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Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Fuerza vinculante del contrato estatal: la nulidad absoluta se sanea «en todo caso» por prescripción extraordinaria

Fuente oficial ↗
Fecha
2026-07-28
Radicado
25000233600020170120902
Número
25000233600020170120902 de 2026

Síntesis del concepto

Fuerza vinculante del contrato estatal: la nulidad absoluta se sanea «en todo caso» por prescripción extraordinaria

En resumen

En consonancia con lo anterior, esta Corporación ha establecido que los elementos principales de la responsabilidad contractual de la administración pública son: a) el incumplimiento de una obligación surgida del contrato, imputable a la Administración Pública. b) el daño antijurídico sufrido por el contratista o el menoscabo de su derecho a la prestación. c) [el] nexo causal entre el daño antijurídico sufrido por el contratista y el incumplimiento de la obligación imputable a la Administración Pública. En consecuencia, es evidente que al momento de formularse la demanda, esto es, el 30 de junio de 2017, demanda que por demás fue admitida el 31 de enero de 201874, ya había transcurrido el término de prescripción extraordinaria, lo que hace imposible pronunciarse de oficio sobre la eventual configuración de alguna causal de nulidad absoluta.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente.

Puntos que trata

  • Régimen jurídico aplicable a los contratos celebrados por empresas industriales y comerciales del estado (eice): Ley 489 de 1998 artículo 93
  • Responsabilidad civil contractual de la administración pública: presupuestos estructurales para su configuración, incumplimiento
  • Responsabilidad contractual de la entidad: interpretación de las cláusulas, deber de pagar honorarios
  • Asunción de riesgos y renuncia a reclamaciones en el contrato estatal: expresión de la autonomía de la voluntad, efectos de la terminación anticipada por supresión o liquidación de la entidad contratante
  • Fuerza vinculante del contrato estatal: principio pacta sunt servanda, deber de ejecutar lo acordado en los términos pactados

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Restrictores

Acreditación de incumplimiento Aplicación del EGCAP cuando el contrato sirve de instrumento para el cumplimiento del objeto institucional Contrato de prestación de servicios para el cumplimiento de su deber institucional Criterio de distinción según el objeto Daño antijurídico Deber de pagar honorarios Falta de acreditación del nexo causal entre el daño y la inobservancia de los deberes precontractuales Inapliación del EGCAP Interpretación de las cláusulas Ley 489 de 1998 artículo 93 nexo causal Objeto de su propia actividad Presupuestos estructurales para su configuración

Guías del tema

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Nulidad del contrato estatal
Texto del documento 12.284 caracteres
RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO (EICE) – Ley 489 de 1998 artículo 93 – Criterio de distinción según el objeto – Objeto de su propia actividad – Aplicación del Derecho privado – Aplicación del EGCAP cuando el contrato sirve de instrumento para el cumplimiento del objeto institucional – Contrato de prestación de servicios para el cumplimiento de su deber institucional – Aplicación del EGCAP De conformidad con lo establecido en el artículo 275 de la Ley 100 de 1993, el ISS (liquidado) era una empresa industrial y comercial del Estado, del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, vinculada al entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ahora, respecto de los servicios de salud que prestaba, el parágrafo primero ibíd disponía que el ISS actuaba como una Entidad Promotora y Prestadora de Servicios de Salud con jurisdicción nacional, supuesto en el cual su actuación se gobernaba por las reglas del derecho privado. A su turno, se tiene que el artículo 93 de la Ley 489 de 1998 dispone que “[l]os actos que expidan las empresas industriales y comerciales del Estado para el desarrollo de su actividad propia, industrial o comercial o de gestión económica se sujetarán a las disposiciones del Derecho Privado. Los contratos que celebren para el cumplimiento de su objeto se sujetarán a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de las entidades estatales”. En este orden de ideas, resulta claro que el régimen de los contratos celebrados por el ISS dependía de la finalidad para la cual se suscribieran. En efecto, si el negocio jurídico versaba sobre el desarrollo de actividades de carácter económico, industrial o comercial propias de la entidad, se sujetaría al derecho privado; mientras que, si el contrato se celebraba como instrumento para el cumplimiento de su objeto, se regiría por el EGCAP, con excepción de los aspectos concernientes al ámbito específico de la prestación de servicios de salud, los cuales, como quedó visto en precedencia, se regían por el derecho privado. […] […] aunque el artículo 93 de la Ley 489 de 1998 dispone que las empresas industriales y comerciales del Estado se someten al derecho privado cuando desarrollan actividades de carácter industrial, comercial o de gestión económica, y la Ley 100 de 1993 establecía que, respecto de los servicios de salud, el ISS actuaba como EPS o IPS bajo un régimen de derecho privado, en el presente caso no se está ante un negocio jurídico celebrado en desarrollo de una actividad empresarial ni para la prestación de un servicio de salud, sino frente a un acuerdo de voluntades dirigido al ejercicio de funciones inherentes a su objeto institucional. […] […] es menester señalar que el contrato tuvo por objeto apoyar la gestión de recaudo de aportes y demás obligaciones a favor del ISS, actividad que, a juicio de la Sala, en estricto sentido constituye un componente para el cumplimiento del objeto institucional de la entidad, particularmente en lo relativo al deber que le asistía de dirigir, administrar, controlar, vigilar y garantizar el recaudo de aportes, sin que de la misma se derivara en consecuencia una prestación del servicio de salud, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2148 de 1992, en concordancia con el artículo 24 de la Ley 100 de 1993. Así las cosas, si bien el contrato guardó relación con el sistema de seguridad social en salud, su objeto no correspondió al desarrollo de una actividad empresarial o comercial ni a la prestación de servicios de salud, sino a una función de recaudo de aportes y obligaciones, lo que permite colegir que el régimen aplicable es el establecido en el EGCAP. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – Presupuestos estructurales para su configuración – Incumplimiento – Daño antijurídico – Nexo causal […] la responsabilidad civil contractual se funda en la existencia de una obligación derivada de un contrato, cuyo cumplimiento haya sido omitido por el demandado, ocasionando con ello un menoscabo a un interés jurídicamente protegido en cabeza del demandante. En pocas palabras, para que se configure la responsabilidad contractual del Estado se requiere la existencia de una obligación surgida de un contrato, cuyo cumplimiento sea imputable a la administración contratante y haya ocasionado el menoscabo de un derecho a la prestación […] En consonancia con lo anterior, esta Corporación ha establecido que los elementos principales de la responsabilidad contractual de la administración pública son: «a) [e]l incumplimiento de una obligación surgida del contrato, imputable a la Administración Pública. b) [e]l daño antijurídico sufrido por el contratista o el menoscabo de su derecho a la prestación. c) [el] nexo causal entre el daño antijurídico sufrido por el contratista y el incumplimiento de la obligación imputable a la Administración Pública. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD – Interpretación de las cláusulas – Deber de pagar honorarios […] lo acordado entre las partes comportaba una obligación a cargo del ISS orientada a garantizar que, con ocasión del recaudo de las obligaciones a cargo de los deudores, se incorporaran y reconocieran los honorarios de la contratista con cargo a dichos recursos, mediante el traspaso del porcentaje correspondiente a los gastos de recuperación de la cartera. Así, en los acuerdos de pago que se suscribieran con el deudor o en los actos administrativos proferidos en desarrollo del proceso de cobro coactivo, relacionados con el recaudo, la entidad debía fijar y liquidar tales honorarios en los términos establecidos en el contrato. […] la gestión adelantada por la parte demandante se tradujo en la obtención efectiva de recursos, en tanto el propio PAR ISS, al suministrar la información que sirvió de sustento para la elaboración de la experticia, reconoció la procedencia del pago de honorarios a su favor, lo que permite tener por acreditado que, en relación con tales procesos, los deudores cumplieron con el pago de sus obligaciones, de modo que se materializó el recaudo efectivo de la cartera, circunstancia que, en los términos estipulados en el contrato, habilita el reconocimiento y la efectividad de los honorarios a favor de la contratista. En ese contexto, la Sala estima que le asiste razón a la parte recurrente, pues se encuentra acreditado que la entidad demandada se sustrajo del cumplimiento de la obligación a su cargo, en la medida en que, pese a haberse verificado el recaudo efectivo en 367 procesos, no procedió a incorporar, liquidar ni hacer efectivos los honorarios correspondientes en los términos previstos en el contrato. ASUNCIÓN DE RIESGOS Y RENUNCIA A RECLAMACIONES EN EL CONTRATO ESTATAL – Expresión de la autonomía de la voluntad – Efectos de la terminación anticipada por supresión o liquidación de la entidad contratante […] salta a la vista que en el presente caso y aun cuando las partes estipularon que el plazo del contrato se prolongaría hasta la recuperación de la cartera asignada, la contratista asumió expresamente los riesgos asociados a su terminación anticipada como consecuencia de las políticas que el Gobierno Nacional definiera respecto del futuro del ISS -entre ellas su eventual supresión y liquidación-. En virtud de lo anterior, la Sala estima que no hay lugar a acceder al reconocimiento de los perjuicios solicitados por la demandante, pues ciertamente la contratista asumió los riesgos derivados de la supresión y liquidación del ISS, circunstancia que se materializó el 31 de marzo de 2015, fecha en la cual culminó el proceso de liquidación de la entidad, lo cual trajo como consecuencia su extinción y la pérdida de competencia para continuar adelantando los procesos de cobro coactivo -los cuales, a partir de ese momento, serían tramitados por el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia-. Adicionalmente, se observa que en la cláusula en cita, particularmente en su parágrafo, las partes dejaron constancia expresa de que el ISS no aceptaría reclamación alguna -por desequilibrio económico del contrato ni por perjuicios de cualquier índole-, que se derivara de la terminación anticipada del vínculo contractual con ocasión de las políticas que el Gobierno Nacional definiera respecto del futuro del ISS. Tales estipulaciones, a juicio de la Sala, dan cuenta de que el contratista no solamente aceptó las consecuencias que sobre el plazo del contrato se originaran con ocasión de la supresión y liquidación del ISS, sino que también, y por cuenta de la misma situación, renunció a formular reclamaciones por desequilibrio económico y por perjuicios de cualquier índole. Con relación a los efectos de las renuncias a las reclamaciones elevadas en el marco de un contrato estatal, la jurisprudencia de esta Sección ha considerado que estas constituyen la expresión de la autonomía de la voluntad y, por tanto, son obligatorias y vinculantes, sin perjuicio de sus limitaciones. Además, se ha estimado que, tratándose de una renuncia a los derechos económicos del contratista, la interpretación de las cláusulas de exclusión o limitación de responsabilidad debe ceñirse a los condicionamientos de la renuncia. En consecuencia, la Sala estima improcedente la reclamación que la parte actora solicita en este proceso judicial, derivada de la terminación anticipada del contrato como consecuencia de la supresión y liquidación del ISS, pues en efecto al suscribir el acuerdo de voluntades aquella asumió el riesgo derivado de dicha circunstancia, aunado al hecho de que, conforme a lo pactado, igualmente se entiende que esta renunció a reclamar el desequilibrio económico del contrato o cualquier perjuicio por la misma circunstancia, todo lo cual lleva a concluir que en el acuerdo de voluntades las partes regularon los asuntos cuya reclamación ahora se pretende en esta sede judicial. FUERZA VINCULANTE DEL CONTRATO ESTATAL – Principio pacta sunt servanda – Deber de ejecutar lo acordado en los términos pactados […] A las anteriores conclusiones arriba la Sala partiendo de la fuerza vinculante del negocio jurídico celebrado entre los contratantes y del deber de ejecutar lo acordado en los términos pactados. El principio enunciado -pacta sunt servanda-, garante de la seguridad jurídica, constituye pilar esencial de las relaciones contractuales y encuentra su fundamento en la autonomía privada de la voluntad como fuente primaria de derechos y obligaciones. Tanto es así, que toda la estructura jurídica construida sobre la base del poder de la voluntad para que los sujetos puedan darse sus propias reglas de conducta descansa en la confianza de que se cumplirá aquello que se conviene libre y voluntariamente. SANEAMIENTO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA – Límite temporal para la declaratoria oficiosa – Aplicación del artículo 1742 del Código Civil y Ley 791 de 2002 La Sala advierte que, atendiendo a la naturaleza del contrato y las obligaciones pactadas, podría ser procedente pronunciarse de oficio respecto de su nulidad absoluta. De conformidad con el artículo 1742 del Código Civil, la nulidad absoluta se sanea «en todo caso» por prescripción extraordinaria, por lo cual, cualquiera que sea la causa que da origen a la nulidad absoluta, transcurrido el término de la prescripción extraordinaria no podrá pedirse ni decretarse de oficio porque el legislador, en procura de la seguridad jurídica, ha fijado un límite temporal a la posibilidad de cuestionar los negocios jurídicos. En el presente caso, el contrato de prestación de servicios para el cobro coactivo No. 229 de 2007 se celebró el 3 de mayo de 2007, por lo cual el término de prescripción extraordinaria de 10 años dispuesto en el artículo 6 de la Ley 791 de 2002, corrió entre el 4 de mayo de 2007 y el 4 de mayo de 2017. En consecuencia, es evidente que al momento de formularse la demanda, esto es, el 30 de junio de 2017, demanda que por demás fue admitida el 31 de enero de 201874, ya había transcurrido el término de prescripción extraordinaria, lo que hace imposible pronunciarse de oficio sobre la eventual configuración de alguna causal de nulidad absoluta.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/providencias/25000233600020170120902-de-2026/