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Sentencia — Salida - sentencia segunda instancia2026-11-03JUZGADO ADMINISTRATIVODESPACHO 05 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILARad. 41001333300920210024301ACCION DE REPETICION
¿Se acreditó la culpa grave de los agentes estatales cuando la entidad demandante no demostró los supuestos del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 ni aportó las piezas procesales necesarias para precisar las obligaciones incumplidas y el período de causación de los intereses moratorios? No
El contratista no acredita la culpa grave de los agentes estatales cuando no demuestra los supuestos del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 ni presenta las piezas procesales necesarias para precisar las obligaciones incumplidas y el período de causación de los intereses moratorios, ya que la entidad demandante debe probar la existencia de dicha conducta para prosperar en sus pretensiones de repetición. Además, la recomendación del Comité de Conciliación no atribuye competencias de ordenación del gasto al jefe de la oficina jurídica, quien carecía de dichas facultades y no omitió una actuación que le correspondía desplegar. Asimismo, la falta de radicación de las cuentas de cobro ante la entidad impide establecer un nexo causal entre las funciones del ordenador del gasto y la generación de los intereses moratorios reclamados, por lo que no se puede atribuirle culpa grave. Esta sentencia reitera la necesidad de acreditar la existencia de la culpa grave y la precisión de los hechos que la sustentan para que prosperen las acciones de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La recomendación del Comité de Conciliación de realizar acercamientos con un acreedor permite atribuir culpa grave al jefe de la oficina jurídica por el no pago de la obligación…¿Puede atribuirse culpa grave al ordenador del gasto por el no pago oportuno de una obligación cuando las cuentas de cobro necesarias para activar el procedimiento interno de pago no fueron radicadas…
Sentencia — Sentencia2026-10-29SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección A)DESPACHO 02 SEC3-SUB A TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCARad. 11001334305920200014401ACCION DE REPETICION
¿En el presente asunto está acreditado que los exfuncionarios […] y […] actuaron de manera gravemente culposa al adjudicar el concurso de méritos IDRD STC-CM-010-2013 al Consorcio Interventoría 2014, adjudicación que posteriormente fue anulada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y si eso generó la condena a cargo del IDRD? Sí
El contratista debe responder por la condena asumida por la entidad estatal si se demuestra que actuó con culpa grave al adjudicar un contrato, lo que incluye violar manifiestamente las normas de derecho o cometer una omisión inexcusable en el ejercicio de sus funciones. En este caso, el subdirector técnico de construcción del IDRD, en ejercicio de las facultades de contratación delegadas, resolvió un empate en un concurso de méritos sin asesoramiento jurídico adecuado, desconociendo los criterios de desempate previstos en la normativa vigente, lo que llevó a la anulación del acto de adjudicación por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La Sala confirmó que esta conducta constituye una actuación gravemente culposa, mientras que no se probó la culpa grave del otro exfuncionario involucrado, quien no dio visto bueno formal al acto de adjudicación y no se demostró que hubiera incumplido sus funciones como asesor. Este precedente reitera la importancia de cumplir con los requisitos legales y reglamentarios en la adjudicación de contratos estatales para evitar responsabilidades futuras.síntesis automática
¿Operó la caducidad del medio de control de repetición promovido por la Nación – Ministerio de Educación Nacional para recuperar la suma pagada por concepto de sanción moratoria derivada del reconocimiento tardío de cesantías a un docente? Sí
… El medio de control de repetición previsto en el artículo 142 del CPACA, es procedente, pues se pretende la declaratoria de responsabilidad de la funcionaria que en ejercicio de sus funciones pagó tardíamente las cesantías parciales del docente… , lo que ocasionó el pago de una sanción moratoria.… el término de 5 años dispuesto en la norma citada, solo fue incluido a partir de la modificación realizada, por el artículo 43 de la Ley 2195 de 2022, y que para el caso concreto no puede ser aplicado de conformidad con el artículo 42 Ibidem, que prevé que el término se aplicará a condenas, conciliación o cualquier otra forma de solución de un conflicto que quede ejecutoriada con posterioridad a la entrada en vigor de la mencionada Ley.
¿En el presente caso se cumplen todos los presupuestos objetivos y subjetivos de procedencia del medio de control de repetición? No
El contratista no puede prosperar en un medio de control de repetición si no acredita adecuadamente la calidad de agente del Estado de los demandados y su conducta determinante en la generación del daño, ya que la Sala exige pruebas idóneas que demuestren la vinculación laboral o contractual de los demandados con la entidad estatal durante la ejecución del contrato en cuestión. En el caso analizado, la Sala rechazó la apelación del contratista debido a la falta de pruebas que demostraran la calidad de agentes del Estado de los demandados, como certificaciones laborales, actas de posesión o manuales de funciones, lo que implica que no se pudo establecer con certeza su condición de funcionarios públicos y, por ende, no se pudo examinar su conducta en el marco de la ejecución del contrato. Esta decisión reitera la importancia de acreditar adecuadamente los elementos subjetivos y objetivos del medio de control de repetición para que el contratista pueda obtener éxito en su reclamación.síntesis automática
¿Se generó una falta de jurisdicción entendida como la posibilidad de decir en un caso concreto cuál es el derecho – iurisdictio – ya que, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares aquí demandante del incumplimiento contractual, ya profirió un acto administrativo de incumplimiento en contra de la Union Temporal BASAN 2014? Sí
Se configura falta de jurisdicción cuando la entidad estatal ya agotó, en el procedimiento administrativo, la declaratoria de incumplimiento y de caducidad del contrato, y la pretensión de la controversia contractual reproduce ese mismo objeto. La regla se sostiene en tres razones: el medio de control de controversias contractuales de la Ley 1437 de 2011 es pluripretensional, pero la entidad estatal cuenta con facultades extraordinarias para declarar el incumplimiento, la caducidad y la ocurrencia del siniestro; el objeto de las pretensiones formuladas en la demanda ya fue agotado por la misma entidad mediante el procedimiento administrativo de incumplimiento; y en ese escenario no existe controversia pendiente que el juez deba decidir. La falta de jurisdicción, en este sentido, no se entiende como la especialidad para conocer un asunto, sino como la posibilidad de decir en un caso concreto cuál es el derecho, lo que no es posible cuando el acto de incumplimiento ya fue expedido. En consecuencia, la controversia frente al mismo incumplimiento no puede tramitarse de nuevo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.síntesis automática
Sentencia — Sentencia2026-09-24SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección A)DESPACHO 02 SEC3-SUB A TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCARad. 25000233600020150180700ACCION DE REPETICION
¿Concurren los presupuestos del medio de control de repetición contra […], en especial si su conducta, con ocasión de los hechos del 10 de junio de 1997 en que murió […] mientras prestaba el servicio militar obligatorio, fue dolosa o gravemente culposa? No
El contratista no puede prosperar en un medio de control de repetición si no demuestra que la conducta del agente estatal fue dolosa o gravemente culposa, ya que la carga de la prueba recae en la parte demandante y no se puede extrapolar la responsabilidad del Estado al examen de la responsabilidad del agente. En este caso, la entidad no acreditó el dolo ni la culpa grave del demandado, ni incorporó adecuadamente la prueba del proceso penal militar, y no se demostraron las violaciones manifiestas e inexcusables de las normas de seguridad. Por lo tanto, la Sala reitera que la repetición es un juicio autónomo e independiente, y que la falta de prueba del elemento subjetivo impide la prosperidad del medio de control, lo que implica que las pretensiones de la demanda deben ser negadas en la práctica.síntesis automática
¿La cláusula cuarta del contrato de interventoría 646 de 2013, contiene un plazo de ejecución alternativo? No
El contratista no puede establecer un plazo de ejecución alternativo en la cláusula cuarta del contrato de interventoría, ya que esta estipulación implica una renuncia indirecta a reclamar al ente territorial por la extensión en el tiempo de la ejecución de sus labores de vigilancia a los contratos de obra. En el caso específico, el ente territorial estableció un plazo de ejecución de 90 días para el contrato de interventoría, pero la cláusula cuarta del contrato implicaba que el plazo de ejecución de la interventoría debía ajustarse a los plazos de ejecución de los contratos de obra sobre los que la interventoría recaía. Esto significaba que el contratista debía continuar sus actividades hasta la liquidación de los contratos de obra, lo que generaba una mayor permanencia en la ejecución de las labores de interventoría sin posibilidad de reclamar una adición de recursos por el tiempo adicional. Esta interpretación no afecta el equilibrio contractual, ya que el contratista debió haberlo alegado en una etapa precontractual.síntesis automática
También resuelve:¿Hubo un rompimiento del equilibrio económico del negocio jurídico por una mayor permanencia en la ejecución de labores de la intervención a los contratos de obra?
¿Es procedente revocar la sentencia recurrida y declarar la legalidad de los actos administrativos acusados, porque el ente territorial tiene la obligación de dar por terminado el contrato de arrendamiento por la transgresión de la facultad otorgada al alcalde para la suscripción del negocio jurídico con un límite temporal de vigencia, conforme lo dispone el Acuerdo Municipal No 041 de 2011 (Estatuto Tributario Municipal) expedido por el Concejo Municipal de El Agrado -Huila? Sí
Cuando una norma territorial fija un límite temporal a la facultad del alcalde para suscribir un contrato de arrendamiento, la transgresión de ese límite constituye una prohibición expresa, y el ente territorial debe dar por terminado el contrato. La regla se sostiene en tres razones: los servidores públicos solo pueden hacer lo que la Constitución y la ley les permiten, de modo que el límite impuesto por el acuerdo municipal genera el deber de observancia y la prohibición de ir más allá; el régimen de responsabilidad penal, disciplinaria y administrativa exige descripción típica de la conducta, pero en el análisis de la celebración del contrato y de las facultades para suscribirlo no se requiere esa tipificación; y los actos administrativos demandados expresan el vicio contractual y producen el efecto que la ley determina, esto es, la terminación del negocio. Por ello, el control de legalidad que parte del artículo 17 de la Ley 80 de 1993 resulta inadecuado cuando la causal de terminación está expresamente identificada en los considerandos. La regla orienta la validez de los actos de terminación.síntesis automática
“¿La Nación-Ministerio de Transporte incumplió la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios No. 02.0019-03 de febrero de 2003, al no cancelar a favor del demandante la prima de éxito o, no se causó por no haberse cumplido la condición de disminución de las pretensiones de la demanda promovida contra Ferrovías, ni la condición de ingreso de dinero al patrimonio de la accionada?” Sí
El contratista puede exigir el pago de la comisión de éxito pactada en el contrato de prestación de servicios, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para su generación, independientemente de la existencia del certificado de disponibilidad presupuestal. En este caso, la Sala determinó que la entidad estatal incumplió al no cancelar la prima de éxito al contratista, a pesar de que se configuró la condición de éxito en uno de los procesos judiciales objeto del contrato. La falta de disponibilidad presupuestal no anula el contrato ni impide el pago de la comisión de éxito causada por el resultado obtenido en el proceso contractual, pues este requisito es de responsabilidad exclusiva de la entidad contratante y su omisión no afecta la existencia o validez del negocio jurídico, sino la regularidad de su ejecución. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia sobre la importancia de la disponibilidad presupuestal en la ejecución del contrato, pero no en su validez, permitiendo al contratista reclamar el pago de la comisión de éxito cuando se cumplan las condiciones pactadas.síntesis automática
¿Tenía Empresas Públicas de Neiva E.S.P. competencia para declarar el incumplimiento del contrato de obra No. 047 de 2015, la ocurrencia del siniestro y la afectación de la garantía de cumplimiento? Sí
El contratista no puede impugnar la decisión de la entidad estatal de declarar un siniestro y afectar la garantía de cumplimiento del contrato de obra pública, siempre y cuando la entidad actúe dentro del término legal permitido y respete el debido proceso, derecho de audiencia y defensa del contratista. La Sala establece que la entidad puede declarar unilateralmente el siniestro cuando se materializa un riesgo cubierto por la garantía, incluso después de terminado el plazo contractual, siempre y cuando el hecho que se considere siniestro haya ocurrido durante la vigencia del contrato y sea cubierto por una garantía vigente. Esta decisión reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado y confirma la competencia de las empresas de servicios públicos para declarar siniestros y afectar garantías de cumplimiento en contratos de obra pública, siempre que se cumplan con los requisitos legales y procesales.síntesis automática
Aclaración voto — Aclaracion de voto2026-08-03SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C)FERNANDO IREGUI CAMELORad. 11001334306020230003101ACCION DE REPETICION
¿El medio de control de repetición es procedente en el caso concreto? No
Con mi acostumbrado respeto por las decisiones de la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, suscribo esta aclaración de en el sentido que lo procedente era declarar que el asunto no es susceptible de control judicial, conforme lo dispuesto en artículo 169-3 del CPACA, toda vez que la suma de dinero que se pretende repetir no fue ordenada en una condena proveniente en una sentencia judicial ni reconocida en el desarrollo de algún mecanismo alternativo de solución de conflictos, pues, si así hubiera sido, sí hubiese sido procedente la acción de repetición…
Sentencia — Salida - sentencia segunda instancia2026-07-28JUZGADO ADMINISTRATIVODESPACHO 01 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILARad. 41001333300220180020401ACCION CONTRACTUAL
¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia, por haber incurrido en errores de valoración probatoria y de interpretación jurídica al concluir que el documento adicional publicado el 30 de octubre de 2017 en el SECOP tenía carácter meramente informativo y no constituía una modificación de los pliegos de condiciones que debía expedirse mediante adenda, validando con ello el rechazo de la oferta presentada por la Unión Temporal Rama 2018? No
El contratista no puede impugnar la decisión de la entidad estatal de rechazar su oferta en una licitación pública, ya que el documento adicional publicado en el SECOP el 30 de octubre de 2017 no constituye una modificación del pliego de condiciones que debía expedirse mediante adenda, sino una corrección del tiempo de ejecución del contrato ya establecido en el pliego. La entidad no incurrió en errores de valoración probatoria ni de interpretación jurídica, ya que el rechazo de la oferta se basó en la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, específicamente en el numeral 3.2, que exige el diligenciamiento completo del formato económico. La publicación del anexo no introdujo reglas nuevas ni rompió la igualdad entre los oferentes, por lo que la exclusión del contratista no tuvo por causa la publicación del anexo sino la violación de los principios de contratación estatal por parte del propio contratista. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la conservación de los actos jurídicos y la interpretación correcta de las modificaciones al pliego de condiciones.síntesis automática
Sentencia — Sentencia2026-07-23SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección A)DAYAN ALBERTO BLANCO LEGUIZAMORad. 11001334306420180026001ACCION DE REPETICION
¿La entonces Jueza Tercera Penal del Circuito de Barrancabermeja actuó con culpa grave al proferir la sentencia condenatoria sin verificar la identidad de la persona procesada? No
La entonces Jueza Tercera Penal del Circuito de Barrancabermeja no actúa con culpa grave al proferir una sentencia condenatoria sin verificar la identidad del procesado, siempre que la irregularidad en la identificación del imputado tenga su origen en la fase investigativa y no sea conocida por el juez hasta después de emitir la sentencia. En este caso, la Fiscalía General de la Nación tenía la obligación de verificar la correcta identificación del imputado durante la etapa investigativa, conforme a lo establecido en la Ley 906 de 2004. La suplantación de identidad solo fue advertida después de que la sentencia condenatoria fue emitida, lo que implica que la Juez no tuvo conocimiento ni la posibilidad de prever la irregularidad en el momento de dictar la sentencia. Por lo tanto, no se acredita la existencia de culpa grave por parte del juez, y la decisión es confirmada.síntesis automática
“¿El contexto de la expedición de la Resolución No. 5997 de 2016 y la decisión que resolvió el recurso de reposición interpuesto en su contra (Resolución No. 6050 de 2016), constituye una actuación viciada por falta de competencia y por infracción a la prohibición de subdelegación de funciones prevista en el artículo 11 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con la exigencia del literal b) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, según la cual la audiencia sancionatoria contractual debe ser convocada y dirigida por el jefe de la entidad o su delegado?” No
El contratista no puede alegar falta de competencia o subdelegación de funciones en la expedición de las resoluciones sancionatorias, ya que la delegación de funciones por parte del jefe de la entidad fue válida y de conocimiento público, y la carga probatoria de desvirtuar dicha delegación recae sobre el contratista, quien no la cumplió. Además, la mención de una norma derogada en el oficio de convocatoria a la audiencia sancionatoria no vicia el debido proceso, dado que el contenido normativo de dicha norma sigue vigente bajo otra disposición legal aplicable a los hechos investigados. Esta decisión reitera y confirma la presunción de legalidad de los actos administrativos y la necesidad de que el contratista acredite cualquier vicio en la delegación de funciones, así como la irrelevancia de citar normas derogadas si su contenido sigue vigente en otra disposición legal.síntesis automática
Auto interlocutorio con estado — Auto de llamamiento en garantia ponente2026-07-17SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C)FERNANDO IREGUI CAMELORad. 25000233600020250012600ACCION CONTRACTUAL
¿Es Procede el llamamiento en garantía formulado por una entidad pública demandada contra la interventoría y la aseguradora vinculadas a un contrato estatal, cuando el proceso principal de nulidad y restablecimiento del derecho tiene por objeto exclusivamente el control de legalidad de los actos administrativos que declararon la ocurrencia de un siniestro y ordenaron la afectación de una garantía, sin que la decisión judicial implique determinar responsabilidades contractuales ni trasladar a dichos terceros una eventual condena patrimonial? No
El contratista no puede formular un llamamiento en garantía contra la interventoría y la aseguradora vinculadas a un contrato estatal cuando el proceso principal de nulidad y restablecimiento del derecho se limita a examinar la legalidad de los actos administrativos que declararon la ocurrencia de un siniestro y ordenaron la afectación de una garantía, sin implicar la determinación de responsabilidades contractuales ni el traslado de una eventual condena patrimonial a dichos terceros. La Sala establece que para que proceda el llamamiento en garantía, debe existir una conexión material entre la relación jurídica entre el llamante y el tercero convocado y las consecuencias económicas derivadas de la sentencia, lo que no se da en este caso ya que la controversia se circunscribe a la legalidad de los actos administrativos y no a la responsabilidad contractual de los terceros. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la procedencia del llamamiento en garantía en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, limitando su aplicación a casos donde efectivamente se discute la responsabilidad contractual de los terceros llamados.síntesis automática
Auto interlocutorio con estado — Auto que ordena seguir adelante con la ejecución2026-07-17SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección A)JUAN CARLOS GARZON MARTINEZRad. 25000233600020190090300ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente ordenar seguir adelante la ejecución cuando el mandamiento de pago se fundamenta en providencias judiciales ejecutoriadas que condenaron al pago de agencias en derecho y la parte ejecutada no formuló excepciones ni acreditó el pago de la obligación? Sí
El contratista no puede impedir el avance del proceso ejecutivo cuando el mandamiento de pago se basa en providencias judiciales ejecutoriadas que condenan al pago de agencias en derecho, y no presenta excepciones ni demuestra el pago de la obligación, ya que la entidad judicial tiene competencia para ordenar seguir adelante con la ejecución, conforme al artículo 440 del Código General del Proceso. Esta decisión se fundamenta en la obligación clara, expresa y actualmente exigible que se deriva de las providencias judiciales, y en la falta de impugnación por parte del ejecutado. La Sala reitera la jurisprudencia existente sobre el cumplimiento de los requisitos del título ejecutivo, lo que implica que el proceso ejecutivo puede continuar sin necesidad de una sentencia en audiencia oral, siempre y cuando no se presenten excepciones que requieran pronunciamiento.síntesis automática
Auto interlocutorio con estado — Auto que resuelve2026-07-17SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C)FERNANDO IREGUI CAMELORad. 25000232600020090064201ACCION CONTRACTUAL
¿Se configuran las causales de nulidad previstas en los numerales 5 y 6 del artículo 133 del Código General del Proceso cuando, después de aportarse los documentos que habían quedado pendientes de recaudo, la parte demandante solicita la complementación de un dictamen pericial ya practicado y afirma que no podía cerrarse la etapa probatoria ni correrse traslado para alegar de conclusión hasta tanto se resolviera esa petición, pese a que dicha complementación no había sido ordenada judicialmente ni se encontraba pendiente dentro del período probatorio? No
El contratista no puede configurar las causales de nulidad previstas en los numerales 5 y 6 del artículo 133 del Código General del Proceso cuando, después de aportar los documentos pendientes de recaudo, solicita la complementación de un dictamen pericial ya practicado, argumentando que no se puede cerrar la etapa probatoria ni correr traslado para alegar de conclusión hasta que se resuelva esa petición, ya que dicha complementación no fue ordenada judicialmente ni estaba pendiente dentro del período probatorio. La entidad estatal cumplió con el recaudo de los documentos pendientes, y el juez permitió la intervención de las partes en la etapa de alegatos de conclusión, lo que demuestra que la fase procesal fue efectivamente surtida. La sentencia del tribunal tuvo en cuenta el dictamen pericial y lo contrastó con el resto del acervo probatorio, por lo que no se configura ninguna nulidad. Este precedente reitera que las partes no pueden revivir la oportunidad probatoria una vez cerrada la etapa probatoria y que deben presentar los recursos correspondientes para impugnar decisiones judiciales en tiempo y forma.síntesis automática
Auto interlocutorio con estado — Auto medidas cautelares2026-07-17SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C)FERNANDO IREGUI CAMELORad. 25000233600020240034600ACCION CONTRACTUAL
¿Se cumplen los requisitos previstos en los artículos 229 y 231 del CPACA para decretar medidas cautelares, especialmente la suspensión provisional de las Resoluciones 154 de 2024 y 167 de 2024, expedidas dentro de un procedimiento administrativo sancionatorio contractual adelantado por el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy? No
… se tiene que la parte demandante solicita que se declare que 1) el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy adelantó -de forma irregular y arbitrariael proceso administrativo sancionatorio contra la sociedad accionante dentro del Contrato de Obra Pública No. COP-314-2019; 2) la nulidad de la Resolución No. 154 del 31 de mayo del 2024, por la cual el Alcalde Local de Kennedy (E) declaró el incumplimiento del contrato, impuso e hizo efectiva la cláusula penal del Contrato por la suma de $3.665.361.186,oo y declaró ocurrido el siniestro de incumplimiento amparado por la póliza No. AA007702 expedida por Equidad Seguros; 3) Decretar la nulidad de la Resolución No. 167 del 12 de junio del 2024, que, en sede de reposición, confirmó la Resolución 154; 4) En caso de descuentos en el Proceso Administrativo Sancionatorio, se restituyan las sumas pagadas por las referidas resoluciones…
Aclaración voto — Aclaracion de voto2026-07-16SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C)ANDREW JULIAN MARTINEZ MARTINEZRad. 11001334306220230039501ACCION DE REPETICION
¿El medio de control de repetición consagrado en el artículo 142 del CPACA, desarrollado por la Ley 678 de 2001, es improcedente cuando se persigue el pago de sumas de dinero de una sanción legal por presunta mora atribuida a los servidores públicos demandados en el reconocimiento y pago de las cesantías de los docentes del FOMAG originados en una sentencia judicial? Sí
… si bien estoy de acuerdo con negar las pretensiones de la demanda, me aparto de las consideraciones expuestas por el Magistrado Ponente para soportar la procedencia del medio de control de repetición en estos asuntos. Esto toda vez que existe precedente consolidado y reiterado por esta Subsección en el que se ha sostenido que, el medio de control de repetición consagrado en el artículo 142 del CPACA, desarrollado por la Ley 678 de 2001, es improcedente cuando se persigue el pago de sumas de dinero de una sanción legal por presunta mora atribuida a los servidores públicos demandados en el reconocimiento y pago de las cesantías de los docentes del FOMAG originados en una sentencia judicial.
Aclaración voto — Aclaracion de voto2026-07-16SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C)ANDREW JULIAN MARTINEZ MARTINEZRad. 11001334306220230031101ACCION DE REPETICION
¿El medio de control de repetición es procedente cuando se persigue el pago de sumas de dinero de una sanción legal por presunta mora atribuida a los servidores públicos demandados en el reconocimiento y pago de las cesantías? No
Existe precedente consolidado y reiterado por esta Subsección en el que Se ha sostenido que, el medio de control de repetición consagrado en el artículo 142 del CPACA, desarrollado por la Ley 678 de 2001, es improcedente cuando se persigue el pago…
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