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52001233300020140019002 de 20262026-09-03Sección TerceraRad. 52001233300020140019002
El artículo 167 del Código General del Proceso establece que las partes deben probar los supuestos de hecho de las normas que consagran efectos jurídicos, incluyendo al contratista como un colaborador experto que debe prever los riesgos normales de su actividad, sin que su calidad implique una situación de debilidad que habilite la flexibilización de la carga probatoria. Sin embargo, se permiten solicitudes de pruebas en segunda instancia o tratamientos diferenciados en casos de fuerza mayor o caso fortuito. La jurisprudencia del Consejo de Estado establece que el incumplimiento contractual surge de una conducta antijurídica, mientras que el deber de restablecer el equilibrio económico del contrato se origina por hechos sobrevinientes y ajenos a la voluntad de las partes. El principio de planeación contractual impone a las entidades estatales el deber de elaborar estudios y documentos previos para asegurar la viabilidad económica y técnica de los proyectos, y al contratista le corresponde colaborar con la administración y abstenerse de participar en contratos con deficiencias de planificación. La Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia para señalar que la ausencia de salvedades o reclamaciones en contratos adicionales no implica una renuncia automática a eventuales reclamaciones por desequilibrio económico, siempre y cuando se acredite la existencia de una afectación extraordinaria de la equivalencia entre derechos y obligaciones asumida al momento de contratar.síntesis automática
También resuelve:Carga de la prueba en materia contractual: flexibilización de la carga probatoria, Artículo 167 del CGP, carga de la prueba del contratista, apreciación de las pruebasPrincipio de planeación contractual: principio de economía, estudios y documentos previos, deberes precontractuales de la entidad y del contratista, responsabilidad por incumplimientoDesequilibrio económico del contrato estatal: Articulo 27 de la ley 80 de 1993, modificaciones del contrato, reclamación del restablecimiento del equilibrio económico
76001233100020090103701 de 20252025-06-24Rad. 76001233100020090103701
Por su parte, en los contratos interadministrativos sí se presenta un ánimo remuneratorio que se evidencia en la estipulación de “obligaciones recíprocas que se miran como equivalentes” y que implican una preeminencia de la entidad estatal contratante. En ese sentido, el rompimiento del equilibrio económico del contrato no se produce simplemente porque el contratista deje de obtener utilidades o porque surjan mayores costos en la ejecución de sus obligaciones, si estos no superan el alea normal del contrato o corresponden a las eventualidades o contingencias asumidas por las partes tanto al celebrar el acuerdo de voluntades como al establecer los mecanismos que la ley autoriza para mantener la ecuación económica durante la vigencia del contrato. 4 Radicación número: 76001-23-31-000-2009-01037-01 (63.040) Actor: Administradora Pública Cooperativa de Municipios – Coopmunicipios. Referencia: Decreto 01 de 1984 – Acción contractual.
También resuelve:Régimen de los contratos de administradoras cooperativas: régimen contractual, Decreto Ley 1484 de 1989, Ley 1150 de 2007, régimen de contrataciónConsejo de estadoSala de lo contencioso administrativo
Concesión Santa Marta Paraguachón S.A. VS Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- de 20252025-12-16
El Tribunal accedió mayoritariamente a las pretensiones de la demanda presentada por parte del convocante. Así mismo, el Tribunal accedió a algunas pretensiones de la demanda de reconvención formulada por la convocada. Procedió con la compensación al momento de hacer los pagos de las condenas. Por último, se abstuvo de condenar en costas a las partes tendiendo en cuenta que ambas demandas prosperaron de manera parcial.
El contratista no puede restablecer el equilibrio económico del contrato simplemente por la ocurrencia de sobrecostos o la imposición de contribuciones tributarias, ya que estos deben superar el riesgo normal del contrato y no haber sido asumidos por las partes al celebrarlo. Para que se reconozca la ruptura del equilibrio económico, es necesario que el hecho que lo origina sea imprevisible y anormal, no siendo suficiente que la entidad estatal retenga fondos por concepto de contribuciones, ya que estos deben estar previstos en las cláusulas del contrato. En este caso, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado rechazó la pretensión del contratista de restablecer el equilibrio económico debido a la falta de evidencia de que las retenciones por contribuciones hayan alterado gravemente la ecuación contractual, lo que implica que las partes deben cumplir con los riesgos pactados y no pueden reclamar por eventos previstos en el contrato.síntesis automática
También resuelve:Equilibrio económico del contrato: nociónEquilibrio económico: desequilibrio económico, causales, imprevisibilidad y anormalidadContratos de obra pública: celebración de contratos con personas naturales y jurídicas, contratos de adición
25000233600020220002901 de 20242024-12-24Rad. 25000233600020220002901
El contratista no puede excusarse del incumplimiento del contrato alegando desequilibrio económico, ya que esta institución busca garantizar la continuidad del contrato y no exime de responsabilidad, a diferencia de las causas extrañas como la fuerza mayor, que sí eximen del cumplimiento contractual si se configuran los elementos de imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad. La Sala confirmó que el contratista no demostró adecuadamente la existencia de una fuerza mayor que impidiera el cumplimiento del contrato, por lo que no se excusó del incumplimiento, reiterando que la ausencia de pruebas sobre la fuerza mayor confirma la legalidad de los actos administrativos que declararon el incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:Desequilibrio economico del contrato: alcanceCausas extrañas: eximente de responsabilidad
El contratista no puede reclamar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato cuando la entidad estatal aplica una norma legal o reglamentaria que modifica las condiciones económicas del contrato, siempre y cuando dicha norma no sea retroactiva y no afecte la ecuación financiera inicialmente acordada entre las partes. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado sostiene que el cobro de un impuesto adicional por estampilla, en este caso el 1% del valor de los contratos y órdenes de trabajo, no constituye un hecho imprevisto ni un evento que rompa el equilibrio económico del contrato, siempre que la norma que lo establece no sea aplicada retroactivamente y se ajuste a la ley. Esta decisión reitera y refuerza la jurisprudencia existente sobre la necesidad de que los eventos que afecten el equilibrio económico del contrato sean imprevistos, imprevisibles e irresistibles, y no sean el resultado de la aplicación de normas legales o reglamentarias vigentes. Esto implica que las partes deben anticipar el impacto de las normas legales en la ejecución del contrato y no pueden reclamar por cambios legales que no rompen la ecuación financiera inicialmente acordada.síntesis automática
También resuelve:Desequilibrio económico del contrato: eventosRepública de colombiaConsejo de estado
17001233300020190037102 de 20252025-03-11Rad. 17001233300020190037102
La jurisprudencia del Consejo de Estado establecido que las entidades deben restablecer el equilibrio económico de los contratos regidos por la Ley 80 de 1993, por lo que, en contratos de derecho privado, debe aplicarse la teoría de la imprevisión. No obstante, también ha indicado que esto no impide que el juez pueda declarar el incumplimiento del contrato si este se encuentra probado. Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión. El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique; en caso contrario, el juez decretará la terminación del contrato.
También resuelve:Equilibrio ecónomico del contrato: régimen, aplicaciónRevisión del contrato por circunstancias extraordinarias: ejecución, cumplimiento, circunstancias, procedencia
El contratista y la entidad estatal están obligados a respetar estrictamente el principio de la buena fe en todas sus actuaciones contractuales, lo que implica observar una conducta acorde con las manifestaciones y acuerdos previamente efectuados entre ellas, reconociéndose la fuerza vinculante de tales acuerdos contractuales y de las actas de liquidación bilateral con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil y en la imposibilidad jurídica de obrar contra los actos propios, debiendo estudiarse de fondo y de manera detallada en cada caso concreto las reclamaciones planteadas en la demanda para analizar su relación directa con los acuerdos modificatorios suscritos y establecer con total precisión las consecuencias indemnizatorias derivadas del incumplimiento del contrato de obra.síntesis automática
También resuelve:Incumplimiento del contrato: salvedades del acta de liquidaciónDesequilibrio del contrato: salvedades en el acta de prórroga, alcanceConsejo de estado
66001233300020160067204 de 20262026-11-13Rad. 66001233300020160067204
El desequilibrio económico del contrato… no es un eximente de responsabilidad y, en consecuencia, no excusa a las partes del incumplimiento del contrato” Las entidades estatales contratantes deben tener en cuenta que, si sus contratistas las demandan con base en unos hechos y fundamentos de derecho a partir de los cuales pretenden declarar unilateralmente un incumplimiento del contrato, las demandas son admitidas y esta actuación procesal les es notificada, no pueden posteriormente ejercer la facultad unilateral en cuestión, y, en esa medida, si pretenden obtener la declaratoria de incumplimiento de sus contratistas, así como la efectividad de la cláusula penal o la condena al pago de perjuicios, tienen que demandarlos en reconvención en el mismo proceso o presentar por separado una demanda en contra de ellos.
También resuelve:Desequilibrio económico del contrato: nociónIncumplimiento del contrato: declaratoria unilateral, competencia, administración, notificaciónIncompetencia de la entidad contratante para declarar unilateralmente el incumplimiento: sustraen dicha competencia demandas notificadas antes de la firmeza de declaratoria de incumplimiento, literal C Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011
88001233300020180001100 de 20242024-12-24Rad. 88001233300020180001100
La ruptura del equilibrio económico del contrato debe probarse por la parte que la alega, demostrando: i) las causas y ii) el efecto económico correspondiente. Se agrega que para salir avante con las pretensiones por concepto de desequilibrio económico del contrato es preciso probar: iii) la imputación del desbalance financiero a las conductas o cargas de la parte contra la que se pretende la condena correspondiente. Es esencial entonces proporcionar una evidencia sólida para tales efectos. Bajo esta cuerda, la complejidad de la prueba en el análisis de la ejecución financiera del contrato de concesión portuaria, a efecto de acreditar el desequilibrio económico pretendido, necesariamente requiere de conocimientos profesionales, técnicos y especializados que están más allá del alcance normal del conocimiento general que sobre la materia pueda tener un juez, o los sujetos procesales involucrados.
También resuelve:Equilibrio economico del contrato: ruptura, prueba
¿Cuál es el marco jurídico de los sobrecostos en la contratación estatal?
El concepto explica que no existe una definición legal de sobrecosto en la contratación estatal. Desde el punto de vista jurisprudencial, el sobrecosto es el pago excesivo al contratista, sin una justificación válida frente a los precios reales del mercado, considerando las variables que influyen en el valor de los bienes, obras o servicios. Puede originarse, entre otras causas, en la pretermisión de los estudios de mercado o en una estimación de precios errónea que se aleje de la realidad. Frente a esa causa, la entidad debe realizar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso, sin que sea relevante la modalidad de selección, revisando desde las perspectivas legal, comercial y financiera las condiciones del mercado en que se ubica el bien o servicio. El concepto también aborda la imprevisión, que se aplica por circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles, y corresponde a la entidad valorar si el contratista se vio afectado gravemente en su economía. Como pronunciamiento consultivo, el concepto enuncia que la prevención del sobrecosto depende de los estudios del sector.síntesis automática
También resuelve:Sobrecostos: contratación estatal, definición, causasEstudios del sector: manifestación, p rincipio de planeaciónDesequilibrio económico del contrato: sobrecostos, relación
OBLIGACIONES CONTRACTUALES,DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO,EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO,RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO,EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL,CONTRATO DE CONCESIÓN,EJECUCIÓN DE LA OBRA –…
La entidad estatal y el contratista deben suscribir un acta de liquidación para efectuar el balance económico, técnico y jurídico del cumplimiento de las obligaciones contractuales al finalizar la ejecución del contrato, conforme al artículo 60 de la Ley 80 de 1993. Dicho documento contiene los acuerdos y transacciones necesarios para declarar a las partes a paz y salvo. Ante la falta de acuerdo bilateral o la inasistencia injustificada del contratista previa convocatoria, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 faculta a la administración para liquidar unilateralmente el contrato dentro del plazo legal previsto. Asimismo, las controversias o salvedades sobre la ejecución deben consignarse expresamente en el acta de liquidación para habilitar su posterior reclamación judicial.síntesis automática
También resuelve:Liquidación del contrato: noción, procedimiento, procedenciaControversias contractuales: oportunidad para demandar, términoDesequilibrio económico del contrato e incumplimiento contractual: diferencias
Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la Unión Temporal Rehabilitación Circunvalar 2012 contra el auto del 8 de noviembre de 2018, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual se vinculó “como litisconsorte cuasinecesario en el presente proceso al CONSORCIO INFRAESTRUCTURA DE MITIGACIONES”, comoquiera que dicha providencia es apelable en los términos del artículo 226 del C.P.A.C.A. y el proceso dentro del cual fue emitida ostenta vocación de doble instancia, de conformidad con el artículo 152 ibídem.
También resuelve:Litisconsorcio: noción, procedencia, necesario, facultativoLlamamiento en garantía: figura procesal, litisconsorcio, diferenciaDesequilibrio económico del contrato: declaración
IMPREVISTOS,HECHO DEL PRÍNCIPE,DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO,MATRIZ DE RIESGOS,INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL – Procedencia,Incumplimiento del contrato,Sobrecostos,Equilibrio económico del contrato,Rompimiento del equilibrio económico del contrato,Matriz de riesgos,Tipificación,Improcedencia – Mes: mayo – Año: 2019…
También resuelve:Incumplimiento del contrato: procedenciaImprevistos: incumplimiento del contrato, sobrecostosHecho del príncipe: equilibro económico del contrato, ruptura
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES,PRUEBAS,Providencia,DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – Oportunidad,Decreto,Decisión judicial,Principio de intangibilidad,Sentencia,Modificabilidad,Irrevocabilidad,Aclaración,Falta de pruebas – Mes: enero – Año: 2019…
También resuelve:Controversias contractuales: sentencia, aclaración, oportunidadPruebas: Decreto, sentencia, aclaraciónProvidencia: decisión judicial, principio de intangibilidad, sentencia, modificabilidad
25000233600020200029801 de 20262026-06-13Rad. 25000233600020200029801
Sobre ese punto de la controversia pone de presente la Sala que como la entidad contratante es una empresa industrial y comercial del Distrito Capital, de carácter oficial, prestadora de servicios públicos domiciliarios, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, cuyas actuaciones se rigen por el derecho privado de acuerdo con lo estipulado en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, pues, “ l os contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta Ley, y que tengan por objeto la prestación de esos servicios, se regirán por el parágrafo 1 del artículo 32 de la ley 80 de 1993 y por la presente Ley, salvo en lo que la presente Ley disponga otra cosa”. En esa perspectiva, la norma aplicable para el caso de un eventual desequilibrio económico del contrato es la prevista en el Código de Comercio.
También resuelve:Régimen jurídico del contrato: Ley 142 de 1994 artículo 31 y 32, derecho privadoActos precontractuales de las empresas de servicios públicos domiciliarios: son de naturaleza privada, no son actos administrativos, análisis del incumplimiento de obligacionesAplicación de los principios de función administrativa: Constitución política artículo 209 y 267, entidades con régimen exceptuado, Ley 1150 de 2007 artículo 13
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