Titulación de la relatoría 19.265 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO DE APELACIÓN / COHERENCIA DEL ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN / EFECTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN / FINALIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN / GENERALIDADES DEL RECURSO DE APELACIÓN / IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO / RECURSO CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / EMPRESA DE DESARROLLO URBANO / MUNICIPIO DE MEDELLÍN / DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
Problema jurídico:
¿Debe el juez de segunda instancia examinar, como cuestión previa e indispensable para resolver el recurso, la naturaleza jurídica de los actos emitidos en el trámite contractual —con el fin de determinar si estaban o no revestidos de presunción de definitividad y si su eventual validez o eficacia condiciona la posibilidad de estudiar las pretensiones del demandante— cuando dicho análisis resulta necesario para evitar que la decisión sea incompleta, incongruente o meramente formal, y para garantizar la tutela judicial efectiva?
Respuesta al problema jurídico: Si
Conforme al artículo 328 del Código General del Proceso el “juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. …”. Bajo esta premisa legal, la competencia del ad quem está circunscrita a los reproches que formule el apelante contra la decisión de primera instancia, de modo que aquellos aspectos sobre los que no exista inconformidad quedan revestidos de la presunción de acierto y legalidad que acompaña las decisiones judiciales. Lo anterior, sin perjuicio del examen que el juez debe realizar de oficio respecto al cumplimiento de normas imperativas, como ocurre en materia de presupuestos procesales, entre otras, como también frente a asuntos que necesariamente se deben abordar para poder resolver la controversia, al punto que, de no hacerlo, resulte frustrado el derecho de acceso a la administración de justicia. En el caso concreto, el único argumento señalado por el Tribunal para no estudiar de fondo las súplicas de la demanda descansa en que no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos que negaron las reclamaciones del contratista, los cuales calificó como actos administrativos. En este sentido, resulta ineludible para la Sala analizar su naturaleza, pues sólo a partir de esta determinación es posible establecer si el actor debía o no demandar su nulidad para hacer procedente el debate sobre los reconocimientos pedidos, y definir su efecto en torno a la liquidación del contrato. En este punto la Sala precisa que la competencia atribuida al juez de segundo grado acoge en su dimensión los asuntos que guarden íntima relación con el thema decidendi, esto es, aquellos que se constituyen en presupuesto de análisis para resolver la censura y sin los cuales la decisión a adoptar resulta incompleta, incongruente, o se emite simplemente de manera formal; situación que comprometería la garantía fundamental a la tutela judicial efectiva pues, como ocurre en el presente caso, el a quo negó el examen de todas las pretensiones basado en la existencia de unos actos administrativos cuya nulidad no fue demandada. En estos términos, la Sala debe analizar el régimen de la EDU para definir la naturaleza de sus actos, y a partir de allí establecer si aquellos tenían o no “fuerza de cosa juzgada material”; aspecto imprescindible para desatar la censura.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente al derecho a la administración de justicia también llamado derecho a la tutela judicial efectiva, revisar: Corte Constitucional, sentencia de 15 de mayo de 2013, C-279 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328
DERECHO PRIVADO / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE INTANGIBILIDAD / PAZ Y SALVO EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACUERDO DE VOLUNTADES / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / NORMATIVA DEL CONTRATO / REVISIÓN DEL CONTRATO / REVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Cuándo las partes de un contrato regido por el derecho privado pactan expresamente una etapa de liquidación —incluyendo sus fases, alcance y la posibilidad de liquidación unilateral— dicha liquidación adquiere fuerza obligatoria para ellas, de modo que sus acuerdos resultan intangibles y solo pueden desconocerse por mutuo consentimiento o por causas legales?
Respuesta al problema jurídico: Si
En los negocios jurídicos sometidos al derecho privado la liquidación no constituye una fase imperativa para el cierre del contrato, como si lo es para algunos contratos sometidos al EGCAP a los que aplica el procedimiento de liquidación previsto en el art. 60 de la Ley 80 de 1993. Bajo el derecho común no hay una norma que lo imponga, de manera que son las partes en ejercicio de su autonomía de la voluntad quienes definen su inclusión y, de convenirla, ésta se incorpora con la dimensión de una cláusula accesoria a través de la cual los contrayentes establecen los términos de la liquidación, su alcance, la posibilidad que una de ellas pueda hacerla de forma unilateral, si ese es su deseo, y los asuntos que la comprenden. (…) Las partes fijaron en esta cláusula un conjunto de fases encaminadas a lograr la liquidación del contrato –primero bilateral y, de resultar fallida, asignaron a la EDU la facultad convencional de realizarla de forma unilateral–. Las partes replicaron los términos de la liquidación prevista en el EGCAP, de manera que su alcance correspondió al establecimiento de una etapa en la que procedía la revisión integral del acuerdo con miras a establecer el balance final y completo de todos los aspectos del negocio jurídico, y con ello determinar “los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar”. Es de señalar que cuando se logra la liquidación de mutuo acuerdo, esta expresión conjunta de la voluntad se constituye en ley para las partes y, por tanto, a dicho pacto se atribuyen los efectos derivados de los principios de normatividad de los contratos (artículo 1602 del Código Civil) y de buena fe contractual (artículo 1603 del Código Civil). Siendo así, los acuerdos alcanzados adquieren intangibilidad y, por tanto, no pueden ser desconocidos por las partes, ni invalidados, salvo por el consentimiento de ellas mismas o por causas legales. Por su carácter definitorio, el contenido del acuerdo de liquidación es fundamental para establecer qué aspectos quedaron comprendidos allí, sobre cuáles hay paz y salvo, y también si quedaron aspectos excluidos sobre los cuales persiste el disenso entre ellas.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603
CONTRATO ESTATAL / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRÓRROGA DEL CONTRATO / OTROSÍ AL CONTRATO / PERJUICIOS / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / OLA INVERNAL / PLANO TOPOGRÁFICO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / INEXISTENCIA DE PRUEBA DEL NEXO DE CAUSALIDAD
Problema jurídico:
¿Puede el contratista reclamar el reconocimiento de mayores costos por mayor permanencia en obra cuando previamente renunció expresamente a presentar reclamaciones futuras relacionadas con las prórrogas del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
El demandante afirma que la mayor permanencia en obra por un período adicional de 281 días, originado en eventos ajenos a su culpa o injerencia, no le fue reconocida ni pagada por la entidad. Esta Sala reitera, como lo ha dicho en oportunidades anteriores, que no basta con la simple acreditación del transcurso del tiempo (es decir, su prolongación frente al plazo inicial); en estos casos es necesario que el contratista demuestre que efectivamente sufrió perjuicios con ocasión de dicha circunstancia, sin que ésta le sea atribuible, para que pueda hacer efectiva su pretensión indemnizatoria. (...) Las renuncias expresas a reclamaciones derivadas de los efectos de esos acuerdos son plenamente válidas, pues derivan de la materialización de la autonomía de la voluntad, constitutiva de fuente de obligaciones (art. 1494 C.C.) que, junto al reconocimiento de la capacidad de los sujetos en el tráfico negocial, revela que son ellos los llamados a definir si el curso de la ejecución contractual y los sucesos que surgen de tal itinerario impactan o no en el componente económico del contrato, o tienen proyección en otros aspectos. Las partes son las llamadas a establecer las determinaciones que regulan sus negocios, lo que incluye la concreción de mecanismos de arreglo para el logro del objeto convenido; de ahí que están habilitadas para liberar de responsabilidad al otro contrayente en los aspectos concertados, según sus análisis y el interés subjetivo que lo motive, pudiendo exonerarlo de futuras reclamaciones. Así lo prevé el art. 15 del C.C., al consagrar la capacidad de los sujetos para disponer libremente de sus derechos, en tanto dispone que “[p]odrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida la renuncia”. Riñe con el principio pacta sunt servanda –que determina que lo pactado constituye ley para las partes–, y atenta contra la buena fe de los contrayentes, que uno de éstos, luego de suscribir un pacto modificatorio, pretenda apartarse de las condiciones bajo las cuales libre y válidamente se comprometió. Por tanto, no es conforme a derecho restar valor a los acuerdos de renuncia acordados, o aquellos que declaran la no generación de una adición de recursos por cuenta de las prórrogas, por decisión unilateral de uno de los contrayentes, pues habrá de decirse que su manifestación en solitario carece de fuerza frente al carácter coercitivo que trenza las voluntades de los sujetos negociales y que sella el ordenamiento jurídico, según dispone el art.1602 C.C.; salvo que se demuestre que aquellos acuerdos adolecen de un defecto que los torna inválidos; lo que en este caso no se pregonó. (...) No es viable examinar los efectos derivados de esos otros frentes de obra por períodos distintos a los cobijados en la Adición No.3, por cuanto el consorcio no identificó el mayor tiempo que le pudieron haber generado esos sucesos y las repercusiones en el proyecto bajo su liderazgo. Por consiguiente, no se accederá a las reclamaciones de mayor permanencia en obra, basados en los inconvenientes de acceso a la obra. (…) No se demostró la forma en que los demás ajustes efectuados a los planos y diseños influyeron en el desarrollo del resto del negocio jurídico. La demandante no detalló una cualificación para ello, comoquiera que no indicó qué interregno utilizó de más para la consecución del objeto contratado con base en esa circunstancia. Nótese que los demás adicionales no mencionan este supuesto salvo lo concerniente a los ajustes estructurales originados en las disconformidades en la topografía y estudios de suelos, que se estudian seguidamente–. (…) Lo expuesto demuestra que el antedicho defecto de los estudios topográficos y de suelo sí fue valorado al suscribir los pactos modificatorios, en tanto constituyó unas de las causas que los originaron. Ante el enlace de esta reclamación, con la motivación de esos pactos adicionales, no es dable desconocer las causas de éstos ni tomarlas como extrañas al presente litigio pues, ciertamente, condujeron a las partes a suscribir los otrosíes examinados, e implicaron para ellas el cierre del panorama frente a futuros pedimentos en razón a su expresa manifestación de que la misma no “generaría reclamaciones futuras por mayor permanencia”. Estos pactos gozan de plena validez dada la capacidad de los contratantes de disponer este tipo de efectos en sus acuerdos, ante la constatación de que estuvieron precedidos de análisis y de una expresa y clara negociación; por consiguiente, no procede un reconocimiento por este aspecto. (…) Por su parte, la Adición No. 2 fue categórica en rechazar las condiciones climáticas como motivo de prórroga del pacto en ese momento, en tanto que aquellas se mitigaron con la construcción de invernaderos, como medida de protección ante las lluvias. Como esa extensión no tiene fuente en la referida ola invernal, no hay lugar a establecer si se produjeron mayores costos por el lapso ampliado con este acuerdo. En conclusión, tampoco se accede a este pedimento. Si bien tanto en la Adición No. 4 como en el Otrosí No. 2 se reconoció una prolongación del tiempo con ocasión de los efectos de la ola invernal, las partes expresamente consintieron que ello no produciría mayores costos para la EDU; además, en la Adición No. 2 se consignó que la temporada de lluvias no era una justificación para la ampliación del plazo. Los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley truncaron el normal progreso del negocio jurídico. Este hecho fue reconocido como causa de la celebración de las Adiciones No. 1y 2. Como el consorcio expresó que estas prórrogas no generaban un impacto económico, no hay lugar apartarse de lo estipulado y desconocer los pactos alcanzados, pues son contenedores de obligaciones y acuerdos llamados a cumplirse. El expediente es ajeno a pruebas que acrediten que el período contractual tuvo que extenderse en épocas distintas o adicionales a las contempladas en las mencionadas prórrogas.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la mayor permanencia en la obra, revisar: Consejo de Estado, sentencia de 8 de noviembre de 2021, rad. 56023, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, sentencia de 25 de noviembre de 2025, rad. 71456, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, sentencia de 18 de septiembre de 2023, rad. 62481, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1494, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 15, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / CONCEPTO DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA
Problema jurídico:
¿Debe declararse la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio cuando éste no intervino en el contrato objeto de litigio ni existe imputación alguna en su contra?
Respuesta al problema jurídico: Si
El municipio carece de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que (i) no fungió como parte dentro del contrato enjuiciado; (ii) la litis no se dirige a cuestionar la validez del convenio que suscribió con la EDU; (iii) la causa petendi no eleva censura alguna en su contra, en tanto se limita a pedir que se le condene patrimonialmente, sin identificar las falencias, inobservancias o conductas adversas en que incurrió, y que afectaron al negocio jurídico en cuestión; (iv) en virtud de lo estipulado en el convenio, la empresa se comprometió a adelantar, bajo su responsabilidad, los procesos contractuales requeridos para dar cabal cumplimiento al objeto de ese pacto. La obligación principal de la entidad territorial se refirió al giro de los recursos necesarios para el logro de ese acuerdos voluntades, sin constatarse atribuciones de ésta en las fases de escogencia del contratista, ejecución o finalización de los pactos específicos; y (v) en virtud del principio de relatividad de los contratos (art. 1602, Código Civil), el negocio jurídico solo obliga a quienes intervinieron en él a través de su expresa manifestación de voluntad de vincularse a la relación contractual; por lo mismo, las pretensiones únicamente pueden proponerse en contra de quienes tomaron parte en el contrato, o a quien se imputan juicios de responsabilidad, sin que en el sub-lite exista cargo alguno contra el municipio. Al constatar que la entidad territorial no ocupó un rol en el negocio jurídico fuente de la controversia, ni existe un señalamiento en su contra, la Sala declarará probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por el municipio.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA / CONDENA EN COSTAS A PARTICULAR / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Corresponde imponer la condena en costas a la parte vencida cuando, al resolverse desfavorablemente sus pretensiones en segunda instancia, se fija una suma por concepto de agencias en derecho que debe ser asumida proporcionalmente por cada integrante del consorcio demandante a favor de las entidades accionadas?
Respuesta al problema jurídico: Si
En los términos del artículo 188 del CPACA, la liquidación y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas previstas en el Código General del Proceso, normativa que establece, en su artículo 365, núm. 1, que se condenará en costas “a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación …”. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del Código General del Proceso. En este orden de ideas, se fijan las agencias en derecho, para esta instancia, a cargo del consorcio Reversadero, en la suma de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($9’932.696) a favor de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y del municipio de Medellín, cifra que no supera el 5% sobre las pretensiones que fueron formuladas en este proceso, límite máximo para la tasación de las costas en segunda instancia, según lo establece el Acuerdo 1887 de 2003. Dado que la parte demandante está compuesta por una forma asociativa, esta condena será pagada por sus dos integrantes, en partes iguales –ya que cada uno tenía un 50% de participación en el consorcio–, a favor de ambas entidades accionadas, en la misma proporción para cada una.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366