL:
LEY 1563 DE 2011 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 2
RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN / FALLO EN CONCIENCIA / INEXISTENCIA DEL FALLO EN CONCIENCIA / ARBITRAJE EN CONCIENCIA / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / FACULTADES DEL JUEZ EN EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / NEGACIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL
Problema jurídico:
¿El laudo arbitral objeto del recurso extraordinario de anulación se profirió en conciencia y no en derecho, dado que el Tribunal de Arbitramento desconoció las reglas de la teoría de la imprevisión, pues “aplicó consecuencias que no son propias de esa figura”, al reconocer en favor de Recaudo Bogotá “montos indemnizatorios y no meramente compensatorios?
Respuesta al problema jurídico: No
Frente al primer cargo, Transmilenio indicó que el Tribunal de Arbitramento concluyó que la terminación de la implementación de la Fase 2, el retraso en el inicio de la Fase 3 y la no implementación total del SITP, constituyeron circunstancias imprevistas, que alteraron el equilibrio económico del contrato, por lo que era procedente reconocer a Recaudo Bogotá, como compensación, los sobrecostos asumidos durante la ejecución del contrato; no obstante lo cual, según afirmó el recurrente, en el laudo arbitral recurrido se reconoció a favor de la parte convocada un monto indemnizatorio, consistente en los “ingresos dejados de percibir por Recaudo Bogotá, apartándose de esta forma de las previsiones contenidas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, que enseña que el contratista tiene derecho a que se restablezca la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida, pero no a que se le indemnicen los perjuicios. (...) En tal sentido, de cara a las pretensiones y los hechos de la demanda de reconvención reformada, así como también los argumentos expuestos en la contestación a la misma, y las consideraciones y la parte resolutiva del laudo arbitral, la Sala no encuentra que la decisión proferida por el Tribunal de Arbitramento, en punto del reconocimiento de los ingresos dejados de percibir a favor de Recaudo Bogotá, haya sido adoptada en conciencia y no en derecho, como pasa a exponerse. En efecto, examinada la motivación del laudo arbitral recurrido, se advierte que el Tribunal de Arbitramento, entre otros aspectos, analizó las circunstancias alegadas por Recaudo Bogotá, particularmente las consecuencias derivadas de la implementación de la Fase 2 y la Fase 3 del SITP, encontrando que las mismas constituyeron un riesgo imprevisible que alteró la ecuación económica del contrato, pues, ante los diferentes cambios normativos acaecidos durante su ejecución, la implementación del sistema sufrió una prolongación por un plazo significativo e imprevisible, por lo que resultaba procedente restablecer su ecuación económica. (...) Bajo el anterior contexto, encuentra la Sala que la decisión del Panel Arbitral, en punto del reconocimiento de valores a favor de Recaudo Bogotá, particularmente del reconocimiento de los ingresos que dejó de percibir por concepto de la remuneración variable (RVARS) y de la remuneración por equipos de validación y control en vehículos (RVOH), no solamente estuvo jurídicamente motivada, sino que se basó en las pruebas allegadas al trámite arbitral, de ahí que no le asista razón a la parte convocante cuando afirma que los árbitros fallaron en conciencia y no en derecho, pues no es cierto que aquellos se hayan apoyado en su íntima convicción al momento de proferir su decisión sobre este particular. (...) En este orden, la Sala encuentra que el laudo arbitral recurrido contiene un análisis jurídico y probatorio en cuanto al valor que le fue reconocido a Recaudo Bogotá, en el que quedaron plasmadas las razones jurídicas por las cuales se estimó que había lugar a reconocerle al concesionario sumas correspondientes a los ingresos que este dejó de percibir por concepto de la remuneración variable (RVARS) y por concepto de la remuneración por equipos de validación y control en vehículos (RVOH). Además, también se observa que en el laudo arbitral, no solamente se indicaron, sino que también quedaron explicadas y sustentadas jurídicamente las razones por las cuales dicho reconocimiento se daría a título compensatorio. (...) Lo anterior, permite advertir que en el fondo la parte recurrente, so pretexto de la configuración de la causal 7ª del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 y bajo el entendido que el Tribunal Arbitral se apartó de las previsiones contenidas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, pretende que el juez de la anulación examine cuestiones relacionadas con el fondo de la controversia, pues se reitera que la anulación no es el escenario para adentrarse en el estudio de errores “in iudicando”. (...) En virtud de lo anterior, la Sala estima que el cargo alegado no tiene la vocación de prosperar.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de las facultades del juez de anulación, consultar providencias de 28 de enero de 2009, Exp. 34239, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; de 22 de febrero de 2017, Exp. 58068, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 7, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5
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Problema jurídico:
¿El laudo arbitral objeto del recurso extraordinario de anulación se profirió en conciencia y no en derecho, dado que el Tribunal de Arbitramento desconoció que la situación económica de Recaudo Bogotá se derivó exclusivamente de su estructura financiera y no de las circunstancias imprevistas que alegó en su demanda de reconvención?
Respuesta al problema jurídico: No
Transmilenio manifestó que el Tribunal de Arbitramento “resultó premiando la falta de diligencia o pericia de Recaudo Bogotá”, porque la situación económica de este último se derivó exclusivamente de su estructura financiera y no de las circunstancias imprevistas que alegó en su demanda de reconvención. Para tal efecto, trajo al caso el dictamen pericial elaborado por Global Project Strategy S.A.S. y Valora Consultoría S.A.S., en contradicción al dictamen aportado por FTI Consulting, para significar que Recaudo Bogotá se apalancó en más de un 90% en deuda externa. (...) [E]l recurso de anulación no constituye una instancia para debatir la interpretación de la ley o rebatir la valoración efectuada por los árbitros en relación con las normas legales y/o las disposiciones contractuales objeto de debate en sede arbitral, como lo pretende la parte recurrente a través del cargo planteado, pues en el fondo y con la excusa de alegar que los árbitros fallaron bajo su íntima convección, pretende que el juez de la anulación analice el fondo de la controversia, particularmente si en el caso sometido a consideración de los árbitros se configuraron o no las circunstancias imprevisibles alegadas por recaudo Bogotá, lo que escapa al resorte de la Sala. De hecho, el recurrente pretende que se examine la situación económica de Recaudo Bogotá, particularmente su estructuración financiera, para determinar si la misma fue influyente o no en la situación económica derivada del contrato y así desvirtuar las circunstancias imprevisibles que encontró acreditadas el Tribunal de Arbitramento, tarea que escapa al resorte de la competencia del juez de la anulación. En consecuencia, y como quiera que a través del argumento formulado por la parte convocante se pretende reabrir el fondo de la controversia desatada en sede arbitral, que no alegar supuestos que en estricto sentido configuran la causal 7ª de anulación, se considera que el cargo expuesto no está llamado a prosperar.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los límites de la competencia del juez de anulación, consultar providencia de 19 de septiembre de 2019, Exp. 62702, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
FUENTE FORMAL:
LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 7
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Problema jurídico:
¿El laudo arbitral objeto del recurso extraordinario de anulación se profirió en conciencia y no en derecho, dado que, según el recurrente, la condena efectuada por el Tribunal Arbitral, además de no corresponder en estricto sentido a sobrecostos, dejó de lado los gastos y costos que no ejecutó Recaudo Bogotá?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a recurrente señaló que la condena efectuada por el Tribunal Arbitral, además de no corresponder en estricto sentido a sobrecostos, dejó de lado los gastos y costos que no ejecutó Recaudo Bogotá, frente a lo cual concluyó que “desde la perspectiva probatoria, el fallo en conciencia por parte del Tribunal es palpable, en la medida en que las pruebas que deberían ofrecer convicción a los árbitros carecen de soporte valorativo normativo”. Examinado el argumento referido, se advierte que la parte recurrente pretende que el juez de la anulación desborde su competencia, entrando a examinar las pruebas obrantes en el trámite arbitral y a calificar, por un lado, las consideraciones y el análisis del Panel Arbitral en torno a los sobrecostos en que incurrió Recaudo Bogotá y que llevaron a restablecer el equilibrio económico del contrato y, por el otro, los dictámenes periciales que se tuvieron en cuenta en el laudo recurrido para cuantificar el monto a reconocer a favor de la convocada. En pocas palabras, la recurrente no pretende que el juez de la anulación entre a determinar si se dejaron de valorar pruebas -argumento que configura la causal 7ª de anulación-, sino de calificar la forma en la que se valoraron los elementos de pruebas que reposan en el expediente arbitral, frente a lo cual se insiste que el juez de la anulación, además de que no puede entrar a estudiar el fondo de la decisión adoptada por el Tribunal de Arbitramento (errores in iudicando), tampoco puede analizar la valoración por este efectuada, aspecto que, según se precisó anteriormente, excede el marco del recurso extraordinario de anulación y ciertamente escapa al ámbito de la competencia del juez de la anulación, de ahí que el cargo alegado no esté llamado a prosperar. De conformidad con lo anteriormente expuesto, los cargos formulados por Transmilenio, amparados en la causal de anulación establecida en el numeral 7° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, no están llamados a prosperar, puesto que, además de que el laudo arbitral recurrido fue proferido de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso concreto y se estructuró en normas jurídicas y en las pruebas obrantes en el proceso, lo que se advierte es que la parte recurrente pretende que el juez de la anulación se pronuncie sobre aspectos relacionados con el fondo de la controversia y la valoración probatoria llevada a cabo por el Tribunal Arbitral, lo que escapa a su competencia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 7
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Problema jurídico:
¿El laudo arbitral objeto del recurso extraordinario de anulación vulneró el principio de congruencia al conceder más allá de lo pedido, esto es, de forma extra petita, al interpretar la pretensión 6.6. de la demanda de reconvención reformada, a la que accedió el Panel Arbitral y respecto de la cual se derivó, en parte, la condena impuesta a la convocante?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala evidencia que las acusaciones formuladas por la parte convocante, con apoyo en la causal 9ª de anulación, se encaminan a controvertir el laudo arbitral cuestionado, por considerar que constituye un fallo extra petita al interpretar la pretensión 6.6. de la demanda de reconvención reformada, a la que accedió el Panel Arbitral y respecto de la cual se derivó, en parte, la condena impuesta a la convocante. Sobre este particular, cabe empezar por señalar que la jurisdicción o facultad de impartir justicia por parte de los árbitros emana de la Constitución y la ley, las cuales establecen que los árbitros administran justicia con los mismos deberes y facultades de los jueces y reconocen que la voluntad de las partes puede atribuir competencia a los árbitros para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, para lo cual, desde luego, como lo ha indicado de tiempo atrás esta Corporación, a los árbitros les asiste el uso de la facultad-deber de interpretar la demanda. En otras palabras, como consecuencia del reconocimiento constitucional de la voluntad y decisión de las partes de sustraerse a la justicia ordinaria y someter la resolución de sus disputas al conocimiento de los árbitros, estos ejercen función jurisdiccional, administrando justicia de manera transitoria exclusivamente para efectos de solucionar la disputa sometida a su conocimiento, en virtud de la habilitación que mediante el pacto arbitral han realizado las partes. (...) Así las cosas, de la revisión formal realizada por la Sala al laudo arbitral acusado, a la luz de los hechos y pretensiones de la demanda de reconvención reformada, particularmente de la pretensión 6.6., y de la parte motiva y resolutiva de la providencia, se concluye que la causal invocada por Transmilenio no tiene la vocación de prosperar, en la medida que, según se observa, el Panel Arbitral, acudiendo a la facultad-deber que le asiste, interpretó la pretensión 6.6. de la demanda de reconvención, pretensión que no solamente fue resuelta en los términos estrictamente interpretados, sino frente a la cual existió un pronunciamiento en la parte resolutiva del laudo. En este orden, resulta claro que el hecho de que el Panel Arbitral hubiera interpretado la pretensión 6.6. de la demanda de reconvención reformada, no constituye un fallo extra petita, no solamente porque los árbitros están facultados para ello en virtud de la Constitución y la Ley, sino también porque el Tribunal Arbitral al resolverla no falló más allá de lo interpretado. Se desprende de lo anteriormente expuesto, en conclusión, que el laudo arbitral proferido el 31 de mayo de 2023, no concedió más de lo pedido, es decir, no resultó extra petita y, por lo tanto, no se configura la causal de anulación prevista en el numeral 9° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la facultar para interpretar la demanda por parte de los árbitros, consultar providencias de 30 de enero de 2013, Exp. 43453, C.P. Hernán Andrade Rincón; de 5 de marzo de 2020, Exp. 52962, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Acerca de la función jurisdiccional de los árbitros y la naturaleza del pacto arbitral, consultar providencia de 7 de marzo de 2012, Exp. 18013, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 9
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / NEGACIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL
Problema jurídico:
¿Debe condenarse en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso extraordinario de anulación, en la medida de su comprobación?
Respuesta al problema jurídico: Si
Comoquiera que se declarará infundado el recurso extraordinario de anulación formulado por Transmilenio, tiene aplicación lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 1563 de 2012, según el cual, “Si el recurso no prospera se condenará en costas al recurrente, salvo que dicho recurso haya sido presentado por el Ministerio Público”. En este sentido, comoquiera que no aparecen acreditadas expensas o gastos que se hubieran efectuado con ocasión del recurso de anulación, solo habrá lugar al pago de las agencias en derecho a cargo de Transmilenio, que se fijan en diez (10) SMLMV a la fecha de la presente providencia, a favor de Recaudo Bogotá, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 10554 del 5 de agosto de 2016, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”, vigente para el momento en que se efectuó la convocatoria al trámite arbitral, el cual determina que tratándose del recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales la tarifa de agencias en derecho será de hasta veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes. A su vez, ha de señalarse que el segundo inciso del artículo 42 ibídem consagra que en la sentencia deben liquidarse “las condenas y costas a que hubiere lugar”. Por consiguiente, como el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2025 es de $1.423.500, las agencias en derecho en este caso se liquidarán en la suma de catorce millones doscientos treinta y cinco mil pesos ($14.235.000).
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 10554 DE 2016, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 43, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365