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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la naturaleza jurídica de los convenios interadministrativos se caracteriza por la unidad de causa y finalidad

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Fecha
2026-10-19
Radicado
05001233300020250126101
Número interno
74681
Ponente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
Controversias contractuales
Actor
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Demandado
MUNICIPIO DE CHIGORODO

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la naturaleza jurídica de los convenios interadministrativos se caracteriza por la unidad de causa y finalidad

Lo que dijo la Sala

La Administración ejerce sus competencias contractuales principalmente a través de dos tipos de negocios jurídicos: los contratos y los convenios. Aunque el EGCAP no establece una distinción entre estas figuras, la jurisprudencia y la doctrina se han encargado de perfilar su función jurídica y objetivos, como base del análisis en sede de responsabilidad. Si bien ambos conceptos se fundan en la concurrencia de voluntades, la causa que antecede tal manifestación marca su individualidad y distinción; tal elemento es definido por el ordenamiento jurídico como “el motivo que induce al acto o contrato” (art. 1524 del C.C.), configurando el cariz teleológico o la razón jurídica relevante que da origen a una relación negocial.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La naturaleza jurídica de los convenios interadministrativos se caracteriza por la unidad de causa y finalidad de las entidades participantes, orientada a la cooperación y coordinación para el cumplimiento conjunto de funciones administrativas y fines de interés general, a diferencia de los contratos estatales, sustentados en intereses contrapuestos. En el caso de los convenios interadministrativos, su razón de ser se dirige a la promoción de objetivos mancomunados entre sus contrayentes, en el marco de las funciones que la ley asigna a cada una de ellas. Esta alianza genera una dinámica que potencializa el quehacer administrativo, siendo que todas ellas enlazan sus esfuerzos en una expresión única y objetiva del interés general.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La naturaleza jurídica de los convenios interadministrativos se caracteriza por la unidad de causa y finalidad de las entidades participantes, orientada a la cooperación y coordinación para el cumplimiento conjunto de funciones administrativas y fines de interés general, a diferencia de los contratos estatales, sustentados en intereses contrapuestos?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 489 de 1998, art. 95
  • Ley 84 de 1873, art. 1524

También resuelve

  • ¿El Municipio de Chigorodó incumplió las obligaciones asumidas en el Convenio Interadministrativo No. 282 de 2016?
  • ¿Puede el municipio exonerarse de responsabilidad alegando que el incumplimiento fue exclusivamente del contratista de la obra?
  • ¿Debe el Municipio de Chigorodó reintegrar a Prosperidad Social los recursos desembolsados para la ejecución del proyecto y sus rendimientos financieros?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTRATO ESTATAL CONCEPTO DE CONTRATO ESTATAL FINALIDAD DEL CONTRATO ESTATAL OBLIGACIONES DEL CONTRATO ESTATAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DIFERENCIA ENTRE CONTRATO Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA BUENA FE PRINCIPIO DE LA BUENA FE PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA RESPONSABILIDAD INDIRECTA DE LA PERSONA JURÍDICA EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO REPARACIÓN DEL DAÑO INDEMNIZACIÓN POR REPARACIÓN DEL DAÑO DEVOLUCIÓN DE DINERO DEVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO FINANCIERO IMPROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DE DINERO IMPROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO FINANCIERO INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS A CARGO DEL ESTADO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE CONTRATO ESTATAL / FINALIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATO ESTATAL / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / DIFERENCIA ENTRE CONTRATO Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / BUENA FE / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL Problema jurídico: ¿La naturaleza jurídica de los convenios interadministrativos se caracteriza por la unidad de causa y finalidad de las entidades participantes, orientada a la cooperación y coordinación para el cumplimiento conjunto de funciones administrativas y fines de interés general, a diferencia de los contratos estatales, sustentados en intereses contrapuestos? Respuesta al problema jurídico: Si La Administración ejerce sus competencias contractuales principalmente a través de dos tipos de negocios jurídicos: los contratos y los convenios. Aunque el EGCAP no establece una distinción entre estas figuras, la jurisprudencia y la doctrina se han encargado de perfilar su función jurídica y objetivos, como base del análisis en sede de responsabilidad. Si bien ambos conceptos se fundan en la concurrencia de voluntades, la causa que antecede tal manifestación marca su individualidad y distinción; tal elemento es definido por el ordenamiento jurídico como “el motivo que induce al acto o contrato” (art. 1524 del C.C.), configurando el cariz teleológico o la razón jurídica relevante que da origen a una relación negocial. Así, cuando se alude a la noción de contrato estatal se está haciendo referencia al concierto de dos o más voluntades que establecen un contenido obligacional de motivaciones contrapuestas, aunque converjan en la realización de un objetivo común que es el interés general. En este escenario, el contratista actúa como colaborador del Estado y, como tal, su relacionamiento jurídico apunta a fines diversos pues, mientras que para la administración lo esencial es la materialización de los cometidos públicos, para el contratista lo es la contrapartida que obtiene por el cumplimiento de sus obligaciones, lo que denota que el propósito inmediato que impulsa a celebrar el contrato se construye desde vértices opuestos. En el caso de los convenios, su razón de ser se dirige a la promoción de objetivos mancomunados entre sus contrayentes. Puntualmente, tratándose de convenios interadministrativos, se revela como instrumento de unión entre dos o más personas de derecho público que apunta al logro de fines y propósitos comunes, en el marco de las funciones que la ley asigna a cada una de ellas. Bajo esta tipología, cada entidad estatal desarrolla las funciones públicas a su cargo y, a su vez, se beneficia de la realización conjunta de las competencias de los demás contrayentes en procura de llevar a buen término un proyecto. Esta alianza genera una dinámica que potencializa el quehacer administrativo, siendo que todas ellas enlazan sus esfuerzos en una expresión única y objetiva del interés general que por esta vía se robustece. El talante de los convenios interadministrativos lo erige en un mecanismo de gestión conjunta de atribuciones públicas caracterizado por la unidad de causa y fin que vincula a los sujetos parte, y cuyo propósito es coordinar y cooperar en la realización de las funciones administrativas asignadas a cada entidad. De ahí que estos acuerdos no son contenedores de prestaciones patrimoniales propias de los contratos conmutativos, ni hablan de intereses puramente económicos, con ellos se busca primordialmente cumplir objetivos atados al interés general, en virtud del principio de colaboración de que trata el art. 95 de la Ley 489 de 1998. A pesar de que en nuestra legislación no existe una reglamentación específica que los desarrolle, se debe entender que en éstos priman las regulaciones que acuerdan las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad y la aplicación preeminente del principio de la buena fe. Estos postulados, si bien están presentes en la teoría de los negocios jurídicos, aquí son exaltados como guía de entendimiento de los compromisos adquiridos y de su examen de cumplimiento, de cara a intereses unívocos, que son únicamente públicos. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la noción de convenio interadministrativo, consultar sentencia del 25 de noviembre de 2025, Exp. 15001-23-33-000-2014-00336-01(69562) , C.P. José Roberto Sáchica Méndez y de sentencia de 21 de febrero de 2025, Exp. 25000-23-36-000-2019-00270-01(68280), C.P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 95, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1524 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO Problema jurídico: ¿El Municipio de Chigorodó incumplió las obligaciones asumidas en el Convenio Interadministrativo No. 282 de 2016? Respuesta al problema jurídico: Si Lo traído de presente revela que la actuación del municipio fue tardía pues, inclusive, inició el trámite sancionatorio cuando el plazo de ejecución del contrato derivado ya había vencido. La entidad territorial alegó que dicho lapso culminó el 3 de noviembre de 2022; sin embargo, no fue aportado el pacto modificatorio que reflejara tal extensión negocial, de modo que no se acreditó en el sub-examine. En escrito S-2022-4301-391728 del 5 de octubre de 2022, el FIP reseñó que el demandado, mediante correo electrónico del 30 de septiembre de ese año, le adjuntó el otrosí 3 del contrato derivado, a través del cual se prolongó el lapso de ejecución al 3 de noviembre de esa anualidad, pero aseveró que dicho acuerdo no contaba con el aval de la interventoría, ni refería alguna justificación en punto a la necesidad de la prórroga, teniendo en cuenta que el proyecto estaba en total abandono. Con todo, aun de considerarse la existencia de ese último otrosí, se ratifica que las actuaciones de la entidad territorial fueron extemporáneas y con ello, inoperantes, pues desde octubre de 2021, un año antes de la finalización del término contractual, el consorcio M&A Prosperidad informó los hechos que constituían un riesgo para el éxito del proyecto –la falta de recursos técnicos, humanos y financieros (con sus respectivas causas)–; a partir de allí fue insistente en señalar los defectos advertidos, las necesidades a suplir y el porcentaje de atraso del contratista, pero el municipio hizo caso omiso a sus llamados. Se echan de menos los insumos que demuestren su gestión o las razones en que se basó para no haber actuado en ningún sentido. (...) En esa medida, se demostró que el municipio no acató las obligaciones de que tratan los núm. 8 , 14 y 26 de la cláusula tercera del convenio, comoquiera que omitió las comunicaciones en que la interventoría le alertaba sobre el presunto incumplimiento del contratista, asumió una conducta pasiva en su control, no hizo efectiva la garantía única que aseguró el proyecto y, finalmente, no recibió a satisfacción el 100% de la edificación encargada. Ello evidencia que desatendió los compromisos de gestión y seguimiento del contrato derivado asumidos como parte de las prestaciones a las que se ató en virtud del convenio; tal incorrección obra con independencia de los incumplimientos que puedan atribuirse al contratista de obra, al tratarse de dos negocios jurídicos con estructuras obligacionales propias –lo anterior no corresponde a un juicio de responsabilidad del contrato derivado, pues ello no es materia de este asunto–. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / RESPONSABILIDAD INDIRECTA DE LA PERSONA JURÍDICA / RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO / EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Problema jurídico: ¿Puede el municipio exonerarse de responsabilidad alegando que el incumplimiento fue exclusivamente del contratista de la obra? Respuesta al problema jurídico: No Lo que el censor alude como un juicio de atribución indirecta corresponde, en estricto sentido, a un cargo de responsabilidad por el hecho ajeno o de un tercero. El ordenamiento jurídico reconoce que los sujetos comprometen su responsabilidad cuando el daño es vinculado a su propio comportamiento y en determinados eventos cuando es causado por un tercero –es decir, por el hecho ajeno–, y ello puede suceder en materia contractual y extracontractual, con distinciones legales en su tratamiento. (...) Al reclamar el municipio la aplicación de las reglas de la responsabilidad indirecta incurre en la imprecisión de considerar que tal posicionamiento atenúa el examen de responsabilidad promovido, cuando en realidad este régimen sólo introduce una distinción de orden subjetivo respecto de la autoría del daño, y reglas asociadas a su configuración, pero ratifica la atribución de responsabilidad del contrayente frente a uno de tales sucesos. La proposición del demandado llevaría a entender que el municipio asiente en la responsabilidad patrimonial por el daño, pero no en su autoría. Con todo, tal impropiedad no sirve para que la Sala afirme que el juicio por culpa indirecta sea aplicable en el sub-lite. En el caso concreto se celebraron dos acuerdos de voluntades, el convenio y el contrato derivado. Bajo el primero, las partes acordaron que la entidad territorial asumió llevar a cabo la etapa precontractual, contractual y post contractual del negocio jurídico atinente a la obra, de manera que al seleccionar al constructor del Centro de Vida cumplía uno de tales compromisos, lo que descarta que constituyera o delegara en un dependiente, o en un tercero, sus propias obligaciones bajo el convenio –puesto que el municipio no es constructor directo–; además, no existió manifestación del ente territorial de comprometerse ante el FIP a responder por las prestaciones del contratista de obra, ni fungía como su garante. Si bien con la suscripción del contrato de obra se buscaba la materialización exitosa del proyecto denominado Centro de Vida, no puede entenderse que el municipio se obligara a responder directamente por la construcción; se trató de pactos diversos que, aunque obran en una relación de causa – efecto, no contienen las mismas obligaciones; se trata de la instrumentalización entre negocios jurídicos, cuya autonomía prestacional no puede ser ignorada.Lo que sí ocurrió es que bajo el convenio las entidades acordaron mecanismos de seguimiento para mitigar el eventual estado de incumplimiento en que pudiera incurrir el contratista de la obra –es decir, separó el ámbito de sus responsabilidades frente a la conducta del constructor–. Con esta perspectiva, la entidad territorial debía atender los lineamientos de la interventoría y/o de la supervisión del FIP durante la ejecución del pacto derivado y, basado en la ley y con expresa atribución bajo el convenio, quedó comprometido a conminar al constructor en caso de demoras o retardos en la atención de sus obligaciones, así como a desplegar los procedimientos sancionatorios y hacer efectivas las garantías, de ser necesario. Esta es la obligación que desatendió el municipio de forma directa, sin tener que pasar por el modelo de la culpa indirecta que planteó la entidad territorial como fórmula de atenuación de su responsabilidad. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO / REPARACIÓN DEL DAÑO / INDEMNIZACIÓN POR REPARACIÓN DEL DAÑO / DEVOLUCIÓN DE DINERO / DEVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO FINANCIERO / IMPROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DE DINERO / IMPROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO FINANCIERO Problema jurídico: ¿Debe el Municipio de Chigorodó reintegrar a Prosperidad Social los recursos desembolsados para la ejecución del proyecto y sus rendimientos financieros? Respuesta al problema jurídico: No [N]o es viable acceder a la solicitud de reintegro de los aportes efectuados por el FIP en virtud de la responsabilidad atribuida al municipio, comoquiera que se trata de una orden que escapa a la naturaleza de este tipo de convenios. Lo acontecido, en cambio, revela que ambas entidades, a través del objeto que se alcanzó a lograr, materializaban, cada una, sus propias competencias, sin haber pactado en el convenio una condición expresa bajo la cual pudiera suceder la devolución de los recursos empleados, ni ello tampoco se contempló en el reglamento de cofinanciación respectivo. Atendiendo que las partes establecieron los dos roles centrales que definieron sus aportes –el FIP recursos económicos, y el municipio la contratación de la ejecución material del proyecto–, cobran relevancia las prestaciones que se ubicaron en el medio, relativas al control y vigilancia previstas a cargo de cada uno, conforme a las cuales los desembolsos al contratista de obra sólo procedían previo aval de la interventoría y con autorización de Prosperidad Social, por lo que en el manejo de los recursos el municipio no tuvo un rol autónomo e independiente. Al constatar que el desembolso de $823’464.710,48 contó con la aprobación del fondo, dada la acreditación de los requisitos de ejecución y cumplimiento del convenio y la corroboración de un avance mínimo del 25% de la obra –requisitos de la cláusula séptima del acuerdo negocial–, no es viable la orden de reintegrar esa suma, puesto que se trató de una determinación que ambas entidades autorizaron, y respecto de la cual cada una participó a través en cumplimiento de sus obligaciones y de sus aportes (el hecho de que se trate de aportes en especie no desdice de su valoración e impacto en los costos del proyecto), de modo que el resultado final de la utilización de los recursos financieros hace parte de las funciones que uno y otro sujeto asumió en pro de que el objeto común se alcanzara. Cuando se efectuaron los giros se cumplieron las condiciones para ello y se acreditó que, al menos, parcialmente las obras se ejecutaron. La falta de éxito en construcción completa de la obra constituyó una contingencia que las dos entidades asumieron, por lo que el avance parcial de la obra no conduce de forma automática a concluir que el municipio esté obligado a restituir íntegramente al demandante la totalidad de los recursos aportados, pues, se insiste, se acreditó que tales aportes fueron destinados en el desarrollo de parte del proyecto, certificado por la interventoría que designó Prosperidad Social. (...) Al examinar el contenido de la rendición final de cuentas presentada por la sociedad fiduciaria, se observa una detallada relación de las ganancias económicas derivadas de los recursos aportados por el FIP –por el período de diciembre de 2017 a diciembre de 2024–, arrojando como resultado total la cifra de $346’348.926,70. Aquella, igualmente, reseñó los pagos mensuales que efectuó bajo este título a la Dirección del Tesoro Nacional desde el 22 de enero de 2018 al 30 de diciembre de 2024, por la suma acumulada de $346’348.926,70; por ende, se verificó el cumplimiento de este compromiso. Ninguna de las partes tachó o presentó reparo alguno frente a la información allegada por la Fiduciaria Bogotá S.A., por lo que se tiene por acatada esta prestación dineraria. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS A CARGO DEL ESTADO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Es procedente hacer efectiva la cláusula penal pactada en el convenio? Respuesta al problema jurídico: Si En el asunto de la referencia, los contrayentes pactaron dicha cláusula en función compensatoria, lo que implica su reconocimiento, con las precisiones que más adelante se explican. Y aunque medió pacto expreso sobre la posibilidad de que la indemnización ascendiera a un monto superior al estipulado, en tanto el porcentaje allí señalado se imputaría a los perjuicios que sufriera Prosperidad Social, lo cierto es que esta última no reclamó perjuicios superiores a los estimados en ese acuerdo, por lo cual la indemnización deberá estarse a lo pactado y a lo pretendido a título de perjuicios. En relación con la estructura de la cláusula penal, se precisa que no se trata de una estipulación accesoria al contrato, sino a las obligaciones principales que de él se derivan, por lo cual las partes pueden convenir que surta efectos respecto del incumplimiento total o parcial, o de ambos. La inobservancia total no se refiere exclusivamente a su magnitud en términos cuantitativos o porcentuales, sino a su carácter definitivo, esto es, a la imposibilidad de remediarlo; mientras que la falta de acatamiento parcial hace alusión a la inobservancia solamente de alguna (s) de sus prestaciones. Este tipo de cláusula surge a partir del acuerdo de voluntades, así que está llamada a producir efectos en los términos de su estipulación. Dado que en el subexamine las partes convinieron que la cláusula penal se haría efectiva en caso de incumplimiento total o parcial, debe entenderse que la incorrección de alguna parte del contenido prestacional, y no sólo cuando es total, da lugar a su imposición. (...) En estos términos, el incumplimiento del municipio da lugar a imponer a su cargo la cláusula penal. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la estructura de la cláusula penal, consultar sentencia de 28 de mayo de 2026, Exp. 52001-23-33-000-2019-00302-01(74080), C.P. José Roberto Sáchica Méndez. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Es procedente la liquidación judicial del convenio con la liberación de los recursos que no fueron desembolsados para la ejecución del contrato de obra? Respuesta al problema jurídico: Si Corolario de todo lo anterior, se pasa a efectuar la liquidación judicial del convenio interadministrativo No. 282 de 2016 (...) El corte de cuentas elaborado arroja una suma a favor de la demandante, por el valor de $466’266.082,84, correspondiente al valor de la cláusula penal impuesta a la entidad territorial. No se advierten diferencias, esto es, reintegros a efectuar, luego de la confrontación de la cifra desembolsado al contratista de obra, con la acreditación del avance de la construcción. En virtud de todo lo expuesto, la Sala modificará la sentencia objeto de alzada, manteniendo la declaración de incumplimiento realizada por el a quo y variando el monto de la cláusula penal impuesta a fin de incluirla actualizada a la fecha de esta providencia, con la correspondiente reforma en la liquidación que ello implica. CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Es improcedente la condena en costas tanto en primera como en segunda instancia por prosperidad parcial de la demanda y de los recursos de apelación interpuestos por ambas partes? Respuesta al problema jurídico: Si En los términos del artículo 188 del CPACA, resulta aplicable lo previsto en el Código General del Proceso en relación con la condena en costas, normativa que consagra, en su art. 365 .1, que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación que haya propuesto; sin embargo, como prosperó parcialmente la demanda, y ambos recursos de los apelantes, al accederse, de un lado, a la imposición de la cláusula penal bajo el 100% del monto en que fue pactada y, de otro, se negó la solicitud de reintegro de los valores utilizados para la ejecución del avance de la obra, la Sala aplicará el supuesto de que trata el núm. 5 del mencionado art. 365, que autoriza al juez a abstenerse a condenar en costas a las partes, aserto fundado en la acreditación de que los recursos aportados al convenio sí fueron invertidos y, además, se logró un avance certificado en la consecución del cometido pactada; esta negativa en la condena en costas se ordena para la primera y segunda instancia, pues la referida justificación se constata frente a ambas. De acuerdo con lo anterior, prospera el cargo que el municipio esgrimió en relación con la condena que por este concepto le impuso el a quo, la cual se modificará, para negarla, con base en lo acabado de señalar. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 5
Texto extraído del PDF oficial 144.434 caracteres
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Bogotá, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiséis (2026) Expediente: 050012333000202501261 01 (74.681) Demandante: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz Demandado: Municipio de Chigorodó Medio de control: Controversias contractuales Asunto: Sentencia de segunda instancia TEMAS: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO – características / las partes vinculadas al negocio jurídico comparten los beneficios y distribuyen los riesgos en función de sus aportes / INCUMPLIMIENTO - debe ser analizado de conformidad con la especial naturaleza de esta clase de negocios jurídicos / RESPONSABILIDAD directa e indirecta , distinciones / CONVENIO Y CONTRATO DERIVADO no implican identidad entre las obligaciones de las entidades que cooperan y las del contrato que lo desarrolla. Tampoco conllevan que la entidad encargada de la contratación de la obra sea garante de las obligaciones del constructor / CLÁUSULA PENAL su aplicación depende de los términos en que es estipulada / puede pactarse para que opere por su valor total en caso de incumplimiento parcial. Surtido el trámite de ley, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. El centro de la controversia se enfoca en determinar si se configuró el incumplimiento del municipio dentro de un convenio interadministrativo y ello da lugar a la devolución de los aportes y a la aplicación de la cláusula penal. I.LA SENTENCIA IMPUGNADA 1. Corresponde a la decisión adoptada el 19 de mayo de 2026, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, resolvió (transcripción literal): “PRIMERO. DECLARAR NO PROBADA la excepción de CADUCIDAD del medio de control, de acuerdo con la motivación precedente. SEGUNDO. DECLARAR el incumplimiento por parte del MUNICIPIO DE CHIGORODÓ de las obligaciones contractuales previstas en los numerales 1, 8, 14, 17 26 y 27 de la cláusula TERCERA del Convenio Interadministrativo N° 282 FIP de 2016, suscrito entre el ente territorial y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ – FIP -, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia. TERCERO. En consecuencia, de lo anterior, se CONDENA al MUNICIPIO DE CHIGORODÓ a pagar al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ – FIP - la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS Expediente: 050012333000202501261 01 (74.681) Demandante: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz (FIP) Demandado: Municipio de Chigorodó Referencia: Controversias contractuales 2 ($458.070.225,61) por concepto de cláusula penal pactada en la cláusula décima quinta del Convenio Interadministrativo N° 282 FIP de 2016. CUARTO. DECLARAR liquidado judicialmente el Convenio Interadministrativo N° 282 FIP de 2016, celebrado entre el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ – FIP -, y el MUNICIPIO DE CHIGORODÓ , de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído. QUINTO. ORDENAR la liberación de los recursos del Convenio Interadministrativo N° 282 FIP de 2016, correspondientes a la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DIECISIETE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($2.826.443.017,52), que no fueron desembolsados para la ejecución del contrato de obra 006 de 2017 – derivado del convenio –. SEXTO. NEGAR las demás pretensiones, de acuerdo con la motivación precedente. SÉPTIMO. CONDENAR en COSTAS a la parte demandada MUNICIPIO DE CHIGORODÓ y en favor de la parte demandante DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ – FIP -, las que se liquidarán por la Secretaría de la Corporación, una vez en firme esta providencia”1. 2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 25 de septiembre de 20252 por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz 3 (en adelante , Prosperidad Social , FIP, el fondo , o el demandante) contra el municipio de Chigorodó (desde ahora el municipio, la entidad territorial o el demandado), cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos jurídicos se enuncian a continuación. Pretensiones 3. El demandante pidió que se declare que el municipio incumplió el convenio interadministrativo No. 282 FIP del 21 de diciembre de 2016, por la no entrega a satisfacción de la obra contratada . Como consecuencia, que se haga efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada en dicho acuerdo4, se le ordene restituir al fondo el monto de $823’464.710,48 –que corresponde a los recursos girados para la ejecución del objeto–, así como los rendimientos financieros de estas sumas, y su indexación. Igualmente, solicitó la liquidación judicial del convenio –incluyendo la orden de liberación de los recursos asignados para el desarrollo del negocio jurídico5–, en los siguientes términos6: 1 Índice 52, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Antioquia–. 2 Archivo: “4ED_Correo_RAD2025012610”, índice 4, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Antioquia–. 3 El Fondo de Inversión para la Paz fue creado mediante la Ley 487 de 1998, art. 8, como el principal instrumento de financiación de programas y proyectos estructurados para la obtención de la paz en el país. Tiene la naturaleza de una cuenta especial sin personería jurídica, adscrita a la Presidencia de la República. Mediante el Decreto 4155 de 2011 –que transformó la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – se reiteró tal naturaleza y se precisó que “ continúa administrándose como un sistema separado de cuentas adscrito al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social ” (artículo 29). El Decreto 2559 de 2015 ratificó lo señalado con anterioridad (artículo 32) e indicó (artículo 10, núm.18) que al director del Departamento le atañe “[e]jecutar los recursos del Fondo de Inversión para la Paz (FIP)”. 4 Equivalente al 10% del valor total del convenio. 5 Correspondientes a la suma de $2.826’443.017,52. 6 Fls.2 y 3, archivo: “3ED_RadicaciondemandaMed”, índice 4, SAMAI, ib. Expediente: 050012333000202501261 01 (74.681) Demandante: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz (FIP) Demandado: Municipio de Chigorodó Referencia: Controversias contractuales 3 Hechos relevantes según la demanda 4. El 21 de diciembre de 2016, el FIP y la entidad territorial celebraron el convenio interadministrativo No. 282 (en lo sucesivo , el convenio), cuyo objeto consistió en “aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y sociales, con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras de infraestructura social, entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad social – PROSPERIDAD SOCIAL – FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de territorios, de conformidad con el Anexo Técnico adjunto, el cual hace parte integral del convenio ”. De conformidad con este último documento, se contempló la construcción del Centro de Vida del municipio. 5. El valor del convenio se estipuló en la suma de $3.649’907.728 y un plazo de ejecución inicial hasta el 31 de diciembre de 2019, que se prorrogó mediante tres otrosíes, hasta el 31 de diciembre de 2022. 6. En cumplimiento de sus obligaciones, la entidad territorial suscribió el contrato de obra pública No. 006-2017 con el consorcio Chigorodó 2017, para la construcción del Centro de Vida del municipio, por valor de $3.648’512.813 y un plazo de seis meses, ampliado en virtud de tres prórrogas y varias suspensiones hasta el 3 de octubre de 2022. A su finalización, el contratista sólo alcanzó a ejecutar Expediente: 050012333000202501261 01 (74.681) Demandante: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz (FIP) Demandado: Municipio de Chigorodó Referencia: Controversias contractuales 4 el 46.61% de la obra. El municipio declaró la caducidad de este negocio jurídico a través de la Resoluci ón No. 636 del 1 de noviembre de 2022 ; posteriormente, con Resolución No. 738 del 2 de diciembre de ese año revocó tal acto. 7. El supervisor del convenio, mediante informe del 31 de diciembre de 2022, señaló que a la culminación del plazo la obra estaba inconclusa, con avance del 46.61%. Aquel incumplimiento, derivó en la inobservancia del convenio. 8. Los desembolsos se harían mediante esquema fiduciario constituido por la entidad territorial, fideicomiso 31 E72812, administrado por Fiduciaria Bogotá. El 9 de enero de 2025, esta última presentó la rendición de cuentas final de su gestión. Fundamentos de derecho 9. El demandante adujo que la entidad territorial desconoció la fuerza vinculante del negocio jurídico previsto en el art. 1602 del C.C., así como el principio de buena fe –art.1603 del C.C.–, al incumplir las obligaciones contempladas en los núms.1, 8, 14, 17, 26 y 27 de la cláusula tercera del pacto, toda vez que no entregó el Centro de Vida del municipio, pues su ejecución se limitó al 46.61% de la obra.

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012333000202501261011100103